El Defensor del Pueblo carga contra Industria y la utilización del fracking

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, pidió el pasado febrero al Ministerio de Industria que le diera información sobre el permiso de investigación Luena, en Cantabria, que justificase el uso de la técnica del fracking después de la queja planteada por la organización agraria. El Ministerio indicó que resultaría justificado el uso del fracking por la importancia que tendría la explotación de hidrocarburos para el suministro energético, así como por la posible generación de actividad económica, poniendo como ejemplo el desarrollo energético existente en la actualidad en Estados Unidos unido al uso de esta técnica.

Sin embargo, el Defensor del Pueblo señala que «la valoración proporcionada no es concluyente» en cuanto a la aportación al sector energético que supone en España la explotación de gas no convencional mediante el empleo de la fractura hidráulica, en relación con los potenciales riesgos para la salud y seguridad de las personas y el medio ambiente. Y considera que «los datos sobre la economía estadounidense no son extrapolables a la española ni cabe esperar que los efectos sobre el sector energético sean los mismos«.

El Defensor del Pueblo se pregunta cómo puede ser que se estén tramitando en España permisos que incluyen el uso del fracking sin que se conozca aún de manera concluyente el impacto sobre el sector energético de la explotación de gas no convencional y sin que esté acreditado que existan soluciones técnicas para minimizar los impactos de esta técnica con niveles de riesgos que sean similares al de las convencionales.

Respecto a la necesidad de aprobar una norma que regule la evaluación de la fractura hidráulica, el Ministerio de Industria señaló que era innecesaria, puesto que entiende que el fracking sería una técnica análoga a otras a la que debe aplicarse el régimen de evaluación ambiental y control exigible a cualquier otra actividad de exploración, investigación y explotación de hidrocarburos.

La defensora del Pueblo sostiene que, «por el contrario«, el empleo de la fractura hidráulica en España y en el resto de los países de la Unión Europea genera un amplio debate referido a sus efectos ambientales, ya que la explotación de gas no convencional mediante fracking presenta singularidades. Entre ellas cita el volumen de recursos hídricos necesarios para la fractura y la presencia de sustancias tóxicas en los fluidos de inyección, incluido el metano y sustancias radiactivas que no se recuperan y que contaminan el suelo y los acuíferos.

En cuanto a la información aportada por Industria respecto al permiso Luena, el Defensor del Pueblo se muestra disconforme ya que en la información recibida se enumeran de manera genérica las medidas que deben adoptarse en el empleo del fracking para evitar los riesgos pero no se describen ni se precisan para el caso concreto. Tampoco se aportan datos que justifiquen la adopción de dichas medidas, tales como las sustancias que forman parte de los fluidos de inyección o el volumen de recursos hídricos necesarios.

Otra consideración del Defensor del Pueblo es que, cuando solicita a Industria datos relativos a la divulgación de información ambiental relacionada con el permiso Luena, únicamente se le aporta información acerca de la participación en el procedimiento de evaluación ambiental del permiso. Por este motivo, señala que no son esos datos los que se pedían sino los referentes a la obligación de las administraciones públicas de divulgar activamente información ambiental.

Y apunta que, aunque el Ministerio dice que va a realizar modificaciones en su página web para informar acerca del número de pozos y el número de autorizaciones que se otorguen, a juicio del Defensor del Pueblo esto «no parece suficiente para atender el debate público sobre la fractura hidráulica». Por todo ello, el Defensor del Pueblo ha solicitado al Ministerio de Industria información adicional.

Moratoria en Andalucía al fracking

La Asociación Española de Compañías de Investigación y Exploración de Hidrocarburos y Almacenamiento Subterráneo (Aciep) lamenta la toma en consideración en el Parlamento andaluz de una proposición de ley del PSOE, apoyada por Izquierda Unida y rechazada por el Partido Popular, para establecer en Andalucía una moratoria de dos años en la aplicación del fracking al considerar que perjudicará a la economía y al empleo.

Aciep recuerda que, según la iniciativa, la moratoria se extenderá mientras «no existan estudios científicos que determinen, con el máximo nivel de certeza, que la utilización de esta técnica no tiene afección negativa para las personas, las aguas y el medioambiente en general» y defienden que el fracking, para la producción de hidrocarburos, «es una técnica madura, que lleva utilizándose más de 60 años en todo el mundo, en pozos convencionales y no convencionales, y cuya seguridad viene avalada por la comunidad científica y la experiencia en todos los países productores de gas y petróleo».

La asociación señala que «existen numerosos informes científicos que respaldan la utilización de esta técnica» y, en ese sentido, citan la European Academies Science Advisory Council (Easac), que reúne a las academias de la ciencia de todos los países, incluida la española Real Academia de las Ciencias, publicó el pasado mes de noviembre una declaración en la que señala que «con una regulación efectiva, los avances tecnológicos y una correcta operación, las técnicas de fracturación hidráulica o fracking no tienen por qué impactar en el medio ambiente, las fuentes de agua o las comunidades locales.»

Además, Aciep recuerda que la normativa española en materia de exploración y producción de hidrocarburos es «de las más exigentes del mundo«. Como prueba de ello, recientemente España aprobó que incluso los sondeos exploratorios con fracking se sometan a Estudio de Impacto Ambiental, «algo que no sucede en ningún país de nuestro entorno», subrayaron. Aciep insiste en que el desarrollo de la exploración y producción de hidrocarburos «representa una oportunidad económica para España, que podría llegar a generar hasta 260.000 empleos en su mejor año».

Por su parte, la Plataforma Andalucía Libre de Fracking lamentó que se rechazara la propuesta de Izquierda Unida que planteaba la «prohibición» de esta técnica en la comunidad andaluza, pero consideró como «un paso más» la aprobación para establecer la moratoria de dos años en el uso del fracking. En este sentido, la plataforma anunció que continuará su lucha por conseguir la aprobación de una normativa que prohíba este tipo de actuación. Asimismo, también insistieron en su «compromiso» con el cambio del actual modelo energético basado en los combustibles fósiles y generador del cambio climático.

Por ello, el colectivo señaló que continuará con su campaña de información y movilización «para concienciar del necesario y urgente tránsito de las energías fósiles a las energías renovables», así como para la «organización y movilización social contra el fracking«. Del mismo modo, la organización recordó «las consecuencias negativas del uso de la fracturación hidráulica en el territorio andaluz» que supondría, según la plataforma, «el uso desmesurado de los recursos hídricos y territoriales en clara competencia con nuestras principales actividades económicas, tales como el turismo, agricultura, ganadería y la pesca».

Otras de las consecuencias negativas que denuncia la plataforma es que el uso de esta técnica provoca la «contaminación de los acuíferos, suelos y aire», además de tener un «elevado» riesgo para la salud humana y medioambiental. Por todo ello, desde la plataforma antifracking insistieron en su rechazo a esta técnica y se manifiesta «abierta y claramente» su «rotundo» apoyo a una ley que la prohíba «totalmente y sin condicionamientos».