Rivero seguirá adelante con sus acciones jurídicas para que ninguna petrolera pueda buscar petróleo en aguas próximas a las Islas Canarias

La batalla continúa. «Seguimos en todos los frentes jurídicos porque queremos garantizar que en el futuro no solamente Repsol sino ninguna otra petrolera sea autorizada a llevar a cabo prospecciones en las aguas del entorno de Canarias en coherencia con el modelo de desarrollo que defendemos», anunció Paulino Rivero. Así, el presidente canario indicó que siguen adelante tanto las quejas presentadas en Bruselas como los expedientes que se tramitan en el Tribunal Supremo y el Constitucional, así como el informe encargado al magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín sobre una posible arbitrariedad en las decisiones del Gobierno en relación con las autorizaciones de las prospecciones en Canarias.

Si se hubiese producido esa arbitrariedad en Canarias con respecto a otros lugares como Baleares, donde el Ministerio de Medio Ambiente desaconsejó un proyecto de prospecciones, y «si se derivaran responsabilidades, incluso penales», el Gobierno autonómico de Canarias «impulsará las acciones que sean necesarias», advirtió Rivero, que insistió en que la decisión de Repsol de no continuar con sus prospecciones, supone que «la batalla la ha ganado la sociedad canaria».

A su juicio, el hecho de que Repsol se haya retirado «a la primera de cambio» se debe a que la empresa y, especialmente, sus accionistas, «son conscientes de que para su imagen no ha venido nada bien este empeño» en el proyecto. Además, Rivero atribuyó este empeño a «la presión del regulador, el Ministerio de Industria«, ya que, según dice que le comunicaron los propios accionistas, esas actividades «no estaban en sus planes estratégicos». Finalmente, aunque Rivero desea que la multinacional siga llevando a cabo «sus actividades como empresa» en las islas, puntualizó que espera que estas «no tengan nada que ver con agredir al medio natural del archipiélago».

Repsol tiene que abandonar primero

Por su parte, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, anunció que su departamento pondrá en marcha el «mecanismo de penalización» previsto en el real decreto de autorización de las prospecciones de Repsol en aguas próximas a Canarias cuando la empresa le comunique de manera oficial el abandono de los sondeos, puesto que además del realizado tiene otro más autorizado, ya que de momento la petrolera no comunicó nada a este respecto.

Fuentes de Industria señalan que la autorización incluía la obligación de realizar, al menos, dos sondeos y que el incumplimiento de este requisito podría constituir una falta grave y sanción. Hace una semana, Repsol anunció que renunciaba a continuar con el proyecto tras la realización de un único sondeo, después de hallar gas con una calidad y cantidad insuficiente para hacer atractiva su explotación comercial. Así, una vez que Repsol renuncie oficialmente a realizar la segunda prospección, Industria abrirá un expediente en el que se determinará el alcance de esta falta y, en su caso, el importe de la sanción.

Además, ante la posibilidad de que la compañía traslade el permiso a sondeos en otras zonas de España, el ministro de Industria explicó que no es posible, ya que dicha opción se contempla en caso de que no se haya llevado a cabo la inversión mínima prevista en los trabajos, cifrada en 20 millones de euros cuando la realidad es que Repsol ya invirtió en sus prospecciones en Canarias más de 150 millones de euros.

Por otro lado, el ministro criticó «la irresponsabilidad» del Gobierno canario por haber estado anunciado durante los últimos tres años que, «como consecuencia de estos sondeos, investigaciones y prospecciones, se iba producir la mayor catástrofe medioambiental de la historia de España«. «Se han hecho estos sondeos, investigaciones y prospecciones y han dado resultado negativo, pero, afortunadamente, no ha habido ningún tipo de las catástrofes anunciadas», prosiguió el titular de Industria.

«Una colosal reserva de crudo»

Helmut Moya Meyer, uno de los seis magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que han supervisado la legalidad de las prospecciones petrolíferas, el mismo que emitió en su día el voto particular a favor de la suspensión de los trabajos de Repsol por apreciar defectos legales en el proceso seguido para su autorización, considera ahora que la petrolera podría ocultar «una colosal reserva de crudo» y que su «huida» puede ser «táctica«.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC dictó un auto esta semana por el que se ratifica en las razones que le llevaron a defender que no procedía suspender cautelarmente las prospecciones autorizadas a Repsol al este de Lanzarote y Fuerteventura. El auto está fechado el pasado viernes, mismo día en el que la petrolera anunció públicamente que abandonaba su proyecto exploratorio en Canarias.

Esta vez, Helmut Moya Meyer plantea en su voto discrepante que los ministerios de Industria y Medio Ambiente han podido incurrir en «desviación de poder» para garantizar a Repsol los permisos, con un «inexplicable abandono del principio de cautela» y una actuación «orientada desde un principio a remover todos los obstáculos que se opusieran a la aprobación del proyecto». Pero, además, subraya que no se cree que Repsol haya decidido retirarse de Canarias por no haber encontrado nada de valor.

«Si se decide a hacer unas prospecciones en un punto muy concreto, arrostrando todas las consecuencias de la fuerte oposición social e institucional que el proyecto suscitaba, es porque se tienen algo más que indicios de la presencia de crudo en el subsuelo», alega. Meyer sostiene que «no es difícil pensar» que la campaña sísmica que Repsol realizó en la zona hace años, le permitió detectar «una colosal reserva de crudo, que le decidió a afrontar todo el desgaste que iban a suponer las prospecciones«.

«Así que resulta curioso que se diga que solo se han detectado pequeños depósitos, de los que no se informó durante la ejecución de las catas», añade. La voz discrepante de la Sala sostiene que «no se entiende que sea abandonado, el pozo Sandía y la posibilidad de una segunda cata, sin dar una explicación suficiente de las verdaderas razones que se ocultan detrás de esa decisión», lo que le inclina a pensar que Repsol se va en una «huida táctica«, ya que a «no ha renunciado a las autorizaciones».