El ministro Soria asegura que este Gobierno «nunca» apoyará tarifas eléctricas diferenciadas para una parte de España como pide el BNG

Durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso de los Diputados, la nacionalista gallega Rosana Pérez interpeló al ministro en relación con el nuevo sistema de subasta de las ayudas públicas por la interrumpibilidad eléctrica.

Durante su intervención, la diputada abogó por plantear un cambio profundo del sistema atendiendo «inexcusablemente» a varios asuntos. A saber, la supresión de las retribuciones o peajes de la factura y su cargo en los Presupuestos del Estado, la aprobación de un modelo de retribución de costes según la tecnología de producción, y la creación de «tarifas más bajas» para las comunidades autónomas que son netamente productoras, como Galicia.

Además, Pérez acusó al Gobierno de tomar medidas en materia energética que «ponen en gravísimo e irresponsable riesgo a la industria, su competitividad y sus puestos de trabajo», sin que eso suponga ni una reducción de la factura eléctrica para los consumidores ni una disminución del déficit de tarifa.

«La electricidad no es un bien de consumo cualquiera, es fundamental para la industrialización, la competitividad y el mantenimiento de los puestos de trabajo. Y sus cambios regulatorios amenazan la viabilidad de las empresas grandes consumidoras de energía», añadió, insistiendo en varias ocasiones en que no sólo se refiere a Alcoa, sino a otras compañías como Ferroatlántica o Megasa.

«No es de recibo que se sigan negando a mantener este debate», exigió, apuntando que «sería una paradoja y un despropósito que alguna empresa cerrase o se viese afectada negativamente por los altos precios de la electricidad en un territorio que exporta energía sin conseguir beneficios a cambio».

En concreto, consideró que el nuevo método de subasta puede llevar a «situaciones perversas» ya que la «falta de referencias de precios conocidos» impedirá a la industria prever y planificar sus inversiones, y también conllevará que empresas del mismo sector paguen precios distintos por la energía.

Con respecto al anuncio de ERE de Alcoa, Pérez criticó que el ministro «descargue toda la responsabilidad» en la empresa. «Usted es ministro del Gobierno, deje de eludir sus responsabilidades y de imputárselas únicamente a las empresas. No le niego que puedan tener intereses espurios, pero esto es el Parlamento, no la sede de la patronal, y usted es el ministro que ha ideado y aprobado el actual sistema. Por tanto, asuma su responsabilidad y actúe para que su sistema energético sea impulsor y no verdugo de miles de puestos de trabajo», exigió.

A renglón seguido, pidió que no se aplique una tarifa única en todo el país porque regiones que, como Galicia, son «excedentarias y netamente productoras» deben tener «algún beneficio, alguna ventaja».

Por eso, insistió en reclamar una tarifa propia que, a su juicio, «no es descabellada», tal y como demuestra el hecho de que el Ejecutivo del PP haya aprobado primas más altas para las renovables en las islas o un precio propio para las empresas del País Vasco.

«Atenta contra el principio de solidaridad»

«Plantea usted algo que, en mi opinión, atenta contra uno de los grandes principios en que se sustenta la convivencia en España desde 1978: el principio de solidaridad. Este Gobierno nunca apoyará tarifas eléctricas diferenciadas en una parte de España respecto de otra«, replicó el titular de Industria.

De hecho, recordó que la Unión Europea tiende precisamente a lo contrario, a una mayor integración energética para conseguir precios «más competitivos, más bajos y, además, con menores diferencias de las que hoy se observan» entre unos países y otros.

Por eso, explicó, España ha defendido en las últimas reuniones de jefes de Estado y de Gobierno un aumento de las interconexiones con Francia, de modo que «el consumidor industrial y doméstico pueda suministrarse donde más barata sea en cada momento la energía».

«Por tanto, dentro de España no vamos a plantear (precios diferenciados), porque eso atentaría directamente contra uno de los principios esenciales de nuestra convivencia«, insistió, poniendo como ejemplo de esa solidaridad los 1.800 millones de euros que cada año los consumidores de energía aportan para sufragar los extracostes de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla.

En este punto, reconoció que las primas a las renovables en Canarias son más altas que en el resto del país, pero negó que eso se deba a un interés por beneficiar al archipiélago, sino porque es «bueno para todo el sistema».

Y es que «el número de horas de sol y viento de Canarias hace que producir con esas energías sea más barato que producir con petróleo», que es el único recurso para la producción energética en las islas y que cuesta 1.500 millones de euros anuales. «Si se produce más con renovables se disminuye la factura energética, y eso es menor coste para todas las actividades reguladas del sistema», insistió.

Por último, rechazó la posibilidad de cargar los costes regulados a los Presupuestos porque eso supondría incrementar en 20.000 millones de euros el gasto anual, con lo que «nos cargaríamos todo el trabajo de los últimos tres años para bajar el déficit público», que es lo que está dando «confianza» internacional y está permitiendo «pasar de la recesión al crecimiento» y a la creación de empleo.

Soria culpa a Alcoa de no pujar de forma «activa»

Por otra parte y, en respuesta a la diputada socialista, Mariví Monteserín, y al diputado de Foro Asturias (FAC), Enrique Álvarez Sostres, que le exigieron que tome medidas «urgentes» para evitar el cierre de dos de las plantas de Alcoa, el ministro de Industria responsabilizó «única y exclusivamente» a la multinacional del aluminio de la situación en la que se encuentra por no haber participado adecuadamente en la última subasta de interrumpibilidad, lo que le impidió obtener precios más baratos para la energía consumida y sirvió para que justificara un ERE de extinción en dos de sus fábricas.

Soria recordó que Alcoa «bajó lo suficiente» su puja en la subasta de interrumpibilidad como para conseguir los bloques de 90MW que necesitaba para su planta de San Ciprián (Lugo), donde «realmente le interesaba», mientras que «no hizo la puja conforme a ese mismo criterio» para los casos de Avilés y La Coruña. «El problema es que la empresa adoptó una estrategia deliberada y diferente en una fábrica respecto a las otras, habrá que preguntar a la empresa por qué», añadió el ministro.

La subasta, celebrada hace pocas semanas, asignó todos los bloques de 90 megavatios (MW), dirigidos a grandes industrias, pero quedaron sin cubrir algunos de los bloques de 5 MW, destinados a empresas medianas.

De hecho, precisó que tras no adjudicarse los bloques de 90 MW a los que optaba, Alcoa los dividió en bloques más pequeños de 5 MW, algo que decidió «explícitamente, marcando con una x la casilla correspondiente en el modelo oficial firmado y con DNI del representante de la empresa, y entregado a Red Eléctrica Española (REE) y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), con el objetivo de acudir a la segunda ronda de la subasta.

Sin embargo, Soria añadió que la compañía fue la primera en retirarse de esta segunda ronda para sus fábricas de La Coruña y Avilés, tras apenas participar «diez segundos», a pesar de que las subastas duraron de media dos minutos, y cuando los bloques cotizaban a 250.000 euros, desde los 260.000 euros de salida, lo que, a juicio del ministro, demuestra que fue «poco activa, por no decir nada», donde ni siquiera llegó a los precios de reserva, que son los de referencia basados en sus propios ingresos de 2014. «Ésa fue su actitud», criticó.

«Ha ocurrido la subasta, unos se han llevado y otros no. Es más, algunos tienen más de una fábrica para obtener interrumpibilidad y en unas han bajado mucho y se han llevado (bloques) mientras que en otras no han bajado, se han quedado arriba y, como consecuencia, ahora dicen que van a hacer un ERE. Ésa es la primera preocupación del Gobierno, pero que cada cual responda de lo que ha hecho», reiteró.

No obstante, recordó que hay «una segunda oportunidad» porque «en unos días, antes de que acabe diciembre» se conocerán las condiciones de la segunda subasta que el Ministerio convocará «antes de que acabe diciembre» para adjudicar «la parte que quedó sin cubrir» de la oferta de interrumpibilidad, valorada en unos 200 millones de euros, que «en vez de ir al ahorro del sistema eléctrico y la reducción del déficit tarifario» se destinará a este fin.

«Espero que la empresa puje, puje bien y pueda salvar esos 900 puestos de trabajo», aseguró, recordando sin embargo que «no puede haber una subasta en unas condiciones para unas empresas y para otras no» y que el Gobierno «no puede indicar a ninguna compañía el precio» por el que tiene que pujar.

Sin embargo, sí garantizó que «si las empresas acuden a esa subasta con las mismas condiciones que en la primera, entonces podrán obtener megavatios de ininterrumpibilidad». «Ahora bien, depende de la empresa mostrar un verdadero interés en obtener interrumpibilidad, generar actividad y salvar el empleo», afirmó. Pero si no puja en esos términos, entonces habrá que preguntarle a la empresa, no al Gobierno, las razones por las que en un caso se comporta de una manera y en otro caso, de otra», recalcó.

Sistema «libre, transparente y competitivo»

Soria también recordó que el cambio del sistema de adjudicación de la ininterrumpibilidad entre las empresas electrointensivas «no fue un capricho del Gobierno» sino que se deriva de «un planteamiento de las empresas», por el temor de que el anterior método de asignación fuera denunciado ante la Unión Europea por constituir una ayuda de Estado ilegal, algo que ya sucedió en Italia y conllevó una multa millonaria.

«El sistema que hoy existe se cambió justamente porque las empresas lo solicitaron, y la que más empeño puso en cambiar el sistema fue la empresa de la que usted me habla», apostilló el ministro, en referencia a Alcoa.

Además, explicó que el anterior método «no era competitivo» porque se basaba en «decisiones administrativas» en las que el Gobierno asignaba bloques a las empresas que cumplían ciertos requisitos, mientras que las subastas que se realizan ahora aportan «libertad, transparencia y competencia», al tener todas las empresas las mismas condiciones de acceso a las ayudas a la ininterrumpibilidad, por las que «muchas empresas tienen interés».

Así, tras negociar con Bruselas, el Ejecutivo decidió un sistema de subasta de los 550 millones de euros asignados para el próximo año a la ininterrumpibilidad, cantidad inferior a los 675 millones de euros de este ejercicio, en el que «quien más bajo puja se lo lleva».

El PSOE pide un «gran» pacto de Estado por la Energía

Mariví Monteserín, por su parte, replicó al titular de Industria que «era previsible» que el cambio de método condujera a la actual situación, porque en la subasta «se presentan más actores con menos dinero», lo que lleva a que las empresas «con menos posibilidades de pujar a la baja porque tienen una dependencia energética mucho mayor» se quedaran «fuera» del reparto.

«Que la empresa tuviera la tentación de deslocalizarse, yo no lo discuto, pero que usted le ha puesto la excusa perfecta está bastante claro», acusó, señalando no obstante que ahora «lo verdaderamente importante y preocupante es el efecto del cierre en más de 900 trabajadores» y en las comarcas donde están implantadas las plantas de producción.

Por eso, reclamó al Gobierno una «solución rápida, en horas», para que Alcoa se «replantee» el cierre, y propuso «un gran pacto» de todas las fuerzas políticas para conseguir un «marco estable de costes energéticos» para la industria española, que le permita contar con unos precios competitivos. «Si no, el problema no lo tendrán las empresas, sino ustedes y los vecinos y trabajadores de las comarcas afectadas», zanjó.

Por su parte, Enrique Álvarez Sostres achacó la actual situación a las políticas energéticas del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que «elevó un 70% los costes eléctricos para las familias y las empresas», reduciendo la capacidad de competir con las grandes compañías internacionales del acero, el zinc y el aluminio.

Por eso, reclamó que se tomen medidas «urgentes» y «propias del Boletín Oficial del Estado (BOE)» para conseguir precios más competitivos y evitar las deslocalizaciones, así como ayudas similares a las que se han otorgado a otros sectores como el del automóvil o las plantas de ciclo combinado.

«Ahora es momento de soluciones que eviten el cierre de Alcoa. Es un problema que necesita soluciones ya de manera decidida», zanjó el diputado asturiano.

Finalmente, el consejero de Presidencia y Portavoz del Gobierno del Principado de Asturias, el socialista Guillermo Martínez, criticó al ministro por no haber convocado ya la nueva subasta para grandes consumidores y le pidió que aclare el concepto de «pujar bien».

Martínez dijo que es el Gobierno central el que tiene que dar una respuesta «de inmediato», porque lo único que está provocando es «incertidumbre». Es el Ministerio, a su juicio, el que tiene la solución y la responsabilidad sobre este asunto. «La debe ejercer de forma inmediata», aseveró.

Pero además, pidió explicaciones a Soria por la subasta que se realizó y los motivos de que, habiendo doce paquetes de 90 megavatios, los que interesaban a Alcoa, se hubiesen sacado sólo nueve.