Los productores fotovoltaicos se movilizarán en Madrid el 21 de junio contra los recortes al sector
La Asociación Nacional de Productores e Inversores en Energía Fotovoltaica (Anpier) señaló que «el Estado español recomendó a la ciudadanía, en un escenario de especulación inmobiliaria y bursátil entre los años 2004 y 2007, que optaran por destinar sus ahorros familiares a un fin ético, como era la generación de energías renovables».
Esta inversión «se promocionó por el Estado como rentable, muy segura y socialmente comprometida» por lo que el propio Ministerio «no dudó en recomendar que se asumieran financiaciones del 80% de coste de las instalaciones».
Sin embargo, «a los pocos meses de estar financiadas, instaladas y operativas las plantas se inició un interminable rosario de decretos retroactivos que han mermado de manera alarmante las rentabilidades pactadas con el Estado, con recortes acumulados que alcanzan el 50% de los ingresos que se garantizaban y que impiden afrontar los compromisos de pago soportados por los productores».
En esta línea, Anpier recordó que entre los recortes se encuentran las limitaciones al cobro de la tarifa en un real decreto que reduce «drásticamente» los años con derecho a prima de manera retroactiva, así como la Ley de Economía sostenible, que disminuye las horas primadas.
El impuesto del 7% a la producción de energía, la no actualización de las retribuciones correspondientes a las tarifas reguladas y el IPC General, o los «elevados» costes financieros que supusieron las sucesivas refinanciaciones con la banca, «que fueron elevando los tipos de interés y condiciones al percibir los riesgos regulatorios», son otros de los argumentos de Anpier para la movilización del próximo mes de junio.
De esta forma, los productores fotovoltaicos consideraron que «se hace evidente el doble juego del Partido Popular» con un discurso «claro» en contra de las medidas retroactivas y en defensa de este colectivo cuando estuvo en la oposición, que contrasta con las posteriores «imposiciones normativas» realizadas desde el Gobierno, que, a su juicio, ha «mutado radicalmente» su discurso.
El presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca, señaló que el «acoso» a las familias fotovoltaicas se debe a la motivación de «favorecer las tecnologías fósiles y la generación nuclear», a pesar de ser «peligrosas, contaminantes y controladas por un reducido grupo de empresas».
Por el momento, la asociación inició en Barcelona la primera de las 26 jornadas asamblearias informativas que están previstas en toda España para trasladar las familias del sector la situación resultante con el nuevo marco normativo, y las acciones contra este.



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