La inseguridad y retroactividad de la reforma eléctrica se graban en el mundo económico

La «vuelta al cole» ha traído a la realidad a la reforma eléctrica frente al optimismo antropológico del ministro Soria. Hay teorías de comunicación política, próximas a Goebles, que se basan en el hecho de la repetición, de forma que de la insistencia en una idea, por públicamente reiterada, se instale un pensamiento en los públicos a los que va dirigido. El hecho es que ese modelo no le está saliendo nada bien a los autores materiales de la reforma eléctrica, sino más bien al contrario. Sobre todo porque se envían mensajes erróneos a públicos equivocados.

De hecho, hoy, la retroactividad, la inseguridad jurídica y la inestabilidad regulatoria, consagradas ya en el Reino de España, son una realidad que está instalada dentro y fuera de las fronteras, más allá de la refriega interesada entre tecnologías que ha intentado desatar el Ejecutivo en forma de cortina de humo. Y, eso, es algo que en nuestro perfil internacional cuenta, y de qué forma.

Más que un road show, un show

En este caso, primero fue la malograda y extravagante «road show» de la reforma eléctrica con los mercados financieros promovida por José Manuel Soria y el acompañamiento del ministro de Economía, Luis de Guindos. Las crónicas de la misma transparentan algo gravísimo: que el Gobierno no entiende, ni ha entendido nada del funcionamiento de los mercados financieros, de los sectores empresariales y, lo que es peor, del capitalismo. Además, todo ello con una visión nihista y autárquica que no comprende la reputación que tiene hoy nuestro país en el mundo anglosajón. En todo caso, Soria a su vuelta a Madrid, como ya anticipamos, afirmó que el resultado de la famosa «road show» fue positivo.

De hecho, es público que en el propio Gobierno, inclusive en la Oficina Económica y aledaños, se ha despreciado el concepto y la necesidad de seguridad jurídica y estabilidad regulatoria, encapsulándola en un concepto de consumo interno, aceptado por el Tribunal Supremo y elaborado con calzador, como es el de «rentabilidad razonable», por discrecional y administrativamente decidida.

Por tanto, seguir defendiendo ante los mercados financieros, analistas bursátiles e inversores internacionales, teorías propias del peronismo de Cristina Kirchner, como que las empresas quieren tener beneficios, como algo justificativo de la chapuza, para atacar a los valores y a los factores que intervienen en la confianza y crédito de un país, como puede ser la estabilidad regulatoria y la seguridad jurídica, no tiene mucho sentido.

Así, el mecanismo de valoración de activos y de fijación administrativa de la rentabilidad razonable, ha pasado a ser de «rentabilidad variable» como en el pronóstico meteorológico y es, sencillamente, injustificable ante los mercados. Del mismo modo, abominar del pasado regulatorio del país en términos adanistas es algo que no ocurre en ningún gobierno occidental y resulta un castigo no justificado a los sectores empresariales de la energía como se ha comprobado por las bolsas.

En esa línea, se sitúa una brumosa apelación a la existencia de resultados de las empresas (¿?), mezclando actividades y negocios interiores y exteriores, sin mucha finura ni precisión, con la exclusiva voluntad de expropiar a las empresas. Esquemáticamente, el argumento es: se nos han ido de las manos (por decisiones políticas españolas) los costes regulados; los gobiernos, en España, controlamos los precios de la energía al consumidor por debajo de los costes decididos en las esferas políticas; abordar esta subida es una cuestión que no podemos asumir ni en lo político ni en lo presupuestario (además de no convencer a Hacienda); las empresas tienen beneficios empresariales «grosso modo» fuera o dentro del país. Por tanto, los daños deben apechugarlo las empresas, los accionistas y la inversión. Y, los mercados financieros tienen que entender esto, sí o sí. Así de crudo.

Además, la Comisión Nacional de Energía, ya de cuerpo presente y con ganas de hacer un roto considerable al Gobierno tras su devastación pavorosa, ha dado un fuerte varapalo a las primeras piezas regulatorias de la reforma. Donde más le duele. Sobre todo porque más allá de las cuestiones más incidentales (el guiño al autoconsumo y su apoyo a la discriminación positiva en términos fiscales para fomentarla) ha reforzado, reformado y acuñado, a nivel nacional e internacional, el marchamo de ser retroactiva, de generar inseguridad jurídica y regulatoria.

Da igual la justificación que quiera esgrimir el Ejecutivo como cobertura de todas estas críticas a los desmanes cometidos. La reforma se alargará y su cuestionamiento es creciente porque los mercados y empresas no pueden tener confianza. El hecho es que ya está instalada la idea inseguridad jurídica y regulatoria, dónde más relevante es. A sangre y fuego y en letras capitulares.