UNEF y Anpier lamentan que Rajoy «criminalice» la fotovoltaica y le retaron a que demuestre que tuvieron rentabilidades de más del 20%

«Están en su libertad como políticos, pero no pueden presentarlo así a la opinión pública ni criminalizar a la fotovoltaica o decir que no tenían alternativas«, indicó Donoso.

«Los inversores en fotovoltaica no son ni más ni menos especuladores que cualquier otro agente que crea que hay seguridad jurídica», señaló el director general de UNEF, al valorar el discurso en el que Rajoy aludió a la «burbuja fotovoltaica» como causa del déficit de tarifa.

Para la asociación, «o el Gobierno no tiene números o los oculta para desinformar a la opinión pública», ya que «el déficit de tarifa no lo ha producido la fotovoltaica ni el conjunto del régimen especial».

Según las cifras ofrecidas por Donoso, el anteriormente conocido como régimen especial, que engloba renovables y cogeneración, «apenas llega al 20%» del déficit de tarifa generado desde 2000, frente al 42% motivado por «decisiones políticas» y un 28% fruto de las desviaciones de precios del «pool» especialmente entre 2006 y 2008, cuando se produjo el fuerte encarecimiento de los hidrocarburos.

Dentro de las decisiones «políticas» que contribuyeron a generar el déficit de tarifa «está la de dedicar el año pasado el dinero del déficit de tarifa a reducir el déficit público», adoptada por el propio Gobierno de Rajoy, argumentó.

También entran dentro de esta categoría otras «decisiones de gobiernos populares o socialistas» destinadas a «contentar a la opinión pública o contener la inflación» mediante la fijación de unas tarifas eléctricas por debajo de los costes reales, señaló.

Ante estas circunstancias, el discurso del presidente del Gobierno «no se corresponde con la realidad» e «intenta presentar la idea de que no había alternativa al recorte a la fotovoltaica, lo que no es verdad, ya que no ha habido un esfuerzo repartido de forma homogénea entre todos», afirmó.

Por otro lado, Donoso señaló que, en contra del mensaje de que las plantas tenían rentabilidades del 20%, las tasas de retorno de las instalaciones eran del 6,5% antes de la «contrarreforma» energética.

El problema actual es que «el equity de los proyectos vale cero» y que «no se sabe si se va a poder pagar la deuda». Se abre ahora «un proceso largo» de negociación con los bancos, añadió.

En este sentido, la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) pidió a Rajoy que le ofrezca «la posibilidad de probar que el presidente ha recibido y difundido en sede parlamentaria una información absolutamente sesgada«.

Con las rentabilidades a las que aludió Rajoy, «las instalaciones ya estarían amortizadas», ya que la mayoría se construyeron en 2008, señaló la asociación.

Lejos de esta circunstancia, Anpier aseguró que las instalaciones adeudan 18.000 millones de los 20.000 millones de euros financiados por las entidades bancarias, «que no han ocultado su preocupación».

«Rentabilidades de esa magnitud sólo podrían haberse alcanzado por alguna instalación eólica aislada y con una ubicación y condiciones muy excepcionales y en manos de una gran empresa que hubiera asumido todos los eslabones precisos para su fabricación, instalación, puesta en marcha, mantenimiento e incluso financiación», afirmó la asociación.