España suma su décima demanda de arbitraje por la normativa renovable

Según la información publicada por el CIADI en su página web, la demanda presentada por Steag, que estará representado por el despacho de abogados Clifford Chance, se registró este miércoles ante los tribunales internacionales por la vulneración de los principios de respeto a la inversión extranjera de la Carta de la Energía.

Esta compañía alemana es propietaria de parte de la central termosolar Arenales Solar, de 50 megavatios (MW) de potencia instalada y ubicada en Morón de la Frontera (Sevilla), una participación que compró en 2012 a la quebrada Solar Millenium.

Esta planta de colectores parabólicos dispone de un sistema de retención de calor mediante sal que le permite producir electricidad incluso siete horas después de la puesta de sol.

Su denuncia contra España es la segunda del año y se conoce unos días después de que un consorcio formado por ocho empresas alemanas registrase su demanda ante el CIADI. En este consorcio participa la eléctrica alemana RWE, que ya había presentado por separado otra demanda.

El tribunal del arbitraje también recibió demandas en contra de España por parte de Infrared, Masdar, Eiser, Antin y RREEF, que ya cuentan con tribunales constituidos para analizar su caso, así como de Renergy y Nextera, que se encuentran a la espera del análisis de las alegaciones presentadas en ambos casos a mediados de noviembre por una parte ajena a la disputa.

Las demandas basadas en cuestiones renovables se sucedieron desde 2013, presentadas por diversas empresas y fondos que invirtieron en plantas eólicas o solares en España.

La normativa renovable española, que colocó al país como uno de los destinos de inversión más atractivos del mundo en este ámbito, sufrió numerosos cambios desde 2010, con lo que se redujo progresivamente la retribución de las plantas.

Así, entre otras cuestiones, se redujo el periodo de tiempo con derecho a prima, se bajaron las subvenciones y se acotaron las ayudas a la solar fotovoltaica, y en especial, a la termosolar, a un determinado número de horas anuales, a través del real decreto ley 14/2010.

Posteriormente, ya con el actual Gobierno, se estableció un impuesto a la generación eléctrica y más tarde se sustituyó el mecanismo de primas por una «retribución razonable» a lo largo de la vida útil de cada planta que, en la práctica, ha supuesto un recorte.

Las once demandas de arbitraje que acumula España en el CIADI, diez por renovables y otra del ámbito de la construcción presentado por el grupo inmobiliario Inversión y Gestión de Bienes (IGB), la colocan como el cuarto país con más casos abiertos, por detrás de Venezuela, Argentina y Egipto.

Frente a estas reclamaciones internacionales, el Gobierno se mostró «muy tranquilo» en todo momento, ya que, a su juicio, la normativa no discrimina entre empresas españolas y extranjeras, en palabras del secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal.

Tras conocerse hace un año el primero de estos litigios contra España, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, indicó que las firmas internacionales aspiraban a rentabilidades del 20%, lo que «no ocurre en ningún país del mundo, porque si eso ocurriera el resultado sería que el sistema eléctrico simplemente quebraría».