Las renovables solicitan a Industria mecanismos financieros para afrontar el retraso de los pagos en el sector

La Ley del Sector Eléctrico, aprobada en 2013, establece que la retribución de las actividades reguladas, incluidas las instalaciones renovables, será proporcional a los ingresos disponibles del sistema eléctrico. Esto significa que el sector sólo recibirá el porcentaje de los ingresos que tiene reconocidos hasta que el sistema eléctrico cuente con nuevos fondos.

En relación a esto, la duodécima liquidación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sitúa el coeficiente de cobertura, lo que las empresas han cobrado hasta el momento, en el 84,08% de lo devengado. Con ello, queda pendiente de cobro un 15,92% de la retribución prevista para las instalaciones renovables.

De acuerdo con la asociación, los retrasos en los pagos de la retribución regulada «asfixian» a los propietarios de instalaciones renovables, en su mayoría pequeñas y medianas empresas, y añadió que «los resultados deficitarios de las liquidaciones acumuladas representan un tremendo impacto económico».

Esto se suma a la «tremenda carga impositiva de todo tipo que han de soportar las empresas de renovables y a la situación financiera que deben afrontar», como consecuencia de los ajustes y medidas llevadas a cabo por el Gobierno mediante la reforma eléctrica.

Ante esta situación, APPA denunció la falta de respuesta de la Secretaría de Estado de Energía a la que pidió que se habilite un mecanismo financiero o un reconocimiento oficial de la deuda, con la que «los afectados conseguirían paliar la injusta situación que viven» al poder documentar la deuda y descontar la misma en los mercados, similar a los avales del Estado con la deuda del déficit de tarifa habilitados para las grandes eléctricas.