La Diputación de Castellón cree que los responsables de poner en marcha Castor deben responsabilizarse del pago de la indemnización millonaria

Moliner se pronunció así sobre la causa que ha abierto el juzgado de Instrucción número 4 de Vinaròs por supuestas irregularidades en la tramitación de la concesión de explotación del proyecto Castor, en la que están imputadas 18 personas por presunta prevaricación medioambiental y contra el medio ambiente y los recursos naturales. En este sentido, el también presidente provincial del PP indicó que «lo que hace claramente el juzgado de Vinaròs es acotar las responsabilidades y ponerles fecha, pues estamos hablando de decisiones tomadas entre 2006 y 2007 y 2009 y 2010 y a los responsables les pone nombres y apellidos y, en muchos casos, están apareciendo directores generales de los ministerios del Gobierno socialista«.

Moliner cree que esto es «positivo» porque «había una cierta tentación de intentar expandir el problema y de hacer ver que todo el mundo era responsable y no es cierto». «Al final hubo un Gobierno que decidió conceder una Declaración de Impacto Ambiental que, en estos momentos y de cara a la investigación judicial, ofrece algunas dudas«, manifestó antes de añadir que «lo que es evidente es que quienes fueron los responsables de poner en marcha Castor deben acabar siendo responsables de haber tenido que pagar entre todos los españoles la indemnización más millonaria de la historia de este país«.

Respecto a si contempla la posibilidad de que se pueda solicitar una reversión de la indemnización pagada a la empresa concesionaria, Moliner apuntó que «estamos en una fase absolutamente embrionaria del proceso judicial, por lo que sería tirarme al vacío aventurar cuál puede ser el final de la instrucción». «Creo que lo mejor es dejar trabajar a la Justicia y que, fruto del resultado final, podamos tomar las decisiones que correspondan», subrayó el dirigente del PP, quien considera que «si el resultado final acaba señalando con el dedo acusador, pues evidentemente algo habrá que hacer«.

Víctor Capilla, nuevo juez titular

El juez Víctor Capilla será el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Vinaròs que instruye la causa del proyecto Castor, frente al cual hay en la actualidad una juez sustituta. Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) resolvió así el concurso en el que se incluía una plaza para el citado juzgado de Vinaròs.

Hasta que Capilla se haga cargo del juzgado como titular, la juez sustituta continúa con el trabajo de la oficina judicial. Aquel evaluará la situación del juzgado, de la carga de trabajo y de la capacidad de respuesta. En el caso de que corresponda, se evaluará la conveniencia de los refuerzos que se reclamen y se agilizará, en su caso, su incorporación a la mayor brevedad. Recientemente, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, afirmó que su departamento tendrá «máxima sensibilidad» para reforzar este juzgado de Vinaròs debido al «evidente» aumento de carga de trabajo que tendrá con la instrucción de la causa, abierta esta semana.

La causa parte de la denuncia interpuesta por la Fiscalía de Castellón, que dirige sus acusaciones contra el Ministerio de Medio Ambiente cuando se llevó a cabo la tramitación del proyecto, contra el Instituto Geológico y Minero de España y contra la empresa que construyó y explotó la planta, Escal UGS. De momento el juzgado acordó incoar diligencias previas para investigar los hechos supuestamente delictivos.

Se ordena así citar a declarar en calidad de imputados a los responsables del informe favorable para Castor, del Instituto Geológico y Minero del 23 de enero de 2007 y a los responsables de la resolución del 7 de junio de 2010, y dentro de la misma a los responsables de la Declaración de Impacto Ambiental que dieron luz verde al proyecto. Asimismo se cita como imputados a los ocho miembros del consejo de administración de Escal UGS, entre ellos su presidente Recaredo del Potro.

Tras los más de 400 seísmos que se produjeron en septiembre de 2013 en el entorno del Castor, la Fiscalía acordó incoar de oficio diligencias de investigación penal que han desembocaron en la denuncia presentada el pasado 23 de diciembre de 2014. Castor se encuentra también inmerso en otros procesos judiciales con problemas derivados de permisos de obras ahora anulados así como la ausencia de estudios de impacto ambiental en infraestructuras que completaban la planta.