Brasil pretende anular un contrato de Alstom por presunto soborno

Según las investigaciones, se sospecha que Alstom pagó un 15% como soborno por la ampliación, sin proceso de licitación, de un contrato suscrito en julio de 1990, y de acuerdo con el fiscal de Justicia del Patrimonio Público y Social de Sao Paulo, José Carlos Blat, se espera recuperar parte del dinero desviado. «Si no hay licitación, es un contrato que no podría ser celebrado. El contrato ya nace totalmente ilegal», señaló el fiscal Blat.

La Justicia brasileña determinó el bloqueo de bienes de ocho personas físicas y de tres empresas, entre ellas Alstom, por un valor de 282,2 millones de reales, unos 103,9 millones de dólares, que equivalen a una cuarta parte del valor total del contrato. El contrato fue suscrito entre Eletropaulo y Cegelec, controlada por el grupo Alstom, para la modernización del transporte de energía a través de la ampliación de las subestaciones, en lo que se denominó como Proyecto Gisel II.

Entre las personas físicas a las que les fueron bloqueados bienes está el consejero del Tribunal de Cuentas del Estado de Sao Paulo, Robson Marinho, quien está apartado temporalmente del cargo. «Robson Marinho no sólo fue quien facilitó, él fue quien permitió la ejecución del término anexado al contrato y a partir de eso Alstom y Cegelec consiguieron implementar y entrar en la ejecución del referido contrato», detalló el fiscal.

De acuerdo con el fiscal, el soborno fue pagado entre 1998, cuando se amplió el contrato, y 2012, a través de cuentas de consultoras abiertas en el exterior. «Se trata de una red de corrupción escandalosa. Esta medida de bloqueo representa la real gravedad de este caso», puntualizó el fiscal, quien recordó que en el proceso existe «una contundencia de las pruebas materiales obtenidas, no sólo en Suiza y Francia, sino en Sao Paulo también».

Alstom, por su parte, manifestó que la empresa francesa «ha implementado, en toda su organización, reglas estrictas de conformidad y ética que deben ser adheridas por todos los empleados». Precisamente el pasado diciembre, un juez brasileño ordenó el bloqueo por alrededor de 600 millones de reales, aproximadamente 226 millones de dólares entonces, de los bienes de seis empresas, entre las que también se encontraba Alstom junto a la alemana Siemens o la española Caf, con motivo de una investigación sobre supuestos fraudes en licitaciones de líneas de tren en Sao Paulo, según informaron medios brasileños.