Los usuarios de luz habrían ahorrado 30.000 millones de euros con unos CTC bien liquidados, según Px1NME

Así lo expresó el experto en el sector eléctrico y miembro de la plataforma, Jorge Morales de Labra, que además explicó que en ese caso podría no existir dicho déficit de tarifa ni, por tanto, la «hipoteca» incluida en los recibos, que supone un 10% de los mismos.

Los cálculos de la plataforma se realizaron en un escenario en el que el retorno para las inversiones de las eléctricas por las que se les compensó con los CTC se hubiese mantenido en el tiempo, sin que las centrales se hubiesen beneficiado de las sobrerretribuciones que comenzaron a emerger en 2005 con las subidas de los precios de la energía. A efectos prácticos, los cálculos de la Px1NME equivalen a haber mantenido el Marco Legal Estable existente hasta 1997.

Durante la rueda de prensa, Morales de Labra destacó que, si las compañías beneficiadas con estas retribuciones fueran sometidas ahora a una regulación similar a la aprobada para las energías renovables, se podría abaratar un 9% el recibo eléctrico actual mediante la reducción de los ingresos actuales de las plantas, sin necesidad de devolución de los CTC.

Este cálculo es el fruto de la hipotética aplicación a las centrales nucleares e hidráulicas de unos estándares retributivos que tuviesen en cuenta una tasa de retorno para los activos a lo largo de toda su vida útil, incluida la ya transcurrida. Como en las renovables, los retornos por encima del porcentaje fijado disfrutados en años pasados se descontarían de las retribuciones futuras.

Según publicó el diario «El País» este fin de semana, la Fiscalía Anticorrupción citó en secreto a varios altos cargos del Ministerio de Industria de la etapa del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para recabar información sobre por qué no se exigió a las compañías eléctricas la devolución de cerca de 3.000 millones de euros correspondientes a los CTC ingresados de más entre 2005 y 2006.

El Gobierno todavía puede solicitar la devolución

Asimismo, el abogado voluntario de la Plataforma, Piet Holtrop, defendió que el informe de la Abogacía del Estado sobre la posibilidad de reclamar a las eléctricas una sobrerretribución por los CTC, fechado en 2008, podría abrir la puerta a que la Comisión Europea calificara estas retribuciones como ayudas de Estado ilegales, por lo que el actual Gobierno aún podría exigir la devolución, cuya reclamación, en apariencia, habría prescrito en 2010.

En concreto, Holtrop señaló que «lo que haría la Comisión sería incidir lo menos posible en la competencia» del sector y que las compañías «tendrían que devolver estas cantidades al sistema eléctrico y no al Estado».

En cualquier caso, y según otra interpretación, el abogado resaltó también que la fecha de prescripción para la devolución de las sobreretribuciones podría extenderse hasta el 27 de julio de 2014, por lo que la responsabilidad de la misma no sería exclusiva del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, sino también del actual Ejecutivo.

Así, explicó que según jurisprudencia de la Audiencia Nacional, las únicas liquidaciones de la Comisión Nacional de Energía (CNE) que causan efectos reales y que pueden abrir la vía del recurso jurisdiccional son las definitivas, por lo que, sobre la base de que hasta ese momento no se conocía con exactitud la cantidad de las mismas, las liquidaciones anteriores se convierten en meros trámites que pueden ser revisados.

La liquidación de los CTC que correspondía al año 2006 no se produjo hasta el 27 de julio de 2010, por lo que los cuatro años a los que se refiere la Ley General Presupuestaria habrían finalizado el 27 de julio de 2014.

La Plataforma aseguró que el informe de la Abogacía del Estado, en respuesta a preguntas formuladas por el entonces secretario general de Energía, Ignasi Nieto, respondió con «claridad meridiana» que sí procedía la liquidación de los CTC.

Por ello, según expresó Morales de Labra, se trata de «mucho más que indicios». «Es verdad que todavía está en manos de la Fiscalía, pero nos parece que no cabe presuponer negligencia u olvido. Lo que hay es una decisión política«, añadió.

Ante todo esto, la Plataforma someterá a votación en una asamblea el próximo lunes 24 de noviembre la posibilidad de remitir un escrito de información ante la Fiscalía y una denuncia ante la Comisión Europea.

Además, la coordinadora estatal de la Px1NME, Cote Romero, subrayó que las pesquisas de Anticorrupción, fruto de una denuncia de la plataforma, toma especial relevancia ante la situación de pobreza energética en la que se encuentran un millón de familias en España.

Así, aseguró que el importe supuestamente prescrito «sería suficiente para sufragar los gastos esenciales de electricidad de la totalidad de todas estas familias afectadas durante un plazo superior a 4 años».

Romero aseguró a su vez que el 30% de las muertes producidas en el invierno están causadas por pobreza energética, ya que en el año 2012 se cortó el suministro de electricidad a las familias con dificultades económicas por valor de «más de un millón de euros».

En este sentido, recordó que las compañías «están suministrando un bien común», con lo que tienen que cumplir con las obligaciones de un servicio público y «España no lo está haciendo». Además, la portavoz aseguró que «no se está cumpliendo» con la directiva que obliga a los estados miembro de la Unión Europea a contribuir en la pobreza energética.

Por último, exigió que se proceda a un bono social de la luz y del gas, que no se produzca una subida del IVA en materia energética y que se prohíba «terminantemente» el corte de la electricidad en invierno.

Historia de los CTC

Estos CTC se crearon en 1997, con la Ley de Sector Eléctrico, con el objeto de que las inversiones realizadas hasta ese momento por las eléctricas tuviesen un retorno suficiente garantizado, sin riesgos asociados al proceso de liberalización del mercado.

En concreto, se les garantizó un precio de la electricidad de 36 euros por megavatio hora (MWh), de modo que se les compensaría hasta igualar esta cifra en los momentos en los que el mercado marcase un precio inferior, con un tope de 1,7 billones de pesetas (10.200 millones de euros), según la revisión de la Ley 9/2001. El mecanismo también descontaba a las eléctricas los ingresos obtenidos en cuanto el mercado superase los 36 euros por MWh.

Esta circunstancia comenzó a producirse en 2005, con las subidas de los precios de la energía, y continuó hasta 2006, momento en el que el Gobierno derogó los CTC. No obstante, el Ejecutivo no llegó en ningún momento a reclamar el importe cobrado de más a las empresas, hasta que en 2010 prescribió la oportunidad de hacerlo.