El Congreso rechaza que el Gobierno traslade a los Presupuestos Generales del Estado la parte no eléctrica del recibo de la luz, como pedía el PSOE

La iniciativa socialista fue rechazada por 175 votos en contra, 121 a favor y 25 abstenciones, y en ella se hacía hincapié en los derivados de apoyos a la insularidad o a la generación con combustibles fósiles como el carbón, al igual que los derivados de «decisiones políticas pasadas».

También pedía que se impulse un Pacto de Estado de la Energía para dotar a la política energética de una estabilidad mayor y cumplir con los objetivos de la Unión Europea en materia de reducción de las emisiones de CO2.

Asimismo, solicitaba la elaboración, en el plazo de un año, de una prospectiva energética con visión a largo plazo para fijar compromisos con el objetivo de tener un sistema energético bajo en carbono y reducir «drásticamente» la alta dependencia energética de España en el horizonte del 2050.

De igual forma, pedía establecer un modelo energético «más sostenible» desde el punto de vista económico, medioambiental y social y la aprobación de un nuevo marco normativo para el sector que restituya «cuanto antes» la seguridad jurídica en las renovables.

Otras de las peticiones del grupo socialista eran la aprobación de un plan de apoyo integrar la generación eléctrica con energías renovables y energía primaria autóctona, y dotar al mercado eléctrico español de una «mayor robustez» ante «intentos de afectar su funcionamiento», haciéndolo «más eficiente» en la fijación de precios y facilitando la entrada de nuevos actores para garantizar la competencia.

Solicitaba además revisar «en profundidad» las tarifas de los pequeños consumidores que sean establecidas por los precios del nuevo mercado, que revelará el coste del ‘mix’ energético y no el coste marginal del sistema, «siempre muy superior».

La propuesta de resolución también demandaba la realización en los próximos seis meses de una auditoría de costes del sistema eléctrico para determinar «fehacientemente» los distintos costes del sistema eléctrico. Al mismo tiempo, requería la aprobación en el plazo de tres meses de una estrategia para la erradicación de la pobreza energética y el establecimiento de un servicio mínimo de suministro de energía (electricidad y gas) que garantice que ningún hogar pueda ser privado de un mínimo de cobertura de subsistencia.

A su vez, exigía la suspensión de los permisos de investigación o autorizaciones de exploración de hidrocarburos, concedidos o en tramitación, en el mar Mediterráneo y en las aguas jurisdiccionales colindantes al Archipiélago Canario.

En esta línea, solicita la paralización de la actividad de los proyectos que requieran la utilización de técnicas de fracturación hidráulica (fracking). En concreto, sugiere la suspensión de las autorizaciones concedidas y la prohibición de nuevas actividades en tanto no se disponga de informes «concluyentes» que descarten la existencia de daños ambientales irreparables ligados a las mismas.

Igualmente, pedía paralizar «inmediatamente» el proyecto del ATC en Villar de Cañas (Cuenca) puesto que «su seguridad no está garantizada», siendo el emplazamiento a su juicio «inadecuado» desde el punto de vista geotécnico.

En cuanto a las centrales nucleares, instaba al Ejecutivo a adoptar las medidas necesarias para no prorrogar la vida útil de estas instalaciones más allá de los 40 años.

Entre las reivindicaciones figuraban también la de potenciar las interconexiones eléctricas y la generación distribuida, garantizar la trasposición de las directivas europeas sobre certificación y etiquetado de eficiencia energética, y preservar las fuentes autóctonas de forma que contribuyan a asegurar la garantía de suministro dada la dependencia energética de España.

Rechazada una Ley contra el Cambio Climático

Asimismo, el Congreso rechazó que el Gobierno elabore un proyecto de Ley de Lucha contra el Cambio Climático, al tumbar dos propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista y La Izquierda Plural en el marco del Debate sobre el Estado de la Nación.

La iniciativa de los socialistas contó con 121 votos a favor, 175 en contra y 25 abstenciones, en tanto que la de La Izquierda Plural fue rechazada con el siguiente resultado: 117 votos favorables, 176 en contra y 30 abstenciones.

El PSOE pedía que la Ley de Lucha contra el Cambio Climático debería establecer la agenda de reducción de emisiones de CO2 para 2050 y con objetivos para 2025, 2030 y 2040.

Estos objetivos incorporarían la obligación de destinar lo obtenido en las subastas de derechos de emisión al Fondo Español del Carbono y de las empresas de presentar cuentas anuales con la estimación de la huella ecológica en el registro mercantil.

La iniciativa, que también incluía otras reivindicaciones relacionadas con el medio ambiente y la energía, proponía que la norma estuviera aprobada antes de que el próximo mes de diciembre se celebre la cumbre mundial del clima en París (Francia).

Por su parte, la propuesta de resolución de La Izquierda Plural reclamaba «una economía justa y ecológica ante la crisis climática y energética», e incorporaba una batería de medidas que debería poner en práctica el Gobierno, entre ellas «la elaboración de una ley de cambio climático que articule una serie de medidas concretas con la finalidad de reducir las emisiones causantes del cambio climático».