El PSOE recurre al Constitucional el pago «a tocateja» de la indemnización por hibernar Castor

Los encargados de presentar el recurso fueron el portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Antonio Hernando; los secretarios adjuntos del Grupo Socialista, Francesc Vallès y José Luis Ábalos, y el secretario de Reformas Democráticas del PSOE y líder del PSOE en la Comunidad Valenciana, Ximo Puig. El recurso se dirige contra el decreto por el que se procede a la hibernación, al cierre temporal, del almacén de gas Castor, situado frente a las costas de Castellón y Tarragona, y se fija una indemnización de 1.350,7 millones de euros para la concesionaria, Escal UGS, participada mayoritariamente por ACS.

Puig explicó que con este recurso pretenden «amparar el interés general» de todos los ciudadanos, «que se está viendo afectado» por las decisiones del Gobierno. En este sentido, argumentó que en apenas 30 días el Ejecutivo abonó la indemnización sin apenas «intentar» averiguar qué pasó realmente para que Castor no pudiera funcionar. Es una decisión «injusta», aseguró el diputado socialista, porque se toma en beneficio de un interés «particular», el de las empresas concesionarias, y no del interés general de los consumidores. De hecho, en el recurso denuncian la aparente «renuncia» del Gobierno a «imputar al concesionario cualquier responsabilidad en lo sucedido en el almacenamiento y su puesta en servicio«.

Por su parte, Vallès aseguró que los ciudadanos están «hartos» de que el PP «anteponga» esos intereses económicos de empresas a los personales y territoriales. Consideró además «una desvergüenza» que se haya «sacado de la manga» más de 1.300 millones para pagar «a tocateja» esa indemnización «casi sin mirar la factura y con una celeridad inaudita«. Además, este dinero será pagado por todos los ciudadanos en su recibo del gas durante los próximos treinta años, denunció. Por ello, los socialistas cuestionan en el recurso si «no hubiese sido descabellado haber planteado un esquema de reparto del coste entre el concesionario y los consumidores más equilibrado«.

Un sobrecoste de 200 millones

A este coste habrá que añadir además «otras partidas aún indeterminadas» que se derivarán del coste que suponga mantener el almacén en estado de hibernación y, en caso de que se adopte la decisión de desmantelarlo, el gasto correspondiente a la operación, según explica el documento. En este sentido, los socialistas criticaron también que se descarte financiar la compensación mediante deuda pública en lugar de a través de financiación en los mercados y estima que la alternativa adoptada por el Gobierno supondrá «un sobrecoste de casi 200 millones de euros«.

Por último, critica que la decisión de mantener Castor en estado de hibernación no soluciona la «compleja situación técnica existente» sino que la posterga. En conjunto, los socialistas creen que en el proceso de aprobación del Decreto-ley «ha faltado transparencia y publicidad» sobre los informes disponibles acerca del proyecto y de los fallos sísmicos presuntamente causados desde el inicio de los trabajos relativos al almacenamiento de gas, así como el coste total de la operación.

Los socialistas reconocen que «parece que con la información disponible se puede descartar el dolo» pero arguyen que dado que «la instalación no se ha llegado a entregar en condiciones de operación y que, por mucho que el almacén Castor se trate de un proyecto planificado por una concesionaria del Estado, y con retribución regulada y reconocida, el sistema concesional no debería, al menos inicialmente, implicar que el concesionario no asume riesgo alguno en la operación». La reclamación del PSOE se une al recurso de inconstitucionalidad presentado por la Generalitat de Cataluña el pasado 23 de diciembre de 2014, al considerar que se da una falta de justificación y proporcionalidad.

En septiembre de 2013, el Gobierno suspendió la actividad de inyección de gas en el almacenamiento subterráneo Castor después de que se registraran cientos de pequeños seísmos en los alrededores. Mientras tanto, la sociedad promotora Escal UGS, propiedad en un 67% de ACS, decidió renunciar a la concesión del almacenamiento, lo que, de acuerdo a la normativa que rige el proyecto, le daba derecho a una indemnización por valor de la inversión menos las cantidades que ya hubiera cobrado, esto es, 1.350 millones de euros.

Los tribunales tienen que pronunciarse

El delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Serafín Castellano, considera «razonable» que los tribunales de justicia sean los que determinen «si el anterior gobierno actuó bien o mal» respecto a la instalación del proyecto de almacén gasista Castor frente a la costa de Castellón y Tarragona. Así lo indicó respecto al recurso presentado por el PSOE en el Tribunal Constitucional, afirmando que «todo lo que está en manos de la justicia hay que respetarlo» y asumir las resoluciones judiciales.

Castellano opina que «cualquier cuestión sobre la que caiga algún tipo de duda hay que aclararla» y que, por tanto, «si ahora en cuanto a los procedimientos en cuanto a la instalación ha habido algún tipo de duda, lo razonable es que sean los tribunales de justicia los que lo digan». Además, defendió que «el actual Gobierno de España actuó como tenía que hacerlo: anulando cualquier tipo de riesgo que pudiera tener Castor en cuanto a los movimientos sísmicos y la seguridad de la zona y de la población«, algo de lo que el Gobierno se ocupó en primer lugar hasta que quedó «totalmente garantizado».