La CNE pide al Gobierno justificar mejor la nueva retribución a las energías renovables y la distribución

Esta nueva retribución es uno de los pilares de la reciente reforma energética, con la que el Gobierno quiere acabar con el déficit de tarifa y que incluye tanto recortes a las actividades reguladas como mecanismos para compensar automáticamente cualquier desviación en los desajustes del sistema eléctrico.

Al pedir una mejor justificación de la medida, la CNE recomienda dar más visibilidad en la nueva LSE al WACC (coste medio de capital). Si el Gobierno garantiza una rentabilidad equivalente a las obligaciones del Estado a diez años más un diferencial, el regulador propone definir la rentabilidad como la diferencia entre el WACC (coste medio de capital) de referencia y el rendimiento de las obligaciones del Estado.

En esta línea, propuso que antes del inicio de cada periodo regulatorio de seis años y dentro de la revisión de los parámetros de retribución se incluya el cálculo del WACC de referencia de cada actividad.

Esta propuesta aparece recogida en el informe de la CNE acerca del anteproyecto de Ley del Sector Eléctrico remitido por el Gobierno, en el que el regulador vuelve a quejarse del «insuficiente» tiempo concedido por el Ejecutivo para analizar el anteproyecto de ley y las alegaciones. De forma detallada, el documento desglosa más de un centenar de cambios y consideraciones sobre el complejo anteproyecto de ley, que valoró muchos de los cambios planteados en la normativa.

Al pronunciarse sobre los nuevos mecanismos de ingresos y costes del sistema eléctrico, el organismo presidido por Alberto Lafuente pidió además que las auditoras que se adjudiquen el control, análisis o auditoría de la información utilizada en el cálculo de actividades reguladas no puedan establecer relaciones contractuales con las empresas afectadas por estas retribuciones.

El informe, aprobado por el Consejo de la CNE a finales de julio y publicado ahora, contempló de forma positiva el nuevo mecanismo de corrección automática del déficit de tarifa, por el que el desajuste anual no podrá superar el 2,5% de la previsión de ingresos, ni el déficit acumulado el 10% de dichos ingresos. No obstante, pidió que se justifiquen los motivos por los que se fijan estos porcentajes.

Tampoco se mostró en contra de que sean los participantes en las actividades reguladas los que financien el déficit de tarifa, y no sólo las cinco grandes eléctricas, pero pidió que la devolución de esta financiación se realice en dos años, en vez de en cinco. Eso sí, las empresas financiadoras podrán disfrutar de un tipo de interés equivalente a quince años.

Por otro lado, la CNE propuso al Gobierno que fije por ley un nuevo procedimiento «transparente, sencillo y gratuito» que permita a los consumidores poner en conocimiento de las entidades alternativas de resolución de conflictos de consumo los problemas que tengan con su suministro eléctrico.

Las resoluciones que se dicten como parte de este procedimiento, según la recomendación del regulador, podrán obligar a la devolución de los importes indebidamente facturados por parte de las eléctricas o cualquier medida de restitución de los derechos e intereses legítimos de los afectados.

El regulador solicitó también que se reconozca la misma protección tanto a los consumidores que cuenten con un contrato regulado como a los que se encuentren en el mercado libre.

Otro de los puntos en los que hizo énfasis el regulador es el del derecho de acceso a la red para productores y consumidores que, frente a la postura del Gobierno, que lo condiciona a la sostenibilidad del sistema, el regulador considera un pilar básico de la liberalización y, por ello, rechazó que se fijen condicionantes. Por ello, exigió que no haya «trato discriminatorio» para asignar los costes para el autoconsumo.

Dentro del mercado eléctrico, la CNE propuso modificaciones en las subastas trimestrales Cesur para fijar el coste de la energía, pero sólo para dar cabida al previsible mayor número de comercializador de último recurso, que antes era de cinco y que ahora podrá ampliarse. Los cambios también afectan a los periodos de entrega de los productos.

Otras recomendaciones se refieren a incluir los ingresos de los agentes que exporten electricidad a países no comunitarios o a pasar el coste del servicio de interrumpibilidad a la parte del mercado, y no de los peajes.

También propuso incluir unos principios generales para que haya más competencia y eficiencia en los sistemas extrapeninsulares. Además, señaló la falta de referencia al cumplimiento de los objetivos europeos en temas ambientales, de eficiencia energética o de desarrollo del mercado interior de electricidad.

El Gobierno desveló a mediados de julio las claves de una profunda reforma del sector eléctrico en España que busca acabar con el déficit de tarifa, un desfase generado al ser los ingresos insuficientes para cubrir los costes.

En ese momento, remitió a la CNE toda la batería normativa que compone la reforma eléctrica (ocho decretos y cuatro de órdenes ministeriales, además del anteproyecto de ley eléctrica) que debía analizarla, recibir alegaciones y emitir los informes preceptivos.