Argentina aprueba definitivamente su nueva Ley de Hidrocarburos

Según el Ejecutivo, la nueva ley, que sustituye a otra de 1967, busca favorecer la inversión en exploración y explotación, algo que Argentina necesita con urgencia para paliar sus problemas de abastecimiento y de manera intensiva, ya que el desarrollo de la gran formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta requerirá de cuantiosos fondos. En ese sentido, el proyecto de ley comenzó a debatirse informalmente en mayo pasado, con el impulso de la petrolera estatal YPF, pero la iniciativa no fue remitida al legislativo hasta el pasado septiembre, tras un periodo de duras negociaciones con los gobernadores de las diez provincias petroleras de Argentina.

En el debate, el presidente de la comisión de Energía de la Cámara de Diputados, el oficialista Mario Metaza, aseguró que la iniciativa «establece pautas de desarrollo que fomenten la inversión para la exploración y explotación de hidrocarburos convencionales, no convencionales y offshore«. Para fomentar la inversión, la nueva Ley de Hidrocarburos incluye cambios que limitan el poder de las provincias petroleras de Argentina, las que, según la Constitución del país, son las dueñas de los hidrocarburos cuya exploración y explotación se otorga en concesión.

La oposición cuestionó la nueva Ley por considerar que está hecho a la medida de YPF y perjudica a los intereses de las provincias y del país. Para el diputado peronista disidente del Frente Renovador, Alberto Roberti, la norma es un «maquillaje y traje a medida para disfrazar» las carencias del planteamiento energético del Gobierno que además «invade las competencias de las provincias«. «Con esta ley estamos dejando pasar la oportunidad de poder concertar una política de Estado en materia energética que permita recuperar el autoabastecimiento perdido en esta década», afirmó el diputado socialista Hermes Binner, para quien la norma «debería ser objeto de consenso«.

El proyecto unifica los distintos modelos de pliegos de licitación de áreas petroleras que aplican las provincias y establece que el concesionario de explotación pagará a la correspondiente provincia un 12% mensualmente en concepto de regalía. Por cada prórroga otorgada, las provincias podrán incrementar en un 3% la regalía, pero con un tope del 18%. Además, pone límites al sistema de «acarreo», por el que las provincias participaban de los proyectos aportando sólo su título de propiedad sobre los recursos, mientras que los inversores privados tenían que aportar todo el capital. Con la nueva ley, las empresas públicas petroleras de las provincias sólo podrán participar en proporción a su inversión.

Por otra parte, la Ley de Hidrocarburos fija nuevos plazos para las concesiones, ampliados y diferenciados según el tipo de explotación: 25 años para los yacimientos convencionales, 35 para los no convencionales y 30 para los desarrollos offshore . Las provincias podrán otorgar prórrogas cada 10 años a las empresas que cumplan con las inversiones pautadas. Con la anterior ley vigente, regía un plazo de concesión de 25 años, con una única prórroga por 10 años.