La Defensora del Pueblo solicita que no se pongan cargos al autoconsumo eléctrico y pide la bajada del IVA a productos energéticos y bono social

La Defensora del Pueblo defendió que «no parece estar justificada» la propuesta del Ministerio de Industria, todavía sin aprobar, de imponer un «peaje de respaldo» a los consumidores acogidos al autoconsumo de energía eléctrica, cuya modalidad más frecuente es la instalación de placas fotovoltaicas, cuando se esté conectado a la red, con el objetivo de sufragar las infraestructuras energéticas.

En su opinión, este canon no debería aplicarse cuando el consumidor no vierta su excedente de energía no consumida a la red, porque en ese caso la instalación «debe ser tratada como cualquier otra medida de ahorro energético».

Argumentó que «la libre utilización de esta fuente de energía natural (en referencia a la solar) como medida de ahorro no debe ser sometida a requisitos administrativos ni cánones de ningún tipo, máxime cuando estos desincentivan su utilización al hacerla económicamente inviable».

Bajada del IVA y bono social

En su informe anual, la institución explicó que su posición respecto a la bajada del IVA de los productos energéticos fue planteada al Ministerio de Hacienda durante el diseño de la reforma fiscal, pero no prosperó.

La medida, amparada por la legislación comunitaria, se trasladó a la Secretaría de Estado de Hacienda para su aplicación en la electricidad y el gas. Tras el rechazo a la propuesta, el Defensor del Pueblo «ha procedido al cierre en disconformidad de las actuaciones iniciadas».

La institución reclamó además a los poderes públicos «la necesidad de reflexión sobre las condiciones en que se presta el suministro eléctrico», debido no sólo a la crisis económica, sino también al «constante incremento del precio de la electricidad, que es un bien esencial para una vida digna, acaecido en los últimos años».

Por otra parte, la Defensora del Pueblo recomendó que para que el bono social eléctrico sea más eficaz se defina «el concepto de consumidor vulnerable de acuerdo con criterios de renta de las familias», que pueden a su vez modificarse en función de las condiciones personales, y consideró que la actual desvinculación entre el derecho al bono, asociado a la pertenencia a determinados grupos, como mayores de 65 años o familias monoparentales, y el nivel de renta genera «una situación de discriminación».

«Por una parte, determinados consumidores con bajo nivel de renta no tienen derecho al bono social por no estar incluidos en los colectivos identificados, mientras que otros sí pueden beneficiarse del bono social, al margen de su nivel de renta y sólo por su mera pertenencia a alguno de los grupos» beneficiarios, señaló.

También en materia eléctrica, el informe recomendó «revisar» la distribución de los términos fijos de potencia y energía en la factura eléctrica de manera que se «incentive el ahorro energético», así como explicar de forma «más transparente y objetiva» las subidas.

Tras el cambio realizado para dar mayor peso al término de potencia, que supone abaratar el recibo de los grandes consumidores y encarecer el de los pequeños, la Defensora advirtió de que en la actual coyuntura económica «muchas familias han visto reducidos sus ingresos, por lo que adoptan medidas de ahorro, entre ellas, la de reducir su consumo eléctrico, lo que no pueden hacer si cambia el sistema de facturación».

También en relación con la factura, el documento valoró que ahora sea más «transparente y clara», aunque pidió que se detalle los conceptos que incluye la partida «otros costes regulados (incluida la anualidad del déficit)».

La Defensora del Pueblo también pidió que las eléctricas informen a los consumidores de las diferentes opciones de que disponen a la hora de sustituir contadores tradicionales por otros inteligentes, fundamentalmente entre alquiler y compra.

Quejas por el recorte de primas fotovoltaicas

Con respecto al recorte de la retribución para la energía fotovoltaica, señaló que los pequeños ahorradores plantearon las consecuencias negativas de la modificación del régimen retributivo de la energía fotovoltaica, ya que realizaron sus inversiones al amparo de un sistema que sufrió varias modificaciones, generando una pérdida de sus expectativas económicas.

A este respecto, recordó que la situación es distinta para los inversores españoles y para algunos inversores internacionales, con la opción del recurso al arbitraje internacional como «una solución viable únicamente al alcance de los inversores de los países signatarios» del Tratado sobre la Carta de la Energía. No se dan condiciones «en igualdad», afirmó.

Así, el Defensor del Pueblo señaló que recomendó a la Secretaría de Estado de Energía la adopción de las medidas necesarias para que los inversores españoles en energía fotovoltaica no reciban peor trato que estos inversores, así como el establecimiento de los mecanismos convenientes «para compensar el sacrificio singular» que el cambio retributivo implica para los inversores españoles. Esta recomendación no fue aceptada, apostilló.

En materia gasista, el informe alertó de que la falta de desarrollo normativo adaptado a las consecuencias de la liberalización del suministro de gas «provoca controversias», incluidos retrasos en las altas, una cuestión en la que tomó medidas la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

También constató, como ya hiciera el regulador, las quejas planteadas ante la existencia de «supuestas empresas» que hacen revisiones de gas «innecesarias» mediante «actitudes amenazantes hacia las personas, generalmente de edad avanzada y cobrando cantidades abusivas», una infracción regulada mediante la normativa de consumo.

Por último, el informe alertó de las «graves consecuencias» derivadas del hecho de que la detección de fraude en la conexión eléctrica y el eventual corte de suministro lo realicen las empresas, «sin intervención previa de ninguna administración», por lo que pidió que este proceso se desarrolle «con las debidas garantías para el consumido» y respeto «a su derecho de presunción de inocencia».