El PP califica de demagógicas «por razones electorales» las propuestas energéticas de la Izquierda Plural

Gallego rechazó de esta manera la moción presentada por IU-ICV con sus propuestas para avanzar hacia una transición energética, que entre otras cosas pasan por auditar la deuda, aplicar quitas, modificar el sistema de fijación de precios de la electricidad y prohibir el fracking, que se debatió en el Pleno del Congreso de los Diputados.

«Han presentado un tratado sobre literatura energética cuyo resumen es ‘no a todo’. A IU no le gusta nada de lo que hace el Ministerio de Industria, todo está mal. Piden cambiarlo todo y adoptar sus fórmulas, que no se han adoptado nunca en ningún sitio porque nunca han gobernado. Pero la mejor política social es crear empleo, hacer que este país crezca, y no la demagogia energética y el populismo por miedo a que los telepredicadores les roben la cartera electoral», espetó el diputado del PP.

«Pero para que el sistema sea viable tiene que ser pagable, y sus propuestas hacen que no lo sea tanto«, añadió, recriminando a quienes no quieren que España «investigue» si tiene petróleo en sus aguas jurisdiccionales cuando cada día el Estado gasta 100 millones de euros en importar hidrocarburos, y afeando que se reclame mayor integración europea en esta materia y no se recuerde la puesta en marcha de nuevas interconexiones con Francia a propuesta del Gobierno de Mariano Rajoy.

A renglón seguido, Gallego criticó que ningún portavoz de la oposición haya puesto en valor la bajada de los precios de la energía de los dos últimos años, que contrasta con el incremento del 52% en la factura durante la última legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero; y también que no se haya mencionado que ha sido este Ejecutivo el que consiguió que en 2014, por primera vez en una década, no haya déficit de tarifa.

Además, Gallego defendió que la política energética planteada esta legislatura ha «ayudado» a salir de la crisis y a que «España crezca un 2,3% según la Unión Europea, no según este satánico portavoz del PP», ironizó, e insistió en que el objetivo último de todo el Gobierno es «crear empleo y crecimiento económico» porque eso «reduce la pobreza, toda».

«Otra política energética es posible»

Sin embargo, el diputado de IU-ICV-CHA, Álvaro Sanz, definió el actual modelo de «antidemocrático», oligopolístico y causante del «drama de la pobreza energética» y defendió que «es posible y necesaria» otra política que esté «al servicio del interés social y no al dictado de unas pocas empresas», como sucedió en las últimas décadas. «Se tiene que dejar de ver a expresidentes del Gobierno sentados en el consejo de administración de energéticas», exigió.

Para ello, su grupo planteó propuestas «viables» que lleven a un modelo «más limpio, democrático y autónomo», partiendo de una auditoría de la deuda energética, de la determinación de los costes de producción y de escándalos como los costes de transición a la competencia, que lleve a una quita de la deuda que no sea legítima.

Además, hace falta «democratizar» el acceso a la energía favoreciendo el autoconsumo y la coproducción, así como fijar precios «justos» y «estables», con un bono social para los suministros básicos que prevenga la pobreza energética. En el medio y largo plazo hace falta fomentar el uso de las renovables, cerrar las plantas nucleares, apostar por el ahorro y la eficiencia energética, prohibir el fracking y las prospecciones y paralizar la construcción del almacén temporal centralizado (ATC), entre otras medidas.

Su política protege los derechos históricos de las eléctricas

Por su parte, el portavoz socialista de Energía, José Segura, hizo hincapié en que la política energética ha dejado de ser un tema nacional para convertirse en un asunto comunitario, y defendió un pacto de estado entre fuerzas políticas y sociedad civil para avanzar hacia un nuevo modelo que facilite una economía baja en carbono, como pretende la Unión Europea.

Teresa Jordà (ERC) se preguntó si los objetivos de la política energética del Gobierno son realmente reducir la dependencia exterior y los precios, y lamentó que «cuando se discute con una pared sorda y perdidamente interesada de poco sirven los debates» para avanzar hacia un modelo más limpio, democrático y autónomo. «Su política energética trata de proteger los derechos históricos de las eléctricas, que llevan décadas financiado campañas electorales de partidos y siendo lugar de jubilación de antiguos ministros», acusó.

También Pedro Quevedo, en representación de CC-NC, coincidió en las denuncias y propuestas de la moción de la Izquierda Plural, alegando que el sector energético «ha sido víctima a lo largo de esta nefasta legislatura de una autentica contrarreforma, de un retroceso sin precedentes», que es necesario revertir.

Por Amaiur, Maite Ariztegui señaló que la pobreza energética es la «consecuencia más cruel» de la política del Gobierno en esta materia, pero advirtió que supone sólo «la punta del iceberg» de una «política caduca, fallida y demasiado cara para la ciudadanía».

Por su parte, el portavoz adjunto de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, y el diputado de CiU Toni Picó reconocieron compartir en parte la moción de IU-ICV-CHA, pero no todas sus propuestas. Por ello, solicitaron que este jueves el texto se vote por puntos de modo que puedan votar según cada propuesta concreta.