El Gobierno de Canarias interpondrá recurso de amparo constitucional contra el aval del Tribunal Supremo a las prospecciones petrolíferas

Esta decisión se adoptó después de considerar que los argumentos expuestos en el planteamiento del incidente de nulidad de actuaciones «ponen de manifiesto una posible vulneración» del artículo 24 de la Constitución «por infracción del derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho a un proceso con todas las garantías, habiendo causado indefensión«. En este sentido, el Ejecutivo autonómico canario considera que, según el artículo 44 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que señala las violaciones de derecho y libertades susceptibles de amparo constitucional por un acto u omisión de un órgano judicial, «podrá haber lugar a este recurso».

En cuanto a los «vicios de nulidad» que ahora se recurren ante el Constitucional figura que se debió plantear se debió plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para verificar que el permiso otorgado a Repsol no vulnera las directivas que se citan en la demanda y que debían ser interpretadas. Además, denuncian la «incongruencia de la sentencia y falta de motivación por no responder a las alegaciones formuladas» así como otras «infracciones» de la legislación como que la sentencia «fue redactada por el magistrado ponente, a pesar de haber formulado éste voto particular».

Trato «colonial» al archipiélago canario

Sobre las prospecciones también se pronunció el presidente autonómico de Canarias, Paulino Rivero, que interpretó el rechazo del Gobierno central a unos sondeos en Málaga por una Declaración de Impacto Ambiental (DEA) negativa, mientras se mantienen las de Repsol en aguas próximas al archipiélago canario, como muestra de «este trato colonial, humillante, vejatorio, abusivo» del Gobierno hacia su comunidad, y pidió a sus paisanos una reacción «contundente». En este sentido, Rivero comentó que decisiones como la de Málaga se toman «por razones de tipo político», porque allí gobierna el PP, igual que en Baleares, lo que motiva a su juicio las declaraciones de impacto negativo que desaconsejan las prospecciones allí.

Como, a su juicio, «las condiciones ambientales en el archipiélago canario son mucho más importantes que las que puedan tener estos dos destinos, el sentimiento es de absoluta indignación, de maltrato, de desconsideración y de falta de respeto; confirman el trato absolutamente colonial por parte del Gobierno del Partido Popular«. El presidente señaló que «la voz de los canarios será escuchada, tiene que ser escuchada, para mostrar nuestro rechazo a estas decisiones caciquiles que se están tomando en contra, exclusivamente, de los intereses de Canarias».

Paulino Rivero recordó que «está ocurriendo lo que había advertido: declaración de impacto negativo para resolver el problema que tenían con Málaga y declaración de impacto negativo que están cocinando para resolver el problema político que tienen en Baleares«. «Tramposamente», concluyó, «conceden autorizaciones para dos puntos que no tienen nada que ver con el turismo, nada que ver con el medio ambiente, como son Cantabria y Tarragona, y siguen para adelante con las prospecciones en Canarias». En su opinión, el PP «debe explicar a los canarios por qué defiende en las islas lo que rechaza en Andalucía, Valencia o Baleares».