El Gobierno solicita un dictamen «urgente» al Consejo de Estado ante la consulta canaria respecto a las prospecciones petrolíferas

El Consejo de Ministros aprobó dos acuerdos por los que se solicita al Consejo de Estado su dictamen, antes del 24 de octubre, respecto a las propuestas de impugnación ante el Tribunal Constitucional de dos decretos de Canarias: el decreto del 25 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de las consultas a la ciudadanía en asuntos de interés general de competencia de la Comunidad Autónoma; y el decreto de 2 de octubre, del presidente del Gobierno de Canarias, por el que se convoca consulta ciudadana para el 23 de noviembre mediante la pregunta directa: «¿Cree usted que Canarias debe cambiar su modelo medioambiental y turístico por las prospecciones de gas o petróleo?».

Ambas propuestas de impugnación se plantean invocando la Constitución Española y también la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, a fin de que se produzca «la suspensión de los preceptos que se recurren y las restantes actuaciones de preparación para la convocatoria, así como de cualquier actuación vinculada a la consulta». Según el Ejecutivo, las calificadas como consultas ciudadanas mediante pregunta directa «constituyen materialmente un auténtico referéndum«, al contemplar una consulta al cuerpo electoral «a través de un verdadero procedimiento electoral». Por ello, insisten en que la potestad de regulación y autorización de referéndums corresponde «exclusivamente al Estado, de acuerdo con la Constitución». El Ejecutivo recuerda, además, que esta regulación es recogida en las leyes orgánicas sobre referéndum y régimen electoral.

Sobre la impugnación del decreto del presidente canario que convoca la consulta ciudadana mediante pregunta directa ( «¿Cree usted que Canarias debe cambiar su modelo medioambiental y turístico por las prospecciones de gas o petróleo?»), demanda según el Gobierno, una respuesta, sí o no, a esa pregunta y fija también el día 23 de noviembre de 2014 para su realización. El Gobierno fundamenta su impugnación en que la Comunidad Autónoma de Canarias «carece de competencia para convocar un auténtico referéndum«.

Por otra parte, en cuanto a la pregunta realizada, el Ejecutivo central apunta que debe tenerse en cuenta que la competencia en materia energética corresponde al Estado en virtud de las reglas 13ª y 25ª del artículo 149.1 de la Constitución, «sin que la competencia de Canarias sobre régimen energético alcance el mar territorial». Cita en este punto una sentencia del Tribunal Constitucional de 2013. Recalca asimismo que, como también ha puesto de manifiesto el Tribunal Constitucional, «en ningún caso podría la Comunidad Autónoma convocar una consulta sobre materias que no son de su competencia«.

«Tapar la boca» a Canarias

El comisionado del Gobierno de Canarias para el Desarrollo del Autogobierno y las Reformas Institucionales, Fernando Ríos, acusó al Ejecutivo de Mariano Rajoy de intentar «tapar la boca» a los ciudadanos del archipiélago, tras la decisión del Consejo de Ministros de solicitar un dictamen urgente al Consejo de Estado sobre los decretos de Canarias en relación a la consulta petrolífera. Para Ríos «revela un talante profundamente antidemocrático» al considerar que «no se centra en cuestionar aspectos concretos de la pregunta, sino que se recurre la misma convocatoria de consulta«, prevista para el 23 de noviembre.

«Lo que pretende el Gobierno de España es tapar la boca a los canarios y, ante esa actitud, debe saber que los ciudadanos de todas las islas defenderán su derecho a opinar sobre su futuro», subrayó Fernando Ríos, que añadió que el PP «quiere evitar todo» tipo de consultas, «independientemente de su adecuación» a las competencias autonómicas, ya que «tomó la decisión política de recurrir porque no quiere que se realice la consulta«, buscando a partir de ahí «excusas jurídicas para enmascarar esa decisión política».

Por ello, Ríos entiende que «no sólo recurre la pregunta sino también los decretos que regulan la consulta». En este sentido, recordó que tanto el marco normativo de la consulta como la pregunta directa que se formula a la ciudadanía «son plenamente constitucionales». Así, afirmó que la consulta «es un instrumento de democracia participativa que tiene amparo en la Ley canaria 5/2010 de Participación Ciudadana, plenamente válida y eficaz y que no ha sido cuestionado nunca» por el Gobierno central.

«La consulta no supone un referéndum encubierto porque no se llama al cuerpo electoral ni al censo, ni se gestiona por la Administración electoral ni está asegurado con garantías jurisdiccionales específicas. Además los ciudadanos pueden expresar su opinión por medios telemáticos y no solo de forma presencial, pudiéndolo hacer de forma prolongada en el tiempo», recordó Fernando Ríos. En cuanto a la pregunta, apuntó que ésta «no es inconstitucional porque no recaba la opinión de la ciudadanía» respecto a las prospecciones autorizadas por el Estado sino al modelo medioambiental y turístico, «competencias propias exclusivas de la Comunidad Autónoma de Canarias«.

Por ello, Ríos está convencido de que el Tribunal Constitucional confirmará el «pleno ajuste» constitucional de la consulta y pregunta, por lo que cree que «levantará la suspensión automática derivada de la impugnación estatal: Los argumentos del Gobierno carecen de base jurídica, suponiendo nada más que una decisión política que persigue evitar que se consulte a los canarios, impidiéndoles que se pronuncien sobre su futuro».

Finalmente, incidió en que el Gobierno de Canarias «seguirá trabajando como hasta ahora para evitar» las prospecciones petrolíferas en aguas cercanas a Canarias, subrayando que la vía judicial sigue abierta con la interposición de medidas en contra de la desestimación del requerimiento formulado contra la resolución de Gobierno que autorizó las prospecciones a Repsol, una iniciativa del Ejecutivo regional que incluye la petición de suspensión cautelar de la citada resolución.