Las renovables piden al Supremo que Industria aporte los informes de Boston Consulting y Roland Berger sobre su retribución

La denominada como reforma energética, aprobada por el Gobierno en julio de 2013, incluyó un cambio en la retribución de las renovables, la cogeneración y los residuos, que pasaban de un sistema de primas a la producción a una rentabilidad razonable a lo largo de la vida útil de la planta. Esta retribución se aplica sobre unos determinados parámetros de inversión, calculados por el Ministerio en función de criterios como la antigüedad de la planta o su ubicación, es decir, independientes de los costes reales.

Para el cálculo de estos parámetros, el Ministerio de Industria encargó informes a las consultoras privadas Roland Berger y Boston Consulting, que posteriormente fueron utilizados por el Idae para elaborar el documento definitivo pero que nunca salieron a la luz. Ante esta circunstancias, APPA considera que el Ministerio de Industria «obstaculiza el procedimiento judicial contra la orden de parámetros retributivos de las renovables al no aportar los informes». APPA, representada en esta causa por la firma Holtrop SLP Transaction & Business Law, considera que el expediente administrativo remitido por Industria al tribunal está incompleto, ya que, al haber pruebas suficientes de que los informes fueron encargados, «tiene la obligación» de aportarlos para poder «elaborar una demanda con plenas garantías judiciales».

La asociación señala que el escrito incide en una solicitud que no es nueva y explica que la petición se formula como parte de la demanda presentada por APPA contra la orden de parámetros retributivos de las energías renovables. Los informes, afirma, son «fundamentales para estudiar todos los extremos suscitados en el litigio que la asociación mantiene con el Ministerio de Industria», si bien el departamento dirigido por José Manuel Soria no ha aportado aún este documento, «a pesar de que hace más de dos meses que se requirieron judicialmente«. «Con su silencio al no aportar los informes, el Ministerio está obstaculizando la ampliación del expediente y ralentizando el procedimiento judicial, sin justificación aparente», afirma.