La CNE ve «incertidumbre» y «falta de concreción» en la nueva normativa renovable y discrepa sobre su trato diferenciado para las Islas Canarias

El regulador realizó estas consideraciones en su informe sobre la propuesta de real decreto, incluida dentro de la reforma energética aprobada en julio, remitida por el Ministerio de Industria acerca de la regulación de la actividad de producción eléctrica a partir de fuentes renovables, cogeneración y residuos, por la que se sustituye el sistema de primas por uno que garantiza una determinada rentabilidad a lo largo de la vida útil de la planta.

En cuanto al nuevo modelo de retribución a las renovables, recordó que la rentabilidad razonable antes de impuestos fue definida como el resultado de las obligaciones del Estado a diez años en el mercado secundario más con un diferencial de 300 puntos básicos. Además, hay revisiones periódicas para evitar tanto la «infra-retribución» como la «supra-retribución».

Este nuevo esquema, aseguró, presenta «grandes incertidumbres para su aplicación a las aproximadamente 60.000 instalaciones existentes, ya que su aplicación depende de una serie de parámetros estándar que serán definidos en la orden de desarrollo del real decreto» y que todavía no han sido definidos.

Por ello, el regulador energético propuso fijar un «término de inversión» para el cálculo de la retribución, que recoja todos los costes no recuperados por la planta.

La CNE también «echa en falta» la definición del concepto de número estándar de horas equivalentes de funcionamiento por instalación tipo y advirtió además de que, tal y como está concebida la propuesta, el término de retribución a la inversión puede alcanzar valores negativos, lo que «podría considerarse incompatible con el diseño de un régimen retributivo específico que persigue fomentar este tipo de producción», por lo que solicitó que quede «expresamente excluida» de esta norma.

Al aludir al caso de Canarias, la CNE consideró en el informe que «no parece conveniente el establecimiento de una retribución adicional aplicable a las instalaciones situadas en los sistemas no peninsulares».

A su juicio, el fomento de la generación a partir de fuentes de energía renovable, cogeneración de alta eficiencia y residuos «debería seguir siendo tratado de manera homogénea en todo el territorio nacional», ya que estas instalaciones «son tan ventajosas en la península como fuera de ella, dado que con ellas se reduce la dependencia energética y las emisiones de CO2 globales», al tiempo que se cumplen los objetivos comunitarios.

En su informe, el regulador también destacó que el nuevo sistema de retribución a las renovables no tiene parecido con ninguno de los aplicados en la Unión Europea ni con los de «otros países de cuyos sistemas de apoyo se tiene conocimiento a través de asociaciones internacionales de organismos reguladores».

Además, como ya ha hecho en otros informes a normas incluidas en la reforma energética, el organismo criticó la urgencia con el que se le planteó la propuesta, lo que no garantiza la participación efectiva de los distintos «agentes involucrados».

Esta circunstancia es aún más gravosa «cuando se solicita informe sobre una nueva metodología de retribución que afecta tanto a instalaciones nuevas como a existentes sin conocer el valor de los parámetros que dotarán de sentido económico dicha metodología», y cuando «la memoria que acompaña a la propuesta es muy escueta y no aporta justificación para gran parte de los cambios introducidos», que serán posteriormente desarrollados en una orden ministerial, a pesar de que «este modelo es novedoso, pues no tiene reflejo» en la Unión Europea.

El informe de la CNE parte de las 63 alegaciones que recibieron de gobiernos regionales, compañías eléctricas, y de asociaciones de renovables, entre otros.