Empresas de fracking afirman que los propietarios podrán ganar hasta 4 millones de euros en terrenos como dos campos de fútbol de extensión

Este importe es fruto de una estimación realizada a partir de la premisa de que el 1% de los ingresos de la producción se destinará al propietario del terreno, como contempla el borrador de la ley, que se tramita en el Congreso de los Diputados.

Cada emplazamiento, explicó la asociación, requiere entre dos y tres hectáreas, equivalentes a dos campos de fútbol. Sin embargo, no sólo los propietarios del suelo en el que se encuentre el emplazamiento podrán disfrutar del 1% de los ingresos obtenidos, sino también los de todos los terrenos sobre los que se halle el yacimiento.

La asociación también destacó los ingresos que obtendrán las administraciones locales, especialmente ayuntamientos, con la eventual explotación de recursos no convencionales.

Según sus primeras estimaciones, la inversión por pozo se situará entre 10 y 20 millones de euros, con lo que los ayuntamientos recibirán entre 300.000 euros y 600.000 euros en concepto de impuestos locales y tasas, sobre una base de un 4% del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).

Las empresas pagarán además un impuesto del 4% sobre la producción «que revertirá con especial intensidad en los ayuntamientos y comunidades autónomas en los que se desarrolle la actividad», al tiempo que cada sondeo en tierra, ya sea de exploración o de producción, incluirá un canon de 125.000 euros, afirmó la asociación.

Shale Gas España consideró además que el país podría albergar recursos prospectivos de gas natural no convencional de 2.062 bcm (2 billones de metros cúbicos) equivalentes a 70 años de consumo.

«La única manera de comprobar este potencial y su alcance es mediante la exploración», afirmó, a propósito de la presentación este miércoles por parte de la empresa BNK España de sus proyectos para los primeros pozos de exploración en Burgos.

Shale Gas España también afirmó que la Ley de Evaluación Ambiental aprobada por el Congreso en 2013 «es una de las más garantistas de Europa», ya que obliga a obtener la declaración de Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para los proyectos de fracking.