El grupo socialista propone prohibir a las petroleras renovar contratos con gasolineras si así superan una cuota de ventas del 25% en cada provincia

La portavoz parlamentaria de Medio Ambiente, Pilar Lucio y el portavoz adjunto de Energía del PSOE, Román Ruiz, presentaron su iniciativa, que pasa por modificar cuatro leyes, entre ellas la reforma del sector de la distribución de combustibles que el Gobierno actual aprobó en 2013 mediante la Ley de Apoyo al Emprendedor y que, según los socialistas, ha sido «claramente insuficiente». Por eso, plantean rebajar la cuota de mercado máxima permitida en cada provincia del 30% actual al 25% de las instalaciones, incluyendo las propias, las cedidas o las que tienen contratos de exclusividad, lo que a su juicio facilitaría la entrada al mercado de nuevos operadores mayoristas, «segmento en el que se encuentran los problemas de falta de competencia».

«El objetivo no es aumentar el número de gasolineras sino que los operadores mayoristas compitan entre ellos por los distribuidores. Por muchas gasolineras que tengamos, si todas tienen que beber de la misma fuente, no mejora la competencia», indicó Román Ruiz. Para ello, el tope del 25% propuesto debería estar vigente durante al menos 10 años. Para ajustarse al nuevo régimen tendrían un año, quedando prohibida tanto la ampliación del número de instalaciones en propiedad o gestión como la renovación de contratos de suministro en exclusividad actualmente en vigor si con ello se supera el porcentaje máximo permitido. En caso de incumplimiento, desde el PSOE proponen que la CNMC pueda aplicar el régimen sancionador previsto en la Ley de Hidrocarburos.

Desde el PSOE insisten en que es necesario que entren nuevos operadores, porque en la actualidad «el mercado está copado» por las grandes, una cuestión que forzó la marcha de algunas petroleras internacionales. Eso sí, el diputado socialista rechaza que esta iniciativa tienda a un modelo de gasolineras low-cost, sin empleados, aunque tampoco incorpora ninguna medida para evitarlo. El objetivo final, señaló Ruiz, es que los ciudadanos «paguen menos por el carburante antes de impuestos», en línea con otros países europeos y que se armonicen los márgenes brutos, diferencia entre el precio de venta y la cotización de los productos.

Dado que los problemas de falta de competencia se concentran sobre todo en las áreas con mayor demanda, el grupo socialista considera que sería necesario sacar nuevas licitaciones con las condiciones de competencia que fije la CNMC considerando así «el grado de competencia y la estructura del mercado en el área de influencia» de la estación o incluso permitir la instalación de varias gasolineras en las mismas áreas de servicio.

Con respecto a la red de transporte, el PSOE propone reducir las obligaciones de existencias mínimas de seguridad a los nuevos operadores cuyas ventas sean inferiores a las 1.000 toneladas equivalentes de petróleo (tep) para facilitar su entrada en el mercado. Además, se faculta a la CNMC a autorizar las tarifas por el uso de la red de la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH), que únicamente podrá incluir los servicios básicos de recepción, transporte y expedición, calculándose con una metodología «objetiva, transparente y no discriminatoria».

Respecto a CLH, el PSOE propone pasar del tope del 25% del capital o los derechos de voto en la entidad, a un máximo del 10% del capital o del 6% de los derechos de voto en manos de un mismo accionista, «no pudiendo sindicarse las acciones a ningún efecto». Asimismo, la suma de las participaciones directas o indirectas de los accionistas con capacidad de refino en España no podrá superar el 30% del capital social de CLH, frente al 45% actual. «Se trata de que el presidente del operador de red no pueda ser el de una petrolera», indicó.

Para incrementar la transparencia en el sector de los combustibles de automoción, el principal partido de la oposición propone mejorar la información que el Ministerio de Industria publica en su página web sobre las gasolineras más baratas de cada provincia. Asimismo, se recoge la necesidad de «avanzar en la armonización metodológica a nivel europeo» sobre el cálculo de los precios de combustibles al consumidor, planteando la posibilidad de que Industria y la CNMC revisen la metodología actual y proponga a la Unión Europea un procedimiento común para todos los estados miembros, de modo que los datos de precios sean comparables.

Críticas a la reforma popular

Según Ruiz, la reforma del PP ha sido «ineficiente» porque se centró fundamentalmente en el segmento minorista, cuando en España el 85% del mercado está en manos de tres operadores mayoristas, uno con más del 45% de las ventas totales. Además, que el Gobierno permita la renovación de contratos con gasolineras aunque se superara el tope máximo del 30%, supone a juicio de Ruiz «un brindis al sol» y no acabar con una inoperancia del sector que hace, según el PSOE, que España sea el país de la Unión Europea «donde los operadores tienen los mayores márgenes de beneficio bruto».

Al margen de lo contenido en el proyecto de ley, el diputado añadió que también debería permitirse a los pequeños distribuidores que actualmente llevan combustible, por ejemplo, para la calefacción doméstica o para explotaciones agrícolas servir a gasolineras de pequeño tamaño, aprovechando así los precios más reducidos a los que ellos tienen acceso e incrementando la competencia. «Todo esto lo haremos si somos Gobierno», señaló Ruiz, que cree que el escenario idóneo sería en el que hubiera al menos una docena de operadores mayoristas y en el que el precio del combustible para el consumidor estuviera unos cuatro o cinco céntimos por debajo del actual.

Pilar Lucio, por su parte, subrayó también que el objetivo es «incrementar la competencia para terminar con el dictado del oligopolio» actualmente existente, que «fija precios e impide una competencia real y efectiva» y recordó que tanto la CNMC como la extinta Comisión Nacional de la Energía (CNE) llevan años alertando de esta situación y reclamando una intervención. «Es una propuesta equitativa para permitir que la recuperación sea más justa para todos. Hay que frenar los abusos que hacen que nuestro mercado sea poco competitivo, y el PSOE está totalmente decidido a hacerlo», añadió la socialista, avanzando que habrá nuevas iniciativas parlamentarias en este sentido.