Nuclenor espera a que se resuelva la «situación compleja» del mercado eléctrico para decidir sobre Garoña

La central nuclear de Santa María de Garoña se encuentra en situación de cese de actividad desde julio de 2013, pero la planta dejó de producir electricidad en diciembre del año anterior, a raíz del anuncio de un nuevo impuesto al combustible. Nuclenor, entonces, alegó motivos económicos.

El pasado mes de febrero, el Gobierno aprobó un Real decreto para la gestión responsable del combustible gastado que modifica el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas para que las nucleares que en el último ejercicio hayan cesado su actividad por motivos ajenos a la seguridad, tienen un año para solicitar la renovación de su licencia de actividad.

En este sentido, el portavoz de la planta, Elías Fernández, subrayó que Garoña «no está cerrada» sino que está funcionando y que no produce electricidad por motivos económicos no relacionados con la seguridad o la protección radiológica.

Además, aseguró que la planta podría volver a generar electricidad si la empresa solicita la renovación de su licencia y el Gobierno lo autoriza tras un informe positivo del Consejo de Seguridad Nuclear.

Asimismo, defendió que el titular tiene hasta el 6 de julio próximo para solicitar este permiso pero, hasta entonces, está «a la espera de que los acontecimientos deriven el algo».

En todo caso, manifestó que, en su opinión, «las decisiones» no se han tomado porque la situación del mercado eléctrico no es muy favorable, ni para la energía nuclear, ni para el resto de energías.

Nuclenor reclama 10.000 euros a Greenpeace

Asimismo, la empresa presentó un recurso en el que reclama 10.000 euros a Greenpeace por las «pérdidas» derivadas de la acción llevada a cabo por la organización el pasado 5 de marzo en la planta en la que reclamaron a las puertas de la central su inmediato desmantelamiento y el juzgado consideró que la «acción pacífica» se tramitara como un juicio de faltas.

«Las cuentas de Nuclenor son un burla a la inteligencia. En el año 2009 decía ganar más de 1.500 millones de euros, en 2012 decía perder 153 millones de euros y hace un mes, estando cerrada, decía que ganaba 22 millones de euros», declaró la responsable de la campaña Nuclear de Greenpeace, Raquel Montón, quien aseveró que la central «no es rentable».

Ante ello, la organización ecologista formuló el recurso correspondiente y recordó que la central está cerrada, entre otros motivos, por problemas de seguridad. «Entre las condiciones que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) exige para su hipotética puesta en marcha está la inspección de la vasija, que permita descartar que Garoña puede tener defectos semejantes a los de la vasija de la central nuclear belga de Döel 3», precisaron las mismas fuentes antes de apostillar que, construidas por la misma empresa, la vasija belga paró al arrojar «resultados inesperados» con respecto a la resistencia mecánica del material.

Tras recordar que los reactores nucleares belgas Döel 3 y Tihange-2 permanecieron cerrados durante un año entre el verano de 2012 y el verano de 2013 y que en junio de 2013 y que los resultados de nuevas pruebas «parecen ser alarmantes», la organización ecologista ya solicitó información al Consejo de Seguridad Nuclear respecto a las medidas que los técnicos del CSN consideró «apropiadas» para garantizar que la vasija de Garoña no sufre estos defectos.

«Garoña ha concluido su vida de diseño, su vida económica y su vida contable. Sólo está viva políticamente pero hay serios problemas de seguridad que el Consejo de Seguridad Nuclear debería comunicar y atender con independencia, transparencia y rigor, porque ese es su trabajo y no otro», añadió Montón.

Por su parte, Nuclenor explicó que los 10.000 euros que reclama a la organización ecologista corresponden a los daños ocasionados por la protesta que provocó la activación de los protocolos de emergencia.

Fernández Centella manifestó que, una vez la empresa valoró los daños ocasionados, los protocolos que tuvieron que activarse, los equipos, las personas empleadas, la dedicación de estas y, en conjunto, el complejo protocolo puesto en marcha, se puso sobre la mesa el dinero que supuso y que se cifró en torno a unos 10.000 euros.

En respuesta a las declaraciones formuladas por la responsable de energía de la ONG, respecto a las grietas en la vasija del reactor, el portavoz de la planta precisó que estaba previsto revisar la vasija durante la última parada de recarga, en 2011, pero en agosto, después de que se realizaran una serie de consideraciones se aplazó.

En cualquier caso, destacó las «diferencias» de esta vasija respecto de su hermana belga, también en cuanto a la presión que soportan, la primera de 70 kilos y la segunda de 140 kilos de presión del agua en ebullición. Así, detallaron que cuando se reanudó la operación de la central se inspeccionó la vasija y que el Consejo de Seguridad Nuclear ha estimado que el funcionamiento es satisfactorio. «No todos los coches salen de fábrica con los mismos problemas», apuntó.