El Tribunal Constitucional admite a trámite los recursos del PSOE y Cataluña contra el decreto de Castor

En concreto, el Alto Tribunal abordará el encaje constitucional del real decreto ley 13/2014, de 3 de octubre de 2014, por el que se adoptan medidas urgentes en relación con el sistema gasista y la titularidad de centrales nucleares, para lo que decidió dar traslado de la demanda al Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno, que disponen de quince días para personarse en el procedimiento.

La admisión a trámite no supone pronunciamiento alguno sobre el fondo de los citados asuntos, que el Tribunal resolverá en próximas fechas.

En concreto, el recurso del Grupo Socialista en el Congreso se dirige contra la totalidad de la normativa; el del Parlamento catalán, contra los artículos 2 y 4, este último en sus apartados 1 y 3, y del de la Generalitat, contra toda la ley excepto su disposición adicional segunda.

El PSOE recurrió el decreto ley a comienzos de año, al considerar que la empresa promotora de Castor, Escal UGS, controlada en un 66,67% por ACS, recibió una indemnización de 1.350 millones que se repercutirá en la tarifa de gas durante 30 años «sin intentar saber qué había pasado realmente», según indicó en su momento el secretario de Reformas Democráticas del partido, Ximo Puig.

El texto presentado por la formación ante el Constitucional argumentó que hasta seis artículos del decreto ley «exceden ampliamente, en su contenido regulatorio, el marco y los criterios constitucionales establecidos por la jurisprudencia» en materia de «adecuación constitucional de las leyes singulares».

En concreto, los socialistas consideraron que la norma aprobada por el Ejecutivo afecta a principios y derechos fundamentales del orden constitucional como son el principio de igualdad, el principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, la tutela judicial efectiva y los derechos de los consumidores y usuarios.

En cuanto a la Generalitat de Cataluña, la presentación del recurso fue anunciada a finales del año pasado por el conseller catalán de Presidencia, Francesc Homs, a la vista de la «la falta de justificación y proporcionalidad de la singularidad de la regulación establecida» de la norma, en la que no se percibe además «concurrencia de una extraordinaria urgencia».

Para el Govern catalán, la resolución de la concesión del almacén Castor con un real decreto ley implanta un régimen singular y diferente del que resultaría de la aplicación de la legislación general vigente, «lo que vulnera la prohibición constitucional de la desigualdad arbitraria y dificulta el control de la garantía de los derechos e intereses afectados por parte de la Justicia».

Un almacén polémico

En septiembre de 2013, el Gobierno suspendió la actividad de inyección de gas en el almacenamiento subterráneo Castor, ubicado frente a las costas de Castellón, después de que se registraran cientos de pequeños seísmos en la zona.

Desde entonces se sucedieron los informes y peticiones de información a expertos con el objeto de determinar si el proyecto es seguro, es decir, si puede volver a la actividad sin provocar nuevos seísmos, una cuestión que todavía no se resolvió.

Mientras tanto, Escal UGS decidió renunciar a la concesión del almacenamiento, lo que, de acuerdo a la normativa que rige el proyecto, le daba derecho a una indemnización por valor de la inversión menos las cantidades que ya hubiera cobrado, esto es, 1.350 millones de euros antes mencionados.

El Gobierno aceptó esta renuncia en el citado real decreto ley junto con la indemnización y estableció la hibernación, por lo que prohibió la extracción o inyección de gas en el almacén. De acuerdo a esta normativa, el almacén Castor pasa a ser gestionado por Enagás Transporte, que es quien inicialmente se ha hecho cargo del pago de la indemnización, aunque recuperará este desembolso a lo largo de treinta años mediante cobros del sistema gasista, es decir, de la tarifa que pagan todos los consumidores.

Además, el sindicato de bancos que instrumenta la operación de indemnización a la sociedad Escal UGS por el almacén Castor ya ejecutó en noviembre el pago de los 1.350 millones de euros de compensación.