El Gobierno Vasco acepta debatir sobre el fracking pero avisa que la ley es competencia del Estado

Plataformas contrarias a la extracción de gas mediante fracturación hidráulica entregaron el pasado mes de septiembre en la Cámara Vasca más de 100.000 firmas para promover una ILP que se debata en el Parlamento con el fin de que se prohíba en Euskadi esta polémica técnica.

El Ejecutivo de Iñigo Urkullu no se había pronunciado aún sobre la tramitación de dicha ILP en la Cámara vasca y el Consejo de Gobierno determinó que considera «oportuno» trasladar esta cuestión al Parlamento dado el «amplio debate social existente» sobre este asunto.

Sin embargo, el portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, avisó de que el Tribunal Constitucional anuló las normativas autonómicas de Cantabria y de La Rioja que prohibían la utilización del fracking en sus comunidades al considerar que esta materia es legislación básica estatal.

También Cataluña y Navarra aprobaron la prohibición de esta técnica aunque están pendientes de resolución los recursos de inconstitucionalidad presentados por el Estado contra ambas normativas.

La fracturación hidráulica consiste en la inyección de grandes cantidades de fluido a alta presión en el subsuelo para permitir el acceso a las superficie de hidrocarburos que están diseminados en vetas de rocas profundas.