El Gobierno aprueba el nuevo sistema que fija la tarifa eléctrica vinculada al mercado y da hasta el 1 de julio a las eléctricas para adaptar sus facturas

Según explicó Soria en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el nuevo mecanismo de tarificación eléctrica, que contó con los informes favorables y «sin objeciones» de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y del Consejo de Estado, vincula el componente energético, que supone alrededor de la mitad del recibo, directamente al mercado mayorista, por lo que tiene «cinco ventajas fundamentales» respecto al sistema anterior de subastas trimestrales.

La primera será la de «pagar solamente el precio del mercado» frente al que determinaba la subasta eléctrica trimestral, conocida como Cesur, y vigentes hasta finales del año pasado cuando se anularon por concurrir «circunstancias atípicas» y que arrojó un incremento del coste de la energía del 25,6%.

Asimismo, otra de las ventajas, consistirá en un «ahorro claro» para los consumidores al pasar a un sistema que acaba con las subastas eléctricas que provocaron un sobreprecio acumulado de 1.671 millones de euros debido a los costes de sus coberturas desde su puesta en práctica en 2009. «Al no haber subasta, no hay que incurrir en ese coste», dijo Soria.

El tercer y cuarto puntos favorables, según el ministro, es que el nuevo sistema «transmitirá a los consumidores señales reales del precio del coste de la producción de energía», al tiempo que, «permitirá aumentar la competencia del mercado», ya que se abre la posibilidad a que cualquier comercializadora con más de 25.000 clientes pueda ofrecer el precio regulado, cuando antes este tope estaba fijado en los 100.000 clientes, por lo que habrá «un mayor abanico donde elegir». De este modo, seguirán siendo comercializadores de referencia las 5 de referencia actuales y además se designarán 3 nuevos comercializadores de referencia.

En quinto lugar, el nuevo mecanismo «aumentará la capacidad de elección de los consumidores», que podrán elegir entre las diferentes modalidades de tarifa: un precio asociado al mercado (que fijará el operador del sistema, Red Eléctrica de España), un contrato bilateral con la comercializadora o una oferta estándar anual, que las eléctricas tienen que ofrecer obligatoriamente para los consumidores que prefieren «una mayor estabilidad» frente al precio de mercado. De hecho, las primeras ofertas anuales podrán consultarse a partir del 15 de abril.

Tras suspender la subasta eléctrica de diciembre, el Gobierno fijó de forma provisional durante el primer trimestre del año, y a la espera de la entrada en vigor de este nuevo mecanismo, estuvo vigente un precio de la energía de 48 euros el megavatio (MW), que es la media del precio a futuros del mercado eléctrico marcado durante el tercer y cuarto trimestre del año pasado, a partir del que se facturó a los consumidores.

Precisamente, es esta facturación la que ahora deberá ajustarse a la evolución real del mercado mayorista en este trimestre. Este ajuste se efectuará a través de una refacturación y es consecuencia de que el mercado eléctrico marcó en el primer trimestre precios medios de 26 euros por megavatio hora (MWh), frente a los 48 euros antes mencionados.

En total, el «ahorro» que se producirá con respecto al precio de 62 euros marcado por la subasta de diciembre hasta que se instaure este nuevo mecanismo será de unos 500 millones de euros, de los que 200 millones de euros corresponden a la diferencia entre este precio y el fijado por el Ejecutivo, y otros 300 millones de euros derivados de la diferencia entre el precio del Gobierno y el marcado finalmente por el «pool», según explicó el ministro.

Con esta diferencia, y según Soria, en la primera factura emitida con el nuevo sistema, las eléctricas deberán refacturar y devolver a los consumidores la diferencia entre los 48 euros fijados por el Gobierno y el precio de mercado y añadió que, durante este periodo transitorio, los recibos se calcularán con el precio fijado por el Ejecutivo para el primer trimestre.

Como consecuencia del nuevo sistema, el consumidor acogido al Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVCP), sustituta de la antigua Tarifa de Último Recurso (TUR), no tendrá que hacer nada, ni comunicar nada, ni modificar sus aparatos de medición.

A este respecto, Soria no indicó cuál será el importe medio de devolución por usuario, aunque de forma orientativa, y si se tiene en cuenta que existen cerca de 17 millones de consumidores con tarifa regulada de electricidad, la refacturación de 300 millones de euros equivaldría a la devolución de una media de 17,65 euros por consumidor. Esto supondrá un hito, puesto que «nunca antes había habido una devolución».

En todo caso, el ministro señaló que «la cuantía a devolver dependerá del perfil de consumo de cada cual» y añadió que «no será una cuantía igual para todos los consumidores».

Respecto al momento de la devolución, dijo que variará en función «de cada compañía eléctrica, puesto que quienes antes adopten el nuevo sistema de facturación, antes devolverán», si bien quiso dejar claro que el último día para realizarla será el 30 de agosto, que es cuando termina el plazo de dos meses estipulado para terminar de adaptarse al nuevo sistema desde el 1 de julio.

El único cambio para los usuarios acogidos al PVPC consistirá en que la factura se calculará con la media del precio de la electricidad en el mercado del periodo de facturación, en lugar de con el precio fijado en la subasta.

Este precio promedio de la electricidad se calculará con la media de los precios diarios del mercado mayorista y se aplicará a todo el consumo del periodo facturado. Cuando el usuario tenga un contador inteligente conectado y operativo, se facturará directamente el precio del mercado de cada hora a la energía consumida en esa hora.

REE publicará el precio promedio que se aplicará a la factura de cada consumidor en función de su periodo de facturación, y la CNMC dispondrá también de un simulador de factura.

UGT dice que el nuevo mecanismo está «abocado al fracaso»

UGT advirtió al Gobierno de que el nuevo mecanismo de revisión de precios de la electricidad es «confuso», está «abocado al fracaso» y refleja el «camino errático» que siguió el Ejecutivo en este materia.

«El Gobierno del PP está dando palos de ciego en relación al precio de la electricidad», denunció la central, que reclamó al Ejecutivo «un cambio de actitud» que busque «soluciones desde el consenso» para fijar una tarifa eléctrica que «no perjudique a los ciudadanos» y que esté «al servicio de la recuperación económica».

En su opinión, dicho consenso debe girar sobre tres ejes: considerar el suministro eléctrico como «un servicio público esencial», poner el sistema «al servicio de la economía real» y de la recuperación y establecer un modelo sostenible que impulse «el ahorro energético y las energías renovables».

UGT recordó que España es el tercer país de la Unión Europea donde los precios de la electricidad son más elevados, sólo por detrás de Chipre e Irlanda, que son islas, con un déficit de tarifa que equivale ya al 3% del PIB (30.000 millones de euros).

El sindicato hizo hincapié en que en los últimos cinco años, el precio de la electricidad en España se incrementó un 63%, el cuarto mayor repunte de Europa, frente al aumento medio del 29% en la eurozona, y todo ello en un contexto de importante caída de la demanda.

El nuevo precio es «la mayor aberración cometida en un sistema de tarifas»

Por su parte, Facua-Consumidores en Acción consideró que el nuevo mecanismo de revisión de precios de la electricidad supone «la mayor aberración que se ha cometido nunca en un sistema de tarifas de suministro», según indicó el portavoz de la asociación, Rubén Sánchez.

Con el nuevo mecanismo, el Gobierno «quitará todavía más transparencia al sistema» al «privar al usuario del derecho elemental a conocer el precio del servicio antes de ser facturado», afirmó Facua.

A juicio de Sánchez, esta circunstancia supone una «clara ilegalidad», porque contraviene la Ley General de Defensa del Consumidor de 1984, a lo que se sumó una infracción adicional de la reciente Ley del Sector Eléctrico, que establece que las tarifas deben ser «claras y transparentes».

Facua consideró además que el nuevo mecanismo vulnera las directivas comunitarias, por lo que adelantó que «dará traslado» de su contenido a Bruselas. «Consideramos que Bruselas debe intervenir», señaló el portavoz de la asociación.

Junto a esto, Sánchez insistió en la complejidad de un sistema «multitarifas» de hasta 1.400 precios horarios cada bimestre para los consumidores con contadores digitales, o 60 para los que dispongan de contadores analógicos.

Esta complejidad impedirá a los consumidores analizar su propia factura y saber si ha habido errores o irregularidades, y «va a sembrar el caos». La propia Administración verá cómo «se elevan exponencialmente la dificultad y el tiempo» de análisis de las facturas, por lo que es previsible que acabe «saturada», pronosticó.

Facua también dudó de que el mecanismo de fijación de precios en el mercado mayorista de electricidad refleje el coste real de las tecnologías. En su opinión, los precios del pool «están hinchados».

UPTA dice que los autónomos quedarán «en manos de las eléctricas»

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) consideró que los autónomos quedarán «en manos de las compañías eléctricas» con el nuevo mecanismo de revisión de los precios de la electricidad, caracterizados por su «complejidad».

La asociación indicó que la mayor parte de los autónomos no cuenta en la actualidad en sus negocios con contadores inteligentes que les permitan realizar una planificación por horas en sus actividades.

«Abordar esta inversión en las actuales circunstancias es muy delicado», señaló el secretario general de la organización, Sebastián Reyna, en alusión a la instalación de estos contadores digitales.

Por lo pronto, la aplicación de un promedio diario en la facturación hace temer a UPTA una nueva subida en el recibo, mientras que la opción de un contrato bilateral negociado con la eléctrica resulta una opción «muy alejada para la mayoría de las empresas españolas que no tienen dimensión suficiente para ello», señaló.

UPTA se mostró además partidaria de una liberalización del suministro minorista, si bien consideró que para ello hace falta tiempo, con el fin de organizar y asociar la demanda.

CECU cree que el sistema es «excesivamente complejo» y generará «discriminación»

Asimismo, la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) señaló que la nueva fórmula de facturación de la luz es «excesivamente compleja» y que generará una «enorme incertidumbre» e «inseguridad» entre los consumidores, ya que «imposibilitará» la comparación de precios, al cambiar cada hora, y por tanto «no se podrán utilizar los diferentes comparadores de precios», como el facilitado por la Comisión nacional de Mercados y Competencia (CNMC) y que pretende ofrecer la oferta más ventajosa.

Esto «imposibilitará también las ofertas» para cambio de comercializador puesto que los precios que puedan ofrecer las compañías serán los anteriores «pero no los futuros», por lo que «no hay comparativa de precio sostenible», apuntó.

Además, provocará que consumidores con el mismo consumo y la misma potencia paguen un precio diferente, ya que éste dependerá de la hora a la que se consuma.

CECU afirmó que el nuevo mecanismo para fijar los precios de la electricidad «no tiene comparativa en ningún país conocido».

Así, CECU advirtió de que los consumidores quedarán en situación de «indefensión», ya que es «evidente» que tendrá lugar una «discriminación» entre los usuarios que tengan redes inteligentes e integradas y contadores inteligentes respecto de aquellos que no los tengan.

De hecho, la organización afirmó que el mecanismo del Ministerio de Industria «no cumplirá con el derecho básico» de disponer de una «información clara y completa», y generará además «desigualdad» entre usuarios que gasten la misma cantidad de energía.

Los consumidores lamentaron también que el nuevo sistema se haya fraguado por la «vía de urgencia» con un decreto que «no permite a las partes implicadas en el sector opinar» sobre la propuesta o presentar alternativas.