La iniciativa popular contra el fracking comienza su tramitación parlamentaria en el País Vasco

Plataformas contrarias a la extracción de gas mediante fracturación hidráulica entregaron el pasado mes de septiembre en la Cámara Vasca 103.000 firmas para promover una ILP que se debata en el Parlamento con el fin de que se prohíba en el País Vasco esta técnica. La fracturación hidráulica consiste en la inyección de grandes cantidades de fluido a alta presión en el subsuelo para permitir el acceso a la superficie de hidrocarburos que están diseminados en vetas de rocas profundas.

La plataforma contraria al fracking asegura que estudios científicos de diferentes organismos oficiales, universidades y entidades independientes han demostrado que su uso genera la contaminación de las aguas subterráneas y superficiales y del aire, lo que provoca diversos problemas en la salud humana y animal. Todos los grupos parlamentarios vascos mostraron en sus intervenciones su posición favorable a la toma en consideración de esta ILP.

El Gobierno vasco dio en noviembre su criterio favorable a la tramitación de la ILP pero advirtió de que la regulación de esta materia compete al Estado. El Tribunal Constitucional ya declaró como inconstitucionales las normativas autonómicas de Cantabria y La Rioja que prohibían la utilización del fracking en sus comunidades al considerar que esta materia es legislación básica estatal. También Navarra y Cataluña aprobaron su prohibición y están pendientes de resolución los recursos de inconstitucionalidad presentados por el Estado.

Los impulsores de la plataforma se felicitaron por esta decisión de la Cámara pero recordaron que no se consiguió el objetivo buscado porque ahora se constituirá una Ponencia para elaborar un texto legal sobre la prohibición. «Nos preocupa que se admita a trámite la ley para que después, cuando se ponga en marcha la ponencia, desfigurar el espíritu y terminar dando vía libre a los perforadores», indicaron desde la plataforma.

En este sentido, recordaron que los trabajos de las empresas que quieren perforar como Hidrocarburos de Euskadi (SHESA) «sigue adelante» y exigieron que impulsen la ley «con la mayor celeridad posible y que se deje destinar dinero público a estos planes. Por ello reclamaron al Gobierno vasco la retirada de los permisos de SHESA, ya que subrayan que supondría una decisión «efectiva que no puede ser frenada por ningún tribunal».

A favor de la consideración

El parlamentario del PNV Luis Javier Telleria apoyó el debate porque el número de personas que lo solicitó es «importante» y anunció que su formación asistirá a la ponencia con «ánimo constructivo». En este sentido, hizo referencia a los pronunciamientos del Constitucional respecto a otras comunidades para advertir de que «cualquier cuestión de inconstitucionalidad nos dejaría más desprotegidos ante una práctica respecto a la que queremos estar protegidos» por lo que reclamó buscar un «consenso realista, alejándonos de posiciones retóricas».

El parlamentario de EH Bildu Dani Maeztu criticó la «hipocresía» del PP vasco, «que admite esta ILP mientras en Madrid prepara los permisos de exploración«. Durante su discurso, Dani Maeztu hinchó un globo negro con la inscripción Fracking Ez (Fracking no), para mostrar la «burbuja contaminante» que supone esta técnica «creada en los Estados Unidos y vendida como una revolución energética,». «Han vendido a extenderla a Europa», advirtió Maeztu antes de proclamar que «es tiempo de explotar esta burbuja antes de que sea demasiado tarde«.

La parlamentaria del PSOE Natalia Rojo, por su parte, se mostró a favor de la toma en consideración pero rechazó la celebración de «debates de buenas intenciones», sino que lo que se reclama es que el texto que se apruebe sea «viable» y cuente con «seguridad jurídica» para que no ocurra como en las comunidades vecinas. Además, apostó por analizar las posibilidades de esta técnica y subrayó que su formación «siempre» reclamó «exigencia» frente a esta técnica. «Los socialistas queremos una regulación legal propia», insistió.

La parlamentaria del PP Carmen López de Ocariz recordó los recursos presentados por el Gobierno a las leyes autonómicas que prohíben esta técnica argumentando que invade la competencia estatal de respetar la ordenación del sector energético. Por ello, señaló que en estos términos se basarán las aportaciones que realice el PP al debate en la ponencia. «Intentaremos utilizar todos los medios y competencias que, como comunidad autónoma, podemos aplicar para incorporar un nivel más alto de protección medioambiental para el fracking, principalmente para las zonas de especial protección», indicó López.

El parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, se mostró a favor de la toma en consideración de la ILP para debatir «seria y rigurosamente» sobre este asunto que «preocupa» a la ciudadanía. Maneiro explicó que es «urgente una regulación» que no prohíba totalmente esta técnica extractiva sino que evite que se pueda realizar donde suponga un «riesgo elevado«. «Queremos que la regulación sea exigente, ya que la actual ley es generalista y por tanto insuficiente», insistió.