José Manuel Soria asegura que la reforma energética conducirá a un sistema «estable» e incluirá «resortes» para una adaptación a los cambios

Soria hizo estas manifestaciones en Boo de Guarnizo (Cantabria), en donde asistió a la conmemoración del centenario de la fábrica de Ferroatlántica, acompañado por el presidente del grupo Villar Mir, Juan Miguel Villar Mir, y por el de Ferroatlántica, Pedro Larrea.

El ministro defendió la reforma energética aprobada por el Consejo de Ministros en julio, aunque, según indicó, el Ejecutivo es consciente de que contiene «medidas dolorosas» y que no iban a ser «fácilmente aceptadas».

Soria afirmó que el problema del déficit eléctrico es «difícil» y «complejo», y manifestó que, como suele ocurrir con este tipo de cuestiones, su solución «no es fácil». Y apuntó que, durante 2012 y 2013, el Gobierno adoptó medidas para tratar de subir los ingresos en el sector eléctrico y bajar los costes.

Asimismo, los presidentes de los grupos Villar Mir y Ferroatlántica alertaron del impacto del coste eléctrico en las empresas.

Tanto Juan Miguel Villar Mir como Pedro Larrea incidieron en que el precio de la energía en otros países del entorno de España es inferior, ya que en este país se paga, por ejemplo, «algo más del doble» que en Francia por kilovatio/hora, comentó el presidente del grupo Villar Mir.

Villar Mir hizo hincapié en que Ferroatlántica es una industria «muy intensiva» en cuanto a consumo eléctrico y, por eso, pidió a Soria que se adopten medidas para paliar el impacto de ese coste.

«El ministro sabe que jamás hemos pedido ni una ayuda, ni una subvención, ni una prima. No pedimos más que poder trabajar en paz«, comentó el presidente del grupo Villar Mir, que en 1992 adquirió la división de ferroaleaciones de Ferroaleaciones y Electrometales (FYESA), dando lugar a la nueva Ferroatlántica.

Larrea, por su parte, expresó al ministro la «preocupación» del grupo Ferroatlántica por algunas disposiciones de la normativa, en concreto la gestión de la demanda.

Villar Mir recalcó la necesidad de «resolver el coste de la energía» pues, de lo contrario, «puede llegar un día» en que Ferroatlántica «no pueda estar» en los cinco países en los que se encuentra presente actualmente porque no le sea posible competir, advirtió.

Soria defiende el autoconsumo, aunque habrá que pagarlo

Por otro lado, el ministro fue cuestionado por la posibilidad de que se vaya a penalizar la generación doméstica de energía a lo que respondió que el Gobierno «impulsa» el autoconsumo y «le parece muy bien» que las familias establezcan en sus hogares un sistema autónomo de generación siempre que consuman «exactamente» la energía que producen.

En caso de que no consuman la totalidad de la energía generada, el Gobierno «participa de la idea» de que esa energía restante «pueda ser vertida a la red» pero con «una particularidad»: pagando una parte de la financiación de esa red energética.

«Si no la paga quien produce su propia energía, quien no la consume y la vierte a la red, resulta que el resto de los consumidores estaremos pagándole justamente el uso de esa infraestructura», lo que significa que «lo vemos en nuestro recibo de la luz», explicó Soria.

Así, el ministro concluyó diciendo «autoconsumo sí, verterlo a la red también, pero si no le importa si usted usa la red también tiene que pagarla».

El pago de ese peaje es una de las críticas de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, que se concentró en la UIMP para expresar su rechazo a la reforma, que consideró como un ataque a las energías renovables

En opinión de este colectivo, la reforma «pretende negar a los ciudadanos la posibilidad de decisión a la hora de producir y gestionar la energía que consume».

Asimismo, su portavoz, Jorge Calella, indicó que están en contra de la reforma energética promovida por Soria porque «penaliza gravemente la mayor riqueza que tiene España en este momento, que es el sol».

«La realidad es que en este momento las energías renovables podrían ser la solución a la crisis económica porque podrían crear más de 20.000 empleos directos con una inversión mínima de menos de 1.000 millones de euros«, consideró Calella, que manifestó que por ello su colectivo no entiende como «el Gobierno se empeña incluso en amenazar con multas de hasta 30 millones de euros por poner una placa solar en el tejado de una casa».

En este punto, explicó que si una familia quiere poner placas solares está «obligada a pagar un peaje de respaldo que no tiene ningún sentido y que es como si cuando cultivamos tomates en nuestra huerta nos obligaran a pagar a las grandes superficies un peaje por no comprárselos a ellos».

Por todo ello, apuntó que «se está perdiendo una oportunidad para emprender una senda» que llevaría España «al final de la crisis mucho antes», concluyó.