La inseguridad jurídica en España obedece a la falta de una estrategia energética, según García Breva

El también presidente de la Fundación Renovables y exdirector general del Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE) durante los dos primeros años del Gobierno de Rodríguez Zapatero, consideró que el Gobierno debería rectificar inmediatamente en su reforma energética, a la que calificó de «auténtico caos» ya que la seguridad jurídica que requieren las inversiones en este ámbito exige una estrategia a medio y largo plazo, elemento del que España carece porque «los actuales dirigentes no saben hacia dónde van; pero es que los anteriores tampoco», en referencia a que los partidos mayoritarios de España, PP y PSOE, cuando han ocupado responsabilidades de gobierno, no han sabido dotar a España de la estrategia energética que necesita.

Javier García Breva compareció en la presentación del Informe IPM «Seguridad Jurídica en Renovables«, del que es coautor con José Antonio Martín Pallín, y realizó un amplio repaso a la actualidad del sector energético. En este sentido, reivindicó el papel de las energías renovables dentro del sistema eléctrico y señaló que, en los últimos ocho años, por cada euro que han costado las primas de las renovables, el mercado se ha abaratado de tal forma que el sistema se ha ahorrado 1,2 euros.

Por otra parte, el presidente de N2E denunció el sobreprecio que los consumidores están pagando en el recibo eléctrico: primero, con el sobrecoste de 1.160 millones de euros que reconoció el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, que conllevaban las subastas CESUR, y desde el pasado mes de enero ya que el precio intervenido del Gobierno, decidido después de la anulación de la subasta de diciembre de 2013, es un 47% superior a los precios que está marcando el pool eléctrico durante estos meses.

«De momento, el consumidor no ha podido beneficiarse del abaratamiento de un 58% que las energías renovables han provocado en el pool desde diciembre», dijo García Breva, aunque no hizo ninguna referencia sobre que, según lo anunciado por el Gobierno y fijado en Real Decreto, este «sobreprecio» será devuelto a los consumidores en los próximos meses mediante una refacturación del periodo.

García Breva también aseguró que se pregunta si «este país ha perdido el norte» tras escuchar las declaraciones de José María Marín Quemada, presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en las que apuntó que los inversores en energías renovables tienen que asumir el riesgo regulatorio a pesar de que sus condiciones se han fijado en el BOE, afirmación que no dudó en calificar de «disparate».

Respecto al nuevo método de fijación de precios para la factura energética, que presenta este viernes el Consejo de Ministros, el presidente de N2E consideró que le parece «injusto» cualquier método en el que el consumidor no sepa lo que va a pagar. Además, arremetió contra los últimos incrementos del peso de la potencia fija en el recibo de la luz ya que «impide» que el consumidor pueda reducir sus costes y pierda interés en realizar inversiones en eficiencia energética.

Fijándose en el céntimo sanitario

El magistrado emérito del Tribunal Supremo y coautor del informe IPM, José Antonio Martín Pallín, señaló que una de las posibles vías que les puede quedar a los promotores de instalaciones sujetas al nuevo modelo retributivo que se va a fijar para las renovables, cogeneración o residuos es que un juez plantee una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para dictaminar si la nueva regulación choca con las normas comunitarias, buscando un paralelismo con lo acontecido con el céntimo sanitario, declarado ilegal por este Tribunal 10 años después de su implantación en algunas comunidades autónomas españolas.

En cualquier caso, Martín Pallín recordó que la seguridad jurídica y la confianza legítima están protegidas por la Constitución española y, ante el argumento del Tribunal Supremo de que el riesgo regulatorio implica que no se pueda «petrificar» la legislación y ésta pueda cambiar, apeló al Supremo a que no «petrifique» su jurisprudencia y que «si bien no se tendrá derecho a exigir una indemnización total, cuando se cercena la seguridad jurídica o se frustran expectativas reconocidas por la ley, sí se debe aplicar alguna compensación».

Finalmente, Martín Pallín advirtió de que «el origen del caos de la reforma eléctrica no son las renovables. Antes, al contrario, el potencial a futuro de las renovables no se puede marginar ni excluir del modelo energético, ya que supondría un suicidio energético y medioambiental».