El Gobierno de Cataluña estudia si se puede impugnar el acuerdo para indemnizar a Escal por el Castor

El Gobierno aceptó en un real decreto-ley la renuncia a la concesión del almacén de gas Castor de Escal UGS, participada por ACS en un 66,67%, y fijó una indemnización para la compañía de 1.350,7 millones, cantidad que se cargará al recibo del gas durante 30 años. En este sentido, Puig indicó que la Generalitat estudiará las posibilidades que tiene el acuerdo de ser impugnado porque el gobierno catalán no está de acuerdo con que las «cosas mal hechas que se hacen desde el Estado, las acaben pagando los consumidores y los industriales de Cataluña, y en definitiva, los ciudadanos«.

Felip Puig aseguró que, en estos momentos, «ya no sólo se tambalean las estructuras constitucionales de España» y añadió que cuando se habla de Castor «estamos hablando de un nuevo desmoronamiento de infraestructuras» del Estado que «no sabe construir» y que, además, repercute en el bolsillo de los ciudadanos. Para el consejero, las diferentes reformas que está impulsando el Gobierno central acaban repercutiendo siempre en «el más débil, el ciudadano, el empresario y el trabajador» y consideró que la reforma eléctrica «nos ha traído la energía más cara de Europa«.

Críticas del Síndic de Greuges

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, promoverá acciones de impugnación contra el real decreto-ley, aprobado por el Gobierno, con el que se concede una indemnización de 1.350,7 millones a la compañía promotora del almacén Castor. El defensor del pueblo catalán confirmó que en las próximas semanas se reunirá con entidades de defensa de los derechos de los consumidores, colegios profesionales afectados, abogados e ingenieros, y así como movimientos vecinales para estudiar acciones legales contra una decisión que calificó de «indignante«.

El Síndic de Greuges analizará si han existido irregularidades en la adjudicación de la plataforma por parte de los gobiernos de Mariano Rajoy y José Luis Rodríguez Zapatero, así como la afectación medioambiental que han padecido algunas zonas de la costa tarraconense. Asimismo, Ribó denunció la decisión de que la indemnización se cargue al recibo del gas durante 30 años y se comprometió a animar a los defensores del pueblo de todas las comunidades autónomas para que se sumen a la ofensiva para estudiar acciones legales contra un decreto «aberrante».

Entre los argumentos que contempla el Síndic para defender la ilegalidad del decreto-ley es la desestimación del Tribunal Supremo del recurso que el Ejecutivo presentó el año pasado, ante la previsión de indemnizaciones a Escal UGS, la concesionaria del almacenamiento gasístico Castor. El alto tribunal consideró entonces que el precepto recurrido «se adecuaba al completo a la legalidad» y no chocaba con la Ley del Sector de Hidrocarburos, como sostenía la Administración, y recordó que su mantenimiento no excluye la posibilidad de que la compañía se quedara sin compensación en caso de «dolo o negligencia«.

Es en este último punto en el que el Síndic considera que las indemnizaciones a la concesionaria podrían no estar justificadas, ya que la actividad de la plataforma gasista provocó seísmos que, según Ribó, afectaron a «la vida de miles de personas». En este sentido, el Síndic explicó que en septiembre recibió más de 500 quejas por parte de la Plataforma en Defensa de las Tierras del Sénia, en las que expresaban su rechazo al proyecto y exigían responsabilidades a las administraciones. «Ha existido una manifiesta mala gestión del Gobierno central en Castor. Es aberrante que el pago de las consecuencias del cierre recaiga en todos los consumidores», aseveró Ribó.

Por ello, también se analizará si la concesión para la explotación de la plataforma gasista se hizo «sin incorporar ningún estudio de impacto medioambiental» previo, una decisión que, si se confirma, transgrede la normativa europea. Además, Ribó denunció al Gobierno, así como a los responsables de la plataforma, por ignorar un dictamen del Observatorio del Ebro en el que se advertía del riesgo de seísmos en el caso de que se iniciaran prospecciones gasistas en la zona. El Síndic recordó que continúan en marcha los estudios para evaluar los riesgos y las consecuencias de los seísmos que se produjeron en la zona, así como también las posibles indemnizaciones, en el caso de que se aprueben.

Por último, criticó la escasa capacidad de liderazgo de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, la única con competencias ante el Ministerio de Industria, mientras que urgió a su homóloga europea, Emily O’Reilly, que tenga en cuenta acciones judiciales contra el proyecto a partir del material que tiene a su disposición. El Síndic empezará a organizar una reunión con los actores sociales perjudicados por la decisión del Gobierno con el objetivo de estudiar un posible recurso contra el real decreto-ley.

En septiembre de 2013, durante la fase de inyección de gas colchón en Castor, se produjeron terremotos que alcanzaron un valor máximo de 4,2 grados en la escala de Richter en la zona de la costa mediterránea. El Ejecutivo central paralizó las operaciones y encargó estudios al Instituto Geológico y Minero y al Geográfico Nacional, así como a otras entidades internacionales, que concluyeron que había relación entre los seísmos y la actividad en el almacén.

Compromís también estudia la impugnación

Compromís ha encargado estudios jurídicos para impugnar los actos administrativos que conducen al rescate de la concesión de la planta de gas Castor, con el fin de depurar «responsabilidades económicas y políticas». El diputado autonómico de Compromís, Josep Maria Pañella, aseguró que su grupo no consentirá que los usuarios «paguen 1.350 millones de euros más los intereses» por «una clara negligencia». «Es y será una estafa que se cobre a los usuarios de gas por un servicio que no se les prestará, el almacenaje o transporte de gas o por una instalación construida que no tiene licencia de actividad», aseveró.

Además, indicó hay que tener en cuenta el daño medioambiental producido, y el social, «después de más de 500 seísmos ante Vinaroz». Según subrayó, el Gobierno deberá explicar por qué la administración pudo dar permiso para esa instalación «sin los pertinentes informes geológicos y sísmicos». También se preguntó por el coste del desmantelamiento de la planta y su temporalidad, ya que no debería quedarse como «un monumento a la corrupción financiera para justificar la estafa«.

Equo también critica al Gobierno

Equo calificó de «tomadura de pelo insoportable» la indemnización de 1.350 millones de euros que el Consejo de Ministros aprobó para la empresa ACS por la paralización del Castor. Este partido asevera que es «inaceptable» que nuevamente los ciudadanos acaben pagando los errores de una gran empresa, y recuerda que este caso se suma al rescate de la banca y de las autopistas de peajes.

En esta línea, Equo se pregunta cuál será el próximo rescate que las arcas públicas tengan que sufragar con el dinero de todos los ciudadanos, y critica que el proceso de evaluación ambiental no tuviera en cuenta el potencial riesgo sísmico de la instalación. Para Equo, el Castor forma parte de «una apuesta energética errónea» que se basa en los combustibles fósiles, por lo que considera «imprescindible» que España transforme su modelo energético actual hacia otro basado en las energías renovables y la eficiencia energética.

Tendrá efecto «neutro» para Enagás

La agencia de calificación crediticia Fitch considera que el real decreto ley aprobado el viernes por el Gobierno acerca del encaje retributivo del almacenamiento subterráneo Castor tendrá un efecto «neutro» sobre la calificación crediticia de Enagás. El gestor técnico del sistema gasista es el responsable de abonar la compensación de 1.350 millones a los promotores de Castor y de asumir la administración de este complejo. Posteriormente, irá recibiendo una retribución durante treinta años para amortizar el coste de la instalación.

Fitch realiza estas consideraciones tras el anuncio por parte de Enagás de la firma de un acuerdo con un grupo de bancos para la cesión de los derechos de cobro asociados a Castor. Tras esta cesión, en la que se reconoce un retorno a la inversión a través de la tarifa de gas con un coste financiero del 4,3%, el arreglo para Castor «no tendrá impacto sobre el ‘rating’ de Enagás y de su filial Enagás Transporte, que no se expondrá «a riesgos financieros, legales, regulatorios y de otro tipo relacionados con la recuperación de los derechos de cobro», señala. De esta forma, Fitch se suma a la opinión ya expresada por Standard & Poor’s acerca de la inexistencias de efectos significativos de estas medidas sobre el ‘rating’ en Enagás.