Rajoy afirma que la decisión de reapertura de Garoña es «técnica y no política» y que depende de Nuclenor y del dictamen del CSN

Así respondió el jefe del Ejecutivo durante la sesión de control al Gobierno en la Cámara Baja, donde el portavoz del PNV, Aitor Esteban, le preguntó sobre una previsible reapertura de esta planta burgalesa, a pesar de que «esté obsoleta, amortizada» y con esta decisión vaya en contra de lo que opina la «mayoría de partidos políticos e instituciones».

Con ello, Rajoy subrayó que el Gobierno no se empecina en nada, ni tomó ninguna decisión por el momento. La decisión sobre su futuro debe ser «técnica y no política».

Es más, indicó que, para que Garoña vuelva a entrar en funcionamiento, el titular de la central (Nuclenor) debe solicitar al Ministerio de Industria una nueva solicitud de explotación antes del 5 julio y, en segundo lugar, ante esta solicitud informe, el CSN debe informar favorablemente sobre la renovación, estableciendo las condiciones de seguridad y de todo tipo que estime oportunas y convenientes.

«Estamos a la espera de los informes técnicos, creemos que son los que deben primar y ser decisivos para tomar cualquier tipo de decisión. No es verdad que esté todo el mundo en contra, hay gente que no comparte su reapertura pero hay también otros muchos que sí, como instituciones empresas, o ayuntamientos«, aseguró.

En cualquier caso, Rajoy concluyó su respuesta insistiendo en que la política energética del Gobierno se basa en un mix «diversificado, equilibrado y sostenible», desde el punto de vista económico y medioambiental, en el que se cuenten con todas las fuentes energéticas y las capacidades disponibles. «Por tanto vamos a esperar a ver si hay una petición por parte de Nuclenor y a ver que dice el CSN», sentenció.

Mientras, el portavoz del PNV insistió en que Garoña es la central atómica «más antigua» de la Unión Europea, que fue construida para funcionar 25 años y estuvo 42 años en marcha, además de ser una central que debía haberse cerrado en julio 2013 y «sorprendentemente» en 2014 este Gobierno emitió un decreto para que Nuclenor reabra la central.

El portavoz del Grupo Vasco explicó que Garoña produce 400 megavatios, el 1% de la demanda total del Estado y el 0,4% de la capacidad instalada, según datos ofrecidos por el Ministro de Industria, Energía y Turismo, que señaló en febrero que la capacidad instalada en España de producción de energía eléctrica son 100.000 megavatios y la demanda punta son 40.000 megavatios.

A juicio de Esteban, la previsible reapertura de la planta burgalesa representa una «amenaza innecesaria», especialmente teniendo en cuenta que hay núcleos de población cercanos y porque su producción energética es «insignificante», además de que está «más que amortizada».

«Es una central de primera generación cuando la inmensa mayoría de este tipo de centrales están desmanteladas y fuera de funcionamiento y por eso le pregunto por qué se empecina en ir a contra corriente. Seguro que Nuclenor lo decide pero claro, porque ustedes le habían dado esa oportunidad», apuntó.

Aralar exige el desmantelamiento de la central burgalesa

Por su parte, Aralar exigió al Gobierno central y al PP el inicio «inmediato» de las labores para desmantelar la «obsoleta y peligrosa» central nuclear de Garoña y anunció su adhesión a la manifestación convocada para este sábado en Vitoria por la plataforma «Araba Sin Garoña«, para mostrar el rechazo social a una posible reapertura de esta instalación.

La formación anunció su presencia en dicha movilización que tendrá lugar el sábado a las 19.00 horas en la capital alavesa, y realizó un llamamiento a toda la sociedad vitoriana, alavesa y vasca a secundar «ésta y cuantas movilizaciones se convoquen por el mismo motivo».

Además, exigió al Gobierno central y al Partido Popular la derogación del Real Decreto para la Gestión Responsable y Segura del Combustible Nuclear Gastado «que facilita a Nuclenor la reapertura de la central nuclear de Garoña», así como el inicio «inmediato» de las labores para desmantelar esta «obsoleta y peligrosa» instalación.

En este sentido, denunció «el peligroso precedente que se está sentando con los incesantes cambios legislativos impulsados desde el Gobierno español para prorrogar indefinidamente la actividad de una central con graves carencias de seguridad».

«La apuesta del Gobierno español, y de cuantos partidos políticos han pasado por el mismo, en favor de un sistema energético en manos privadas, poco democrático y caro –económica, social y medioambientalmente– hace que los intereses exclusivamente económicos y cortoplacistas de una élite privilegiada primen sobre el interés general y la seguridad de la población y del planeta», criticó.

Por todo ello, defendió la necesidad de «romper con ese sistema, e iniciar cuanto antes la transición hacia un modelo energético más justo y democrático, basado en el ahorro, las renovables, la eficiencia y la soberanía».