Las subastas de interrumpibilidad acumulan una decena de recursos interpuestos ante el Supremo

En concreto, el Alto Tribunal analiza varios recursos contra la orden del Ministerio de Industria 2013/2013 en la que se detalla el nuevo mecanismo de asignación del servicio de interrumpibilidad y contra la 346/2014, en la que se recogen los detalles de las subastas.

Entre los denunciantes destaca la asociación empresarial de referencia en el sector siderúrgico, Unesid, que agrupa a empresas de la talla de ArcelorMittal, Gonvarri, Acerinox, Celsa, Tubacex o Tubos Reunidos, y que fue especialmente crítica con la norma.

También acudieron a la Justicia la patronal de empresas cementeras, Oficemen, y dos empresas siderúrgicas por separado, que son Siderurgia Sevillana y Megasa. Hay además un grupo de recurrentes con intereses en renovables que denunciaron la financiación del coste de interrumpibilidad por parte de tecnologías poco gestionables, entre los que se encuentran Iberdrola, EDP España, la Asociación Empresarial Eólica (AEE) y Acciona.

Pese a que Alcoa se situó en el centro de la controversia tras no haber logrado bloques de interrumpibilidad para dos de sus tres plantas en España, el Supremo no notificó hasta la fecha la presentación de ninguna denuncia por parte de esta compañía, que no forma parte de Unesid.

El pasado 24 de noviembre la multinacional del aluminio confirmó su intención de estudiar la viabilidad de sus plantas de Avilés y A Coruña tras no haber obtenido precios competitivos en la subasta eléctrica de los servicios de interrumpibilidad celebrada la semana anterior.

El servicio de interrumpibilidad consiste en un pago a los grandes consumidores de luz a cambio de detener su actividad en momentos en los que exista saturación en el sistema eléctrico. Su coste para para la tarifa, de unos 750 millones de euros anuales, quedará reducido a unos 500 millones de euros como parte de la reforma energética, de la que forman parte las órdenes ministeriales recurridas.

Para asignar la interrumpibilidad, la reforma energética recoge la creación de las nuevas subastas, en las que las empresas pujan por bloques de megavatios a un menor precio eléctrico a cambio de ofrecerse a recortar su consumo si así se lo pide el operador del sistema.

PSOE, Foro Asturias y BNG pedirán cuentas a Soria

La diputada socialista por Asturias Mariví Monteserín preguntará el próximo miércoles al ministro de Industria en la sesión de control al Gobierno en el Congreso sobre cómo piensa resolver el problema que su «estrambótica» subasta de ininterrumpibilidad ha generado a las grandes consumidoras de electricidad, en el que Alcoa vio reducidas sustancialmente sus bonificaciones, lo que provocará pérdidas «insoportables» en su cuenta de resultados a partir de enero de 2015.

En estas circunstancias, la socialista teme el impacto que el cierre tendría para las economías de la zona y para los aproximadamente 800 trabajadores afectados, por lo que quiere saber cómo tiene previsto el Gobierno resolver esta situación.

En la misma línea, el diputado de Foro Asturias, Enrique Álvarez Sostres, exigirá a Soria que aclare qué hará para evitar que el cierre de las plantas de Alcoa acabe con la consecuente pérdida de miles de empleos.

A juicio de FAC, la situación que atraviesa la empresa es responsabilidad del Gobierno central, dado que la «crisis de origen energético» que sufre el sector del aluminio es consecuencia de la falta de un suministro eléctrico a precios homólogos a los europeos, lo que resta competitividad a un sector del que el Principado y Galicia son referencia.

«El precio de la energía eléctrica en Asturias y en España se ha disparado, y ya es un 30% superior al precio que pagan en otros países europeos competidores con España. En el caso concreto de Alcoa, el coste de la energía representa un 40% del coste total de la producción de aluminio», explicó el diputado.

Esta «problema crítico» se deriva, a juicio de Álvarez Sostres, de las decisiones adoptadas tanto por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero como por el de Mariano Rajoy, cuya gestión está resultando «nefasta» para los ciudadanos y supone un «duro golpe» para las empresas.

Por eso, Álvarez Sostres cree que el Ejecutivo está «obligado» a aprobar «soluciones reales, concretas y urgentes» para equiparar los costes eléctricos con los competidores europeos y evitar el cierre de la empresa.

«No queremos que nos hable de reuniones, encuentros y comisiones, no queremos que maree la perdiz con explicaciones; le exigiremos que presente soluciones reales a través del Boletín Oficial del Estado», insistió el responsable de FAC en Madrid.

En esta misma línea irá la interpelación que la diputada del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Rosana Pérez, tiene previsto dirigir al titular de Industria el miércoles. En su caso, su iniciativa dará lugar a la votación de una moción en el próximo Pleno, presumiblemente en enero o febrero.

Mientras, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) se referirá de forma más general al problema de la industria con la energía, con una interpelación a Soria sobre su política energética y una pregunta de Cayo Lara al presidente Mariano Rajoy sobre el efecto de sus decisiones en materia de política industrial.

Por su lado, el ministro de Industria aseguró que el ERE presentado por Alcoa «no tiene nada que ver» con las subastas de interrumpibilidad, en contra de lo que sostiene la multinacional. Soria aseguró que la empresa podría haber obtenido un buen precio eléctrico si hubiese pujado por las plantas de Avilés y A Coruña en los mismos términos en que lo hizo para la de Lugo.