El PSOE propone un pacto de Estado para abordar una reforma «profunda» del sector eléctrico

A través de las palabras de su secretaria de Economía y Empleo, Inmaculada Rodríguez-Piñero, el PSOE defendió ante el pleno del Congreso la importancia de alcanzar un pacto de Estado en materia energética para realizar una reforma “integral, gradual y profunda” del sector eléctrico. En este sentido, la diputada socialista valoró el balance que se puede realizar de la primera mitad de la legislatura: a su juicio, el Gobierno ha desarrollado un “activismo regulatorio” no consensuado con el sector ni con el resto de partidos de la oposición.

Para la diputada socialista, la gestión del equipo del Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha terminado en «fracaso» al no conseguir su objetivo de reducir el déficit de tarifa, «que se ha incrementado en 9.000 millones de euros en dos años después de aprobar la mayor subida de impuestos a la generación eléctrica, que se ha trasladado a los consumidores mientras se penaliza a las energías renovables con recortes retroactivos, dañando gravemente la seguridad jurídica de España». Por ello, reclamó un marco «estable» de apoyo a las renovables y la intervención de los precios del mercado eléctrico con un nuevo sistema «que reconozca las singulares características de las diversas tecnologías que concurren en la producción de electricidad«.

Rodríguez-Piñero también lamentó las consecuencias que implica la reforma para el autoconsumo, el impacto que los precios de la energía tienen en la competitividad de la industria y la «falta de voluntad política» para abordar la llamada pobreza energética. En este aspecto propuso fijar «un servicio mínimo de suministro de electricidad y gas que garantice que ningún hogar pueda ser privado de un mínimo de cobertura de subsistencia». Además, la diputada socialista también criticó medidas como la elevación del término fijo de la factura eléctrica «puesto que desincentiva el ahorro y la eficiencia energética» y volvió a plantear la oposición de su grupo parlamentario a la posible reapertura de la central nuclear de Garoña.

Críticas a la reforma energética

Por parte de la Izquierda Plural, Laia Ortiz apuntó a la responsabilidad de los dos grandes partidos en la situación actual del sector eléctrico a la hora de valorar la propuesta del PSOE. Una situación que ha llevado, a juicio de Ortiz, a que los beneficios de las compañías eléctricas “doblen” a los de sus homólogas europeas, una electricidad “de las más caras del continente y una deuda de 30.000 millones».

Ortiz también se mostró muy crítica con la gestión del Ministerio de Industria, Energía y Turismo ya que “no hace más que corregirse a sí mismo” mientras ha sumido al sector en la “improvisación y en caos regulatorio”, lo que le ha llevado a una crisis “importante”, punto en el que ha aludido a la destrucción de empleo y a la pérdida de confianza que ha supuesto la reforma energética en España para los inversores. Por estos motivos, Ortiz no descartó la posibilidad de sentarse a hablar para poner “orden” en el sector eléctrico mediante acuerdos de consenso que aporten “estabilidad”, acaben con la «retroactividad” y se combata la pobreza energética ante la “insensibilidad” del Gobierno en este tema.

UPyD dio un pase adelante en defensa de la energía nuclear y reprochó al resto de grupos de la oposición sus críticas contra la posible vuelta a la actividad de la central nuclear de Garoña. Su portavoz adjunto, Carlos Martínez Gorriarán, indicó a los grupos que no pueden alegar que Garoña se debe cerrar por estar ya «amortizada» y luego pedir que se reduzca el precio de la electricidad; «¿o es que no nos interesa una energía más barata?», sentenció.

Inmaculada Riera, de CiU, denunció que el problema del sector está «en la falta de política energética» lo que se traduce en precios y déficit «elevados». En este sentido, indicó que la solución se debe buscar acometiendo «las subvenciones que se cargan a la parte regulada por decisión del Gobierno». Riera afirmó que «lo que no es positivo» es cargar contra los consumidores y las empresas por las decisiones tomadas por el Gobierno». La diputada catalana también pidió «estabilidad» para las renovables y defendió la competitividad que aporta la energía nuclear, por lo que manifestó su total respeto al Consejo de Seguridad Nuclear respecto a lo que determine sobre Garoña.

El portavoz económico del PNV, Pedro Azpiazu, recibió con agrado la propuesta socialista a la par que arremetió contra la falta de diálogo del Ejecutivo para poner en marcha la reforma energética. A pesar de que el PNV apoyó la Ley del Sector Eléctrico, Azpiazu considera que «aún se está a tiempo de llegar a un pacto que apueste por la rebaja de la factura, que la haga más digerible para las familias y favorezca la competitividad de las empresas y respete al medio ambiente».

Teresa Jordá (ERC) señaló que España sufre las consecuencias de una “burbuja eléctrica” que hace que nuestro país pueda producir “el triple de energía de lo necesario”: un panorama que, a juicio de Jordá, es “herencia” del gobierno de José María Aznar. La diputada catalana arremetió contra la llamada “puerta giratoria” que hace que políticos pasen, después de ocupar puestos en la Administración, a ocupar puestos en consejos de las compañías eléctricas. Finalmente, Jordá también criticó que se espere a después de las elecciones europeas para que empiece a funcionar el nuevo método que fijará el precio de la luz.

Por parte de Coalición Canaria, Pedro Quevedo considera que el Gobierno ha sido “hiperactivo” en materia energética con “escasos” resultados ya que “se sigue incumpliendo” el objetivo de acabar con el déficit de tarifa “mientras las compañías eléctricas tienen cada vez más beneficios y la factura es más cara”. Por ello, pidió “racionalizar” la situación del sector eléctrico y reivindicó derogar las normas que impiden el desarrollo de las fuentes renovables así como medidas para atajar la llamada pobreza energética.

Pacto versus recursos al Constitucional

La propuesta no fue bien recibida por el grupo mayoritario en el Congreso de los Diputados. El PP reprochó al PSOE que ahora quiera alcanzar un pacto de Estado en energía cuando recurre ante el Tribunal Constitucional todas las medidas que el Gobierno aprueba en esta materia. El portavoz adjunto del PP, Rafael Hernando, arremetió contra las decisiones del Gobierno de Zapatero: apuntó al «exceso de capacidad instalada», a medidas que «anularon» la competencia aplicando «primas brutales» de forma «indiscriminada» y dando «barra libre» a las comunidades autónomas para instalar determinadas tecnologías «sin planificación» así como implantando unas subastas «en un sistema oligopólico».

De este modo, según manifestó Hernando, el anterior Ejecutivo «acabó con un mix energético que había conseguido la tarifa más baja de la UE» y adoptó decisiones «que compensaban a las compañías eléctricas, beneficiando a los productores y perjudicando a los consumidores». Con estas decisiones «adoptadas en los despachos del Ministerio», dice Hernando, se permitió que «muchos hicieran mucho dinero» y «se pusieran morados mientras al conjunto de los españoles se les arruinaba de forma miserable». En este sentido, afirmó que el PP cree en las renovables «pero con una rentabilidad razonable»; la alternativa, seguir generando más déficit de tarifa, 28.000 millones y que es «una de las grandes estafas del país».

El PSOE pregunta al Gobierno por el retraso a junio del nuevo mecanismo de fijación de precios de la luz

La secretaria de Economía y Empleo del PSOE, Inmaculada Rodríguez-Piñero, ha registrado en el Congreso una batería de preguntas escritas para conocer las razones que han llevado al Gobierno a retrasar hasta el 1 de junio la puesta en marcha del nuevo mecanismo de fijación de precios de la electricidad.

En una nota de prensa, la diputada socialista recuerda que según la reforma del sector eléctrico el nuevo mecanismo que sustituirá a las subastas trimestrales Cesur debería entrar en vigor el 1 de abril. Sin embargo, el Ministerio de Industria confirmó esta semana que finalmente se aplaza esta previsión tres meses, hasta el 1 de junio.

Por eso, Rodríguez-Piñero pregunta al Ejecutivo «cuáles son las razones por las que se considera ahora que no será posible aplicar el nuevo sistema el 1 de abril» y por qué cree que el 1 de junio las empresas ya estarán listas para ponerlo en marcha.

Por otra parte, la diputada valenciana se interesa por el Plan de Instalación de Contadores inteligentes en los hogares, dado que estos mecanismos son imprescindibles para que los consumidores puedan beneficiarse de una de las tres opciones de precio que se pondrán en marcha, y que se basará en el precio real de mercado en cada momento de consumo.

En este sentido, Rodríguez-Piñero recuerda que a finales de 2010 las distribuidoras eléctricas sólo habían sustituido el 1,4% de los contadores que componen el parque nacional, frente al 30% que se había fijado como objetivo en el Plan. Estas circunstancias llevaron al organismo regulador de los mercados a fijar un nuevo porcentaje del 35% de implantación de los contadores digitales para finales de 2013.

Ante estos datos, la dirigente del PSOE quiere saber «cuántos contadores inteligentes hay instalados en los hogares españoles hoy en día y de qué tipo son, así como el «impacto que ha tenido en la factura de la luz de los hogares que lo tienen instalado» y cuántos se prevé que estén en funcionamiento el 1 de junio.

Por último, Rodríguez-Piñero se interesa por saber si el Gobierno «va a establecer normas de compatibilidad para evitar que los contadores inteligentes se conviertan en una barrera a la libre competencia», ante el riesgo de que cada empresa instale un mecanismo que no puedan utilizar el resto de empresas, y «cómo y cuándo se aprobará esa normativa».