Las renovables acusan a Industria de «arbitrariedad» en los recortes y confían en que los datos de los informes les ayuden en los tribunales

Según indicaron fuentes de las asociaciones, la aportación de información sobre estos informes al Tribunal Supremo, que había sido requerida en varias ocasiones, demuestra que el recorte retributivo al sector no estuvo justificado.

José Donoso, director general de la patronal fotovoltaica Unión Española Fotovoltaica (UNEF), señaló que «los jueces tendrá que ver la arbitrariedad del Gobierno y el mal uso de la discrecionalidad» en las normas en esta cuestión.

En su opinión, la falta de informes «pone en evidencia al Gobierno» porque «en su día el ministro (de Industria, José Manuel Soria) dijo para justificar la contratación de los informes el dar transparencia al proceso».

Ahora, en cambio «se ha visto (…) que ni transparencia ni objetividad», ya que el cálculo de la retribución «se ha hecho a la inversa», es decir, que primero se estimó el recorte y después se elaboraron los parámetros.

Por su parte, el presidente de la asociación, Jorge Barredo aseguró que el Gobierno «ha intentado justificar el ilegítimo recorte a la fotovoltaica con datos inventados», mediante «una falta de rigor profesional» dentro de su «campaña contra las energías renovables».

«Pone además de manifiesto la falta de legitimidad y legalidad de la medida y el intento de engaño a la opinión pública en base a unos informes inexistentes en el momento de poner en marcha la actual legislación. Una normativa que supone un recorte retroactivo e injustificado a los inversores en energías renovables en España», señaló.

«La forma de actuar del Gobierno, basada en preconceptos y con un cálculo finalista del recorte, está alejada de cualquier rigor técnico y ha puesto en grave riesgo a uno de los sectores más punteros de la industria española, destruyendo la imagen de seguridad jurídica de nuestro país», añadió Barredo.

Para UNEF, la reforma energética está «sesgada» y «no acomete los principales problemas del sistema». «En contra del esfuerzo conjunto de todo el sistema que anunció el Gobierno, lo cierto es que el régimen especial ha soportado el mayor peso del ajuste», lamentó.

Por otro lado, la asociación aseguró que el recorte real aplicado al sector es» notablemente superior» a los 1.700 millones de euros anunciados en el momento de publicar la normativa. Según UNEF y conforme a la última liquidación de la CNMC, el recorte asciende a 2.381 millones de euros, «que en realidad son más de 3.000 millones de euros por los recortes extra emprendidos contra la fotovoltaica», afirmó.

Para la Asociación Nacional de Productores Fotovoltaicos (Anpier), la aportación de esta información implicará «que el Tribunal Supremo acabe reconociendo el oscurantismo del ministerio en este caso», porque «demuestra que la justificación que daba era mentira».

En su opinión, Industria no tuvo en cuenta los datos aportados por las consultoras porque «eran mucho menos perjudiciales» para el sector, es decir, que implicaban un recorte menor.

De hecho, subrayó que cuando se aprobó la reforma eléctrica, en julio de 2013, ya existía una previsión de recorte de retribución renovable, mucho antes de que se elaboraran los informes, lo que demuestra que «esto no es más que un trampantojo».

Por su parte, la Fundación Renovables recibido con «desconcierto» la noticia de que el recorte a las renovables se realizó sin los informes de las consultoras y consideró que el recorte aplicado por Industria supone una «arbitrariedad mayúscula a favor del oligopolio eléctrico», a la vista de que se acometió sin tener en cuenta los informes de las consultoras independientes, por lo que pidió que se esclarezca de dónde han salido los datos de la orden ministerial que disponía el recorte a las renovables.

«Todo muestra una gran manipulación que puede rayar en la prevaricación, ya que se toma una decisión sabiendo que no se soporta, que no está legitimada y se fuerzan apoyos con informes de firmas reconocidas que ahora estarían en total entredicho. Es un tema extremadamente grave», aseguró el presidente de la fundación, Domingo Jiménez Beltrán.

«Los recortes no han sido fruto de informes imparciales, sino de una voluntad política», y no ve «de extrañar» la negativa de Boston Consulting Group (BCG) a cumplir con el contrato que la ligaba a Industria.

«Este hecho se suma a los muchos ya acumulados en los tribunales en contra de las decisiones gubernamentales en España en detrimento de las renovables. Decisiones que han hecho imposible la gobernabilidad de un sector en pleno crecimiento», lamentó.

Finalmente, la Asociación Empresarial Eólica (AEE) apuntó que «lo importante ahora es cómo juzgarán los tribunales estos hechos». Asimismo, recordó que el Gobierno rechazó la información aportada por la asociación sobre los parámetros de inversión realizada «porque contaba con los de las consultoras independientes» cuando «ahora se ve que los informes le fueron entregados después».