El Defensor del Pueblo denuncia la opacidad informativa del Gobierno sobre los riesgos del fracking

La institución dirigida por la defensora del Pueblo, Soledad Becerril, recibió el año pasado un total de 561 quejas relativas al medio ambiente sobre diversos temas en los que en muchas ocasiones están implicados los tres niveles administrativos, el estatal, autonómico y local, e inició también 20 investigaciones de oficio. Al respecto, el Defensor del Pueblo señaló que la colaboración que recibió el año pasado por las administraciones fue «desigual, desde completa, argumentada, convincente y concluyente hasta exactamente lo opuesto: informes formularios defectuosos o infundados».

El informe del Defensor del Pueblo recalca que «el problema principal» que encuentra la institución son «las actuaciones insuficiente para la restauración de los espacios dañados: ríos, suelos y paisajes», especialmente en los casos de minas que dejan de ser explotadas o que siguen siéndolo en condicione irregulares por infracciones con daños al medio natural. Además, también apunta que sigue siendo «insuficiente la evaluación ambiental de las actividades potencialmente agresoras de los espacios naturales», como, por ejemplo, la explotación y conducción de gas. «La Administración debe proporcionar la información ambiental que se le pida y obre en su poder», sentencia.

En consecuencia, la institución indicó que no vio suficientemente atendidas sus peticiones al Gobierno en relación al fracking, del que reconoce que esta técnica para la exploración y explotación de hidrocarburos generó debate tanto en España como en los demás países de la Unión Europea «sobre todo por sus efectos ambientales«, como el volumen de recursos hídricos necesarios para la fractura, la presencia de sustancias tóxicas en los fluidos de inyección; la no recuperación de los fluidos de inyección, que permanecen y contaminan las aguas subterráneas y el suelo; la sismicidad inducida por la fracturación horizontal y la contaminación atmosférica.

El Defensor del Pueblo recalca que algunos de estos efectos, asociados a la perforación horizontal y a los porcentajes de recuperación del fluido de inyección, son característicos de esta técnica y «pueden justificar un tratamiento normativo distinto del que se aplica a las técnicas convencionales de exploración y explotación de hidrocarburos«. De hecho, menciona que en algunos países se han aprobado moratorias como en los Estados de Pensilvania y Nueva York en Estados Unidos, Quebec en Canadá y Sudáfrica, mientras que en otros está prohibido como en Francia y Rumanía.

En este sentido, el Defensor del Pueblo asegura que el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente rechazó su sugerencia de que divulgara el informe del Instituto Geológico y Minero de España sobre sus recomendaciones en relación con las medidas preventivas y correctoras a considerar en proyectos relacionados con la exploración y explotación de hidrocarburos mediante técnicas de fractura hidráulica. «Teniendo en cuenta el volumen de recursos hídricos que emplea esta técnica y los riesgos para la contaminación de los acuíferos, es manifiesto que el informe resulta de interés, al menos para las Confederaciones Hidrográficas», apunta.

Además de esta sugerencia, el Defensor del Pueblo inició una actuación con el Ministerio de Industria sobre el permiso de investigación Luena (Cantabria y Burgos) para conocer las medidas que eviten los riesgos asociados al fracking. «La información aportada hasta ahora no ha sido suficiente, en particular sobre las sustancias que forman parte de los fluidos de inyección, el volumen de recursos hídricos necesarios, el porcentaje de líquido de inyección que se recupera y las sustancias radiactivas. Tampoco es concluyente la información sobre la aportación al sector energético que supone en España la explotación de shale gas mediante fracking«, añade.

Consecuentemente, solicitó al Ministerio que envíe al Defensor del Pueblo información sobre si hay soluciones técnicas para evitar impactos «específicos y no deseados» derivados del fracking para que el riesgo de contaminación sea equiparable al de técnicas convencionales de explotación de hidrocarburos y si hay «estudios concluyentes» sobre la incidencia positiva y significativa sobre el modelo energético nacional. «Parece insoslayable que se motive la autorización del fracking, ponderando seriamente los riesgos ambientales y los efectos en la salud y seguridad de las personas. También se solicitó información sobre el número de permisos de fracking ya concedidos o en trámite«, añadió.

Evaluación ambiental deficiente en Castor

El Defensor desestimó también la solicitud de una asociación ecologista de interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto de medidas urgentes en relación con el sistema gasista a partir del cierre del almacén Castor, aunque reconoce que la evaluación de impacto ambiental del proyecto «habría sido insuficiente«. En este sentido, la institución consideró que como el recurso había sido ya presentado por otros sujetos legitimados para ello, «parecía aconsejable su inhibición, por no resultar imprescindible para cumplir adecuadamente la misión de la institución de garantizar los derechos fundamentales y las libertades públicas».

Respecto a este caso, apunta que en enero de 2015 el Ministerio Fiscal indicó al Defensor del Pueblo que la Fiscalía Provincial de Castellón abrió el 4 de octubre de 2013 las diligencias de investigación penal, al considerar que los múltiples movimientos sísmicos registrados en el sur de la provincia de Tarragona y en el norte de la provincia de Castellón «por si podían estar relacionados con las actividades en la plataforma marítima y en el almacén submarino de gas». Por ello, la Fiscalía Provincial de Castellón formuló denuncia por estos hechos ante el Juzgado de Instrucción Decano de Vinaroz.

Almacén de gas de Doñana

Por otro lado, el Defensor del Pueblo reanudó en 2014 las actuaciones relativas al cumplimiento de la norma ambiental en tres proyectos gasísticos tras la decisión de la Comisión Europea de cerrar el expediente que había incoado, ya que no habían sido autorizados aún esos proyectos. El Defensor revela que en cuanto a la explotación de gas natural frente a la costa de Doñana, el Ayuntamiento de Huelva «no ha remitido aún la información solicitada«.

Finalmente, respecto al permiso de investigación de hidrocarburos Cronos, en las provincias de Guadalajara y Soria, se solicitó a Industria que informe de cómo están aplicando las recomendaciones formuladas por la Comisión Europea. En concreto, además de la necesidad de evaluar los impactos, debe comprobarse la calidad del suelo, aire y agua antes de que empiecen las operaciones e informarse al público sobre las sustancias químicas que utilice la exploración.