El PP valenciano dice que deberían ser los socialistas los que paguen la indemnización del almacén Castor

El PSOE valenciano, por su parte, expuso las responsabilidades de los populares al dar la licencia de actividad a Castor e incidieron en que la Generalitat Valenciana, del PP, incluyó el proyecto en el Plan Estratégico de Infraestructuras «y lo hizo propio». Así se pronunciaron en el pleno de las Cortes autonómicas, donde el PP rechazó la proposición no de ley de Compromís, que quería instar al Gobierno a desmantelar la plataforma y la totalidad de las instalaciones del Castor como medida preventiva para que no se produzcan nuevos terremotos.

Desde Compromís, el diputado Josep Maria Pañella explicó que otra de sus reclamaciones era someter el proceso de adjudicación a una auditoría que afecte tanto a la parte técnica de la construcción como a la administrativa de la concesión para «aclarar posibles responsabilidades de la empresa y la administración». Asimismo, exigían retener la compensación de 1.350 millones de euros a la empresa concesionaria Escal UGS hasta que no esté la auditoría y que la Abogacía de la Generalitat Valenciana prepare un recurso contra dicha compensación.

El popular Mariano Castejón argumentó que los movimientos sísmicos «no respondían a la existencia de la instalación, sino a su actividad; gracias al PP no está en funcionamiento». Asimismo, justificó que el desmantelamiento «no se haga de manera precipitada» por motivos de seguridad. A su juicio, los socialistas que autorizaron la instalación deberían pagar la indemnización «de su bolsillo» o pedir perdón a la ciudadanía.

Por su parte, el PP presentó una enmienda a la iniciativa, que no fue aceptada, por la que se proponía sustituir el texto de Compromís por otro que expresara el apoyo de las Cortes valencianas al Gobierno en el acuerdo de paralización definitiva del Castor. Del mismo modo, los populares solicitaban al Ejecutivo que dirige Rajoy que tenga en cuenta las opiniones de los sectores afectados y se evalúen los costes adicionales que sobre el recibo del gas pueda tener el desmantelamiento de la planta.

El PP también instaba al Gobierno a estudiar acciones para exigir responsabilidades derivadas de la tramitación, adjudicación, autorización de la concesión de explotación y almacenamiento subterráneo de gas natural en la planta Castor; asimismo se dirigía a Fiscalía para que investigue la comisión de algún tipo de indicio penal por parte de responsables públicos que aprobaron la clausula que obligó al Tribunal Supremo a motivar una sentencia que obliga a indemnizar a la empresa. Esta enmienda será presentada en pleno como proposición no de ley por parte de los populares.

Josep Maria Pañella calificó de «rebajas» las enmiendas que presentó el PP. «Primero reclamemos y luego paguemos porque la empresa puede desaparecer» y «no vamos a permitir cambios en la proposición no de ley», remarcó. Asimismo, criticó que la intención de los populares es que «se investigue al PSOE», cuando Compromís «quiere que se investigue la gestión de los socialistas pero también la del PP».

Por su parte, la diputada socialista Ana Besalduch, defendió el apoyo a esta iniciativa de su grupo. En su intervención declaró que no iba a «obviar las decisiones del Gobierno socialista» relativas al almacén, pero criticó que los populares «olvidan» que Castor es un proyecto «que nació en 1996 y que fue Soria el que dio licencia de actividad«. Besalduch se mostró de acuerdo con la elaboración de una auditoría del proceso de elaboración y adjudicación del proyecto. «No tenemos miedo. Si alguien ha cometido una negligencia, que pague», remarcó.