La mayoría de la oposición se compromete a no reabrir Garoña

«Los grupos políticos firmantes de esta declaración nos comprometemos a no reabrirla tan pronto las circunstancias legislativas lo permitan, y abogamos por un nuevo modelo energético que deje atrás la energía nuclear, tras un periodo de transición hacia ese nuevo modelo energético», reza la declaración que todos ellos firmaron al término del acto.

En el escrito, los firmantes aseguraron que «ha llegado el momento de ser desmantelada» esta central, cerrada desde hace dos años y con más de 40 años, «presenta graves déficits de seguridad y es gemela al reactor número 1 de la central japonesa de Fukushima, tristemente famosa por protagonizar un grave accidente nuclear» en 2011. «Nunca debe volver ponerse en marcha».

Igualmente, acordaron que el desmantelamiento, de producirse, contará con un calendario no inferior a siete años, tiempo «más que suficiente» para desplegar el plan de reactivación de la zona al 100%.

Así, reclamaron que el actual proceso puesto en marcha por el Gobierno para reabrir Garoña no presuponga la adopción de «decisiones irreversibles» desde el punto de vista económico, que supongan un coste a los ciudadanos en el futuro, si la central no se reabre.

Este compromiso fue suscrito por el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), La izquierda Plural, ERC, Compromis, Equo, Nueva Canarias, Amaiur, BNG y Geroa Bai.

Para los firmantes, la decisión en diciembre de 2012 de Nuclenor, sociedad participada al 50% por Iberdrola y Endesa, de paralizar la actividad de la central, demostró «desde el punto de vista energético», que es «innecesaria» porque «durante su cierre no ha habido ningún problema de abastecimiento energético».

En la presentación de este escrito en la Cámara Baja, el diputado burgalés del PSOE y secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, explicó que la declaración firmada este jueves «supone un buen paso que tiene como objetivo el compromiso de no permitir la reapertura de la central de Garoña y alcanzar un compromiso de consenso en esta materia para ir hacia un modelo de transición energética; modelo en el que vayamos prescindiendo paulatinamente de las centrales nucleares y en todo caso y principalmente, la central de Santa María de Garoña».

Tudanca lamentó que el Gobierno está utilizando el caso de la nuclear para avanzar en su agenda de alargar la vida de las atómicas hasta lo 60 años, y por ello plantea alargar 17 años más la vida de Garoña. Igualmente, consideró que el plan de cierre debe ir acompañado de un plan de reactivación económica de la zona.

Pedro Azpiazu, del PNV, consideró que esta decisión responde a un «empecinamiento del Gobierno» ni desde el punto de vista técnico ni de suministro. «Si el Gobierno no tiene a bien este cambio que proponemos que cuando las mayorías cambien» llegar al compromiso de no reabrirlo.

Desde Compromis, Joan Baldoví, destacó que este pacto responde «al sentido común» que a su juicio ha perdido el Ejecutivo porque sus intereses priman por encima de la seguridad de la gente. «Es ser irresponsable con los ciudadanos», apostilló.

El portavoz de Equo, Juan López de Uralde, señaló que se trata de una declaración viva y que quiere buscar adhesiones también en la sociedad porque el objetivo es enviar un mensaje al Gobierno y a Nuclenor de que Garoña no se va a abrir en cuanto haya un Ejecutivo distinto.

«Por tanto no vamos a aceptar el chantaje de asumir como ha ocurrido con Castor, asumir costes posteriores sobre presuntos beneficios que se dejarían de obtener si Garoña se hubiera reabierto«, aseguró.

El diputado de Amaiur, Xabier Mikel Errekondo, estimó que reabrir la central responde a un ataque frontal a la salud de las personas y al medio ambiente, energéticamente es «innecesario», y económicamente es «una ruina» que beneficia a ciertas empresas energéticas.

En opinión de la diputada del BNG, Rosana Pérez, destacó que el PP en política energética gobierna «sólo para unos pocos» y va «en contra» de la inmensa mayoría social, como pasa en Canarias y con otras cuestiones relacionadas.

Finalmente, el diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, criticó que reabrir la instalación atómica responde a intereses particulares. «El Estado español tiene tres veces más capacidad instalada de sus necesidades energéticas. En vez de quedarnos con las energías menos contaminantes a lo que se vuelve es una decisión disparatada como la presente», sentenció.

Castilla y León insiste en que Garoña funcione

Por su parte, la Junta de Castilla y León insistió en que mientras la central nuclear de Garoña, en Burgos, sea segura debe seguir funcionando porque su producción de energía es necesaria para España y de su actividad depende el empleo de unas mil familias.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo autonómico, José Antonio de Santiago-Juárez, contestó a una pregunta sobre la declaración que firmaron en el Congreso todos los grupos parlamentarios, salvo PP, UPyD y CiU, en la que se comprometen a clausurar Garoña si llegan al poder en la próxima legislatura.

De Santiago-Juárez dirigió su crítica a Tudanca y le pidió que, como diputado por Burgos, «explique a las mil familias afectadas por qué quiere cerrar Garoña».

Asimismo, insistió en que el anterior Gobierno socialista defendió el cierre de esta central nuclear por «un capricho político e ideológico del presidente Zapatero».