Los bancos ejecutan el pago de 1.350 millones de euros a Escal UGS por la indemnización del almacén Castor

Este importe debía ser abonado en un solo pago en el plazo de 35 días hábiles desde la publicación del real decreto ley 13/2014, en el que se recoge tanto la solución financiera para Castor como los términos de su hibernación. El plazo vencía este 14 de noviembre. El importe de la indemnización será financiado ahora por los consumidores de gas a través de la tarifa a lo largo de 30 años a un tipo de interés del 4,2%. Los pagos comenzarán a realizarse en 2016 a razón de unos 100 millones de euros anuales.

El Gobierno, que intentó a través del Tribunal Supremo suspender la cláusula del Gobierno socialista del acuerdo de 2008 que concedía a Escal UGS el derecho a esta indemnización, sostiene que este coste de 100 millones anuales por una instalación que quedará hibernada será, al menos, inferior a los 210 millones previstos inicialmente, con el complejo en operación. Tras los seísmos detectados a finales del año pasado y la renuncia de Escal al proyecto, Castor queda ahora en una situación de hibernación en la que estará prohibido realizar cualquier extracción o inyección de gas natural.

PSOE denuncia «opacidad» del Gobierno

El secretario general provincial del PSOE en Castellón y portavoz en la Diputación provincial, Francesc Colomer, lamentó que el ministro de Industria, José Manuel Soria, se haya negado «hasta en tres ocasiones» a facilitar información al Síndic de Greuges, Defensor del Pueblo en la Comunidad Valenciana, sobre las autorizaciones, los informes y los permisos del almacén subterráneo de gas Castor.

Según destacó Francesc Colomer, respecto a la información que se les ha proporcionado desde el Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana, «nos llama la atención que nos reconozca que el 4 de julio de 2014 se pidió información al Ministerio de Industria sobre las autorizaciones y sobre los informes técnicos emitidos y no ha obtenido aún respuesta». Además también se asegura que en agosto y en octubre se dirigieron de nuevo al Ministerio, pero «tampoco ha tenido éxito». Por tanto, «son tres las ocasiones en la que el Síndic ha pedido una información al Ministerio y éste se niega a darla en una clara política de oscurantismo y opacidad que no se puede tolerar«.

El portavoz socialista insiste en que «la sentencia del Supremo recogía claramente que la operatividad de las instalaciones era un requisito ineludible». Por tanto, Colomer sostiene que el Gobierno «ha mentido sistemáticamente, incluso no cumpliendo los criterios del Supremo, ya que ha obviado dos requisitos ineludibles para pagar la indemnización, como son que las instalaciones estuvieran operativas y que, en el caso de que lo hubieran estado, se evaluara si hubo dolo o negligencia por parte de la empresa». Asimismo, a juicio del socialista, el decreto aprobado «vulnera incluso la Constitución Española, un hecho que refuerza nuestra petición de presentar el recurso de inconstitucionalidad, que está siendo estudiado por los servicios jurídicos para garantizar que el recurso prospere, porque nos jugamos mucho todos los ciudadanos».

Colomer indica que el PSOE pide al Síndic de Greuges que exija «cuantos informes sean necesarios para exigir responsabilidades porque no podemos permitir que el Gobierno se precipite a pagar tan rápido a Florentino Pérez porque consideramos absolutamente injusto que se abone la indemnización a Escal, cuando hay más que sobrados argumentos para que esto no se hiciera«. Colomer considera que «desde el momento en que se hace patente la relación de la plataforma con los terremotos, la única actitud posible es el cierre de la actividad, pero, sin embargo, el PP hizo todo lo posible por mantenerla abierta y no fue hasta un año después cuando propuso la hibernación».

Por contra, el portavoz del PP en la Diputación de Castellón, Miguel Barrachina, aseguró que, según la sentencia del Tribunal Supremo, en la que falló desestimar la solicitud del Gobierno de Mariano Rajoy de nulidad del acuerdo que obliga a pagar a la empresa, se debe abonar la indemnización a Escal «aunque exista dolo o negligencia» por parte de la concesionaria «porque el Consejo de Ministros del PSOE ya se encargó de blindarlo en 2008«.

Impugnar la indemnización al Constitucional

Diversas entidades de la sociedad civil rechazan la indemnización que el Real Decreto Ley 13/2014 garantiza a Escal UGS por renunciar a la concesión del almacén gasista Castor y urgen a los partidos de las Cortes a impugnarlo ante el Constitucional. Entre los grupos que se oponen a esta indemnización figuran la Alianza contra la pobreza energética, la Plataforma Ciudadana en Defensa de las Tierras del Sénia y la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, CECU, Equo y el Observatorio de la Deuda en la Globalización. Estas asociaciones ya han buscado apoyos en ICV, BNG y Compromís a su iniciativa y están entablando contacto con otras formaciones para trasladarles su reivindicación sobre Castor, para la que están organizando además una recogida de firmas en Internet.

Las organizaciones urgen a los representantes de los diferentes grupos políticos presentes en las Cortes para que un mínimo de 50 diputados o senadores impugnen el decreto ante el Tribunal Constitucional antes de que termine el plazo para presentarlo, el 3 de enero de 2015. Las organizaciones, que han firmado un manifiesto, hacen un llamamiento para que la ciudadanía no pague la deuda del proyecto y para que las instalaciones sean desmanteladas, dos demandas, aseguran, que el real decreto imposibilita.

Escal UGS, participada en un 66,6% por ACS, presentó su renuncia el pasado verano a la concesión del almacén y hace poco más de un mes se aprobó el real decreto que le garantiza una indemnización de 1.350 millones de euros, a cargo del sistema gasista, para completar el valor neto contable de las instalaciones de 1.460 millones de euros. El almacén de gas, situado en el subsuelo del Mediterráneo cerca de la costa de Vinarós (Castellón) y cuya construcción se paralizó en septiembre del año pasado al detectarse seísmos en la zona, será hibernado, lo que significa que no habrá ninguna inyección o extracción de gas en el subsuelo, aunque esta situación se podrá revertir en el futuro si los estudios técnicos lo aconsejan.

Las organizaciones firmantes apoyan la hipótesis de que, en la práctica, la cantidad total que asumiría la ciudadanía podría ascender a más de 4.700 millones de euros, a pagar durante 30 años. Habría que añadir aproximadamente 100 millones de euros anuales para el mantenimiento de las instalaciones, más otros costes de operación y administración en que incurra Enagás, el nuevo gestor de las instalaciones, y que también se irían aplicando en la factura del gas.

Las organizaciones denuncian que con la actual fragilidad económica por el aumento del desempleo y los recortes sociales, «cuando la pobreza energética ya afecta al 17% de la población, la ciudadanía verá como sus facturas se incrementan aún más«. Las organizaciones firmantes también proponen la participación de la ciudadana en una recogida de firmas a través de la plataforma Avaaz para dar su apoyo a la impugnación y presionar en el cumplimiento de estas demandas.