El Decanato envía al juzgado 4 de Vinaròs la denuncia de Fiscalía por la concesión de explotación de Castor

La denuncia de Fiscalía se dirige contra los responsables del Instituto Geológico y Minero, del Ministerio de Medio Ambiente y del Ministerio de Industria que intervinieron en la tramitación de la concesión de explotación del Castor, así como contra la mercantil Escal UGS. Las instalaciones de almacenamiento de Castor cesaron su actividad de forma temporal en septiembre de 2013 por orden del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, tras la actividad sísmica detectada en la zona, con el fin de solicitar información al Instituto Geográfico Nacional para conocer si los movimientos estaban relacionados con los trabajos realizados en la planta.

El Instituto Geográfico Nacional comenzó a detectar actividad sísmica en septiembre de 2013 e inició un seguimiento especial debido al incremento diario de la actividad. Inicialmente, la localización de los epicentros se situó en torno a la plataforma instalada para ejecutar el citado proyecto y en su informe concluyó que existía una «relación directa» entre la planta Castor y los movimientos. Escal UGS, concesionaria de la explotación, realizaba trabajos que, en el momento en el que se detectaron movimientos sísmicos, se centraban en la inyección del gas colchón, utilizado para adecuar el almacenamiento a las inyecciones y extracciones de gas propias de un almacén gasista.

La Fiscalía de Castellón acordó en octubre de 2013 incoar diligencias de investigación penal con el objeto de esclarecer las causas de los movimientos sísmicos que se estaban produciendo en la zona norte de la costa de la provincia en el entorno del almacén subterráneo de gas natural Castor. Tras las investigaciones realizadas, la Fiscalía de Castellón decidió denunciar a los responsables que tramitaron el proyecto por presunta prevaricación medioambiental.