La CNE pidió en tres ocasiones en 2010 a Industria que saldara los CTC

Esta liquidación de los CTC, conforme a los cálculos de la Abogacía del Estado, habría puesto en evidencia un exceso de cobro de más de 3.000 millones de euros para las compañías eléctricas. De esta forma, se habría generado un ingreso adicional para la tarifa eléctrica en caso de que Industria hubiese reclamado el importe, lo que no llegó a hacer.

Ya antes de 2010, a finales de 2009, la CNE incluyó en el informe de revisión de peajes de electricidad a partir del 1 de enero de 2010 un párrafo en el que recordaba que, si bien en 2006 habían quedado suprimidos los CTC como costes permanentes del sistema, es «necesario que se produzca formalmente, de conformidad con el ordenamiento jurídico, un pronunciamiento sobre su liquidación».

El organismo abundó en esta cuestión en un informe de junio de 2010 sobre la revisión de peajes en julio. En él recordaba que, tal y como se lo había pedido la Dirección General de Política Energética y Minas, había remitido a Industria los informes solicitados para conocer el saldo de los CTC para el periodo 1998-2005, sin que hubiese hasta esa fecha una liquidación final.

Tras repetir el mismo párrafo que en el informe de los peajes de enero, el regulador advertía de que la ausencia de esta liquidación podría implicar unos derechos de cobro del déficit de tarifa por parte de las grandes eléctricas superior a lo que les correspondería.

«La supresión de los Costes de Transición a la Competencia sin un análisis sobre el grado de amortización de dichos costes, por empresas y por instalaciones, ni sobre las cantidades recuperadas por este concepto desde 1998, podría llevar a que los derechos de cobro de las empresas financiadoras del déficit tarifario fueran superiores a los que les corresponderían en caso de considerar el impacto de la eliminación de los CTC», decía este informe.

La CNE, presidida por entonces por Maite Costa, repitió el párrafo sobre los CTC incluido en el informe de revisión tarifaria de enero y julio en al menos otros dos informes, el del 28 de septiembre de revisión de peajes en octubre y el del 16 de diciembre de revisión de peajes a partir de enero de 2011.

El informe de finales de septiembre vino además acompañado del voto particular de dos consejeros, Jaime González y Jorge Fabra, quienes insistían en la necesidad de la liquidación de los CTC porque no hacerlo sería actuar «en perjuicio de los consumidores».

Anteriormente, en octubre de 2006, el regulador había emitido un informe sobre la situación de los CTC apenas unos meses después de que el Gobierno los suprimiese. En él, informaba de los pasos para cerrar las liquidaciones de los CTC y las distintas alternativas en caso de que se considerase que las empresas habían recibido de más.

Entre ellas, ofrecía la posibilidad de operar sobre los CTC que por entonces se encontraban pendientes de cobro a junio de 2006, convertir en ingresos liquidables del sistema esta partida o, en tercer lugar, una solución intermedia entre la primera y la segunda.

IU-ICV pide que se investigue el pago «en exceso» a las eléctricas

Por su parte, el portavoz adjunto de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) en el Congreso, de los Diputados, Joan Coscubiela, anunció la intención de su grupo de solicitar la constitución de una comisión de investigación parlamentaria que aclare el «pago en exceso» de 3.400 millones de euros a las compañías eléctricas por los CTC ingresados entre 2005 y 2006, que la Fiscalía Anticorrupción está investigando y los casos de puerta giratoria en el sector.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, el diputado catalán explicó que esta comisión, que ya se ha materializado con una petición formal en el registro firmada conjuntamente con el Grupo Mixto, pretende que la Cámara Baja pueda conocer las razones por las que «se ha regalado a las eléctricas 3.400 millones de euros que nunca debieron pagarse».

En dicha solicitud, IU-ICV-CHA defiende que la «gravedad» de los hechos hace necesario que «su investigación y sus consecuencias políticas y legales se clarifiquen cuanto antes y de forma transparente» en el seno de la Cámara Baja, además de en los tribunales.

Asimismo, se planteará la necesidad de poner en marcha los mecanismos necesarios para recuperar esa cantidad y también se propondrá la realización de una «auditoría energética independiente» para «saber de dónde proviene el otro escándalo, el del déficit de tarifa, que si no se evita seguirán pagando los ciudadanos, vía consumo e impuestos, durante mucho tiempo».

Pero, además, el texto de la solicitud recoge la propuesta de que la comisión revise el funcionamiento del mercado eléctrico (subastas, instalaciones ya amortizadas, fijación de precios, etc…) en aras a lograr una «retribución justa» para cada tecnología y un sistema «transparente equitativo y que fomente las energías limpias».

El papel de los reguladores y supervisores en este tipo de casos, los «posibles fraudes y abusos» en el sector y los casos de «puertas giratorias entre las personas que han ocupado responsabilidades de Gobierno y el sector eléctrico» son otros de los asuntos a tratar la comisión de investigación, a juicio de IU-ICV.

«Estamos ante un caso muy evidente de, otra vez más, el concubinato permanente en el que viven los gobiernos del bipartidismo de este país y el lobby de las eléctricas», acusó Coscubiela, que consideró que este pago en exceso responde «más que a una malversación de fondos públicos, a esa corrupción sabida y que ya parece amortizada» resultado de la «relación oscura» entre gobernantes y compañías energéticas.

De hecho, ya en verano de 2013 la portavoz de la Izquierda Plural en materia de Energía, Laia Ortiz, «situó en la agenda del Congreso esta problemática» al registrar varias preguntas, interpelaciones e iniciativas parlamentarias al respecto, a las que «desgraciadamente el Gobierno no dio respuesta, como tampoco la dio el Gobierno anterior, de José Luis Rodríguez Zapatero».

«Hoy estamos ante un hecho positivo: que la Fiscalía Anticorrupción investiga lo que muy probablemente sea una caso de malversación de recursos públicos. Que este tema no quede sepultado entre tanto ruido», reclamó por último.

Costes de transición a la competencia

El diario «El País» publicó este fin de semana que la Fiscalía Anticorrupción citó en secreto a varios altos cargos del Ministerio de Industria de la etapa del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para recabar información sobre por qué no se exigió a las compañías eléctricas la devolución de cerca de 3.000 millones de euros correspondientes a los Costes de Transición a la Competencia (CTC) ingresados de más entre 2005 y 2006.

Estos CTC se crearon en 1997, con la Ley del Sector Eléctrico, con el objeto de que las inversiones realizadas hasta ese momento por las eléctricas tuviesen un retorno suficiente garantizado, sin riesgos asociados al proceso de liberalización del mercado.

En concreto, se les garantizó un precio de la electricidad de 36 euros por megavatio hora (MWh), de modo que se les compensaría hasta igualar esta cifra en los momentos en los que el mercado marcase un precio inferior, con un tope de 8.600 millones de euros. El mecanismo también descontaba a las eléctricas los ingresos obtenidos en cuanto el mercado superase los 36 euros por MWh.

Esta circunstancia comenzó a producirse en 2005, con las subidas de los precios de la energía, y continuó hasta 2006, momento en el que el Gobierno derogó los CTC. No obstante, el Ejecutivo no llegó en ningún momento a reclamar a las empresas el importe cobrado de más, que los informes de la Abogacía del Estado cifraron en más de 3.000 millones de euros, hasta que en 2010 prescribió la oportunidad de hacerlo.