La UE supera sus diferencias, logra cerrar un acuerdo «ambicioso» para reducir los gases de CO2 y fija una meta voluntaria de interconexiones

La tradicional oposición de Polonia complicó el acuerdo sobre los objetivos de recortes de emisiones de gases de efecto invernadero, punto en el que Varsovia finalmente accedió a aceptar una disminución del 40% respecto a los niveles de 1990 a cambio de financiación europea para modernizarse y de extender el reparto de créditos gratuitos de emisión más allá de 2020.

Los Veintiocho también acordaron que las renovables representen «al menos» un 27% de la energía que se utilice en la Unión en 2030, una meta que finalmente será de obligado cumplimiento a escala europea, pese a la resistencia presentada por el Reino Unido, entre otros.

El cumplimiento del objetivo se evaluará haciendo una media a nivel europeo, de manera que unos podrán compensar a otros, en lugar de imponer metas nacionales tal y como se hace hasta el momento.

Por otro lado, los líderes pactaron establecer un objetivo «indicativo» del 27% de ahorro de energía respecto a 2007, que se revisará en 2020 con vistas a ampliarlo hasta el 30%, de nuevo salvando la resistencia de Londres, que consideraba que éste debería haber sido descartado, según fuentes europeas.

En materia de interconexiones eléctricas, una cuestión que preocupaba sobre todo a España y Portugal que son una «isla energética», la Unión Europea dijo aspirar a que en 2030 los Estados miembros puedan exportar a sus países vecinos un 15% de la energía que producen, un objetivo que mantendrá el carácter voluntario que ahora tiene la meta para 2020, del 10%.

«Detrás de los objetivos indicativos, hay proyectos concretos que definiremos», señaló al término del encuentro, el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, que destacó que la Comisión Europea tendrá ahora que supervisar el avance de los proyectos e informar al Consejo de manera regular.

El Gobierno español consideró «suficiente» este compromiso, mientras que Portugal, que mantenía una posición más dura, también ha acabado aceptando el principio de acuerdo, según las fuentes consultadas. Para España, lo más importante es que se reconozca el problema de sobrecostes eléctricos que supone ser una «isla energética» y que por primera vez la cuestión de las interconexiones deja de ser bilateral (por ejemplo, con Francia) ya que se involucra a la Comisión Europea, que actuará como árbitro en caso de conflictos.

Así, si las autoridades francesas tumban algún proyecto de interconexión presentado por Madrid, España podrá buscar la mediación de Bruselas. Además, el Ejecutivo comunitario planteará la cuestión de forma regular ante el Consejo para verificar que se cumplen los compromisos.

España cuenta de momento con dos infraestructuras ya incluidas en la lista de proyectos de interés común de la Unión Europea, pero aspira a que se reconozcan otras tres para poder lograr los objetivos para 2020 y 2030, según indicaron fuentes del Gobierno español.

Los trabajos de la interconexión eléctrica de alta tensión entre la localidad española de Santa-Llogaiga y la francesa de Baixàs a través de los Pirineos es la única de las dos que ya están proyectadas que ya está en construcción, mientras que la otra entre el Golfo de Vizcaya y Aquitania (Francia) está aún en una fase de evaluación de su viabilidad.

En la actualidad España tiene un nivel de interconexión del 2,4% que se elevaría a cerca de el doble una vez que en 2015 concluya el primer proyecto ya planeado. No obstante, si se desbloquean y se completan los cinco proyectos aumentarían el nivel de interconexión hasta casi el 10% y eliminarían completamente los sobrecostes de aislamiento del sistema, según fuentes diplomáticas españolas.

«Queremos hasta 2020 lograr el 10% y vamos a esforzarnos para llegar al 15% y para eso habrá que mirar aparte de posibilidades de financiación privada, qué posibilidades hay a nivel de Unión Europea para crear esa interconectividad», señaló por su parte la canciller alemana, Angela Merkel, quien subrayó que esta medida afecta sobre todo a la Península Ibérica y a los países bálticos.

El presidente de Francia, François Hollande, dijo que «muchos de los fondos» del plan de inversiones de hasta 300.000 millones de euros anunciado por el presidente electo de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, se destinarán a energía y a interconexiones eléctricas.

«Del plan Juncker, muchos (fondos) serán consagrados a ahorrar en energía, a buscar nuevas energías y también para las interconexiones», afirmó Hollande, que reconoció que es una cuestión «importante» para países como España y Portugal, que también implica a Francia.

«No se trata de dejar a España y Portugal en una situación de aislamiento, pero también hay que respetar las reglas de medioambiente a la hora de transportar la energía», afirmó Hollande en referencia a las interconexiones a través de los Pirineos y aseguró que Francia mantendrá «más reuniones» con España y Portugal para abordar la cuestión.

Por su parte, el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, que al igual que Van Rompuy participan en su último Consejo Europeo antes de que se produzca su relevo en las dos instituciones que dirigen, subrayó que «la aprobación de este objetivo tan ambicioso ha sido por unanimidad».

Organizaciones ecologistas como Greenpeace, Oxfam o Friends of the Earth Europe señalaron que los objetivos que han fijado los Veintiocho son «muy bajos», «insuficientes» y «están muy por debajo de lo que se necesita y de lo que Europa podría hacer para combatir el cambio climático».

Greenpeace lamentó que los dirigentes europeos pongan «freno» a las energías limpias y que los objetivos alcanzados son «poco ambiciosos, desaceleran los esfuerzos para impulsar la energía renovable y mantienen a Europa dependiente de los combustibles fósiles».

«La lucha global contra el cambio climático necesita un cambio radical, pero lo que la Unión Europea está ofreciendo es un mero parche», declaró la responsable de la Campaña de Energía de Greenpeace, Marina Bevacqua, quien afirmó que los gobiernos están poniendo el freno al sector renovable al mantener la dependencia europea de los combustibles fósiles.

Esta propuesta de paquete climático para 2030 contrasta con el más ambicioso que la Unión Europea adoptó para 2020, que incluía dos objetivos obligatorios del 20% para recorte de CO2 y renovables y otro voluntario, también del 20%, para reducir el consumo energético.