La AEE afirma que el Gobierno ha modificado la normativa al no lograr inversión eólica en las Islas Canarias

La patronal señaló que Industria entendió que las condiciones planteadas por la reforma energética para la instalación de los nuevos 450 megavatios (MW) eólicos en Canarias, con unas ayudas especiales, «no eran idóneas» y decidió modificar la normativa debido a que «sólo 15 MW, el 3,33% de la potencia prevista, ha mostrado interés en registrarse antes de que finalizase el primer plazo establecido». Por este motivo, amplió hasta el 31 de diciembre de este año el plazo de inscripción.

Según la AEE, el Gobierno, que pretende acelerar la instalación eólica en Canarias para reducir el coste de la generación eléctrica y ahorrar costes (el sobrecoste por producir con energías convencionales en las islas se eleva por encima de los 1.800 millones de euros anuales), «se ha visto obligado a eliminar algunos de los obstáculos pendientes».

Así, tanto la AEE como la Asociación Eólica Canaria (Aeolican) advirtieron de que Canarias «no se puede aislar de lo que ocurre en el resto de España, donde se han frenado las inversiones como consecuencia de la inseguridad jurídica que ha traído consigo una reforma energética que cambió de modo retroactivo el marco regulatorio anterior» y consideró que la nueva normativa discrimina a los parques ya instalados.

La reforma energética del Gobierno, aprobada en julio de 2013, incluía un cambio en las subvenciones de las renovables, que pasaban de primas a la producción a una retribución razonable a lo largo de la vida útil, lo que redujo las ayudas para muchos proyectos e incluso las suprimió en algunos parques, al considerar que ya habían recibido esta retribución razonable.

De esta manera, la patronal, que estimó que la instalación de los 450 MW eólicos en Canarias supondría una inversión de unos 630 millones de euros y la creación de aproximadamente 3.500 empleos en los años de construcción de los parques (2015-16) y entre 1.000 y 1.400 puestos de trabajos fijos en las islas, propuso que los parques existentes en Canarias «perciban un incentivo a la reducción de costes de generación durante toda su vida útil, de modo que no haya discriminación con las demás tecnologías de generación» previstas en la reforma energética, que sí recibirán estas ayudas.