CCOO y UGT defienden y promueven el autoconsumo como clave para elevar la competitividad industrial

Autoconsumo y/es libertad es el nombre del manifiesto a favor del autoconsumo que cuenta con el respaldo de los sindicatos. Desde Comisiones Obreras (CCOO), Máximo Blanco consideró que el incremento del precio de la energía en los últimos años ha incrementado el «peligro de deslocalización» de empresas cuyo coste energético representa cerca del 40%. Por ello, reclamó la necesidad de alcanzar un pacto de Estado respecto al modelo energético que tenga dos objetivos: «reducir la dependencia energética y asegurar el suministro a un coste razonable».

En la misma línea, pero más contundente, se pronunció José Mesa, de UGT, que valoró el autoconsumo como un instrumento para conseguir un sistema energético más independiente. Mesa criticó la liberalización realizada en el sector eléctrico, que considera que ha acabado en un «fracaso» que hace que la inversión sea «nula» en infraestructuras energéticas y que ha llevado a una pérdida de control del Estado sobre el sistema eléctrico en favor de inversores extranjeros, entre los que citó a la italiana Enel (máxima accionista de Endesa) o la alemana E.ON. A su juicio, este proceso ha desembocado en «precios pactados» entre las compañías y, con las medidas puestas en marcha por el Gobierno, que sea «impensable» hablar de eficiencia con el aumento del peso del término fijo en la factura.

Por parte de la Plataforma para el Impulso de la Generación Distribuida y el Autoconsumo Energético, Pedro Gil señaló que el borrador del decreto de autoconsumo supondría únicamente el aprovechamiento de un 25% para los hogares y de un 50% para las empresas de la energía producida, «lo que hace inviable cualquier inversión«. Gil recordó los informes de las extintas Comisión Nacional de la Competencia y Comisión Nacional de la Energía que indicaron que el autoconsumo «resulta especialmente interesante ante la dependencia energética» y que «el peaje de respaldo supone un trato discriminatorio que hará inviable al autoconsumo». Afirmaciones que no espera del nuevo regulador, la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC), del que cuestionó la independencia de su presidente José María Marín Quemada.

Pedro Gil también expuso que desde el Ministerio de Industria, Energía y Turismo no se quiere favorecer el autoconsumo «porque hay mucha capacidad de generación de energía en España». En este sentido, se preguntó si los ciudadanos tendrán que pagar, a costa de una regulación que impide el autoconsumo, «los errores de inversión de las empresas privadas que han llevado a que haya un exceso de potencia instalada en España«. Desde la plataforma también se informó que el PSOE llevará el manifiesto para su votación en todos los parlamentos autonómicos.

Una de las organizaciones adheridas al manifiesto es UNEF (Unión Española Fotovoltaica). Su vicepresidente Luis Torres destacó que la tecnología fotovoltaica ha reducido sus costes un 60% en los últimos años, por lo que añadió que «ya es competitiva» si se genera en el punto de consumo. «Pero ser competitiva no vale de nada si no contamos con la legislación apropiada», lamentó Torres, que criticó al Gobierno y al peaje de respaldo indicando que España será «el único país que ponga un impuesto al Sol«.

El manifiesto Autoconsumo y/es libertad cuenta ya con el apoyo de más de 200 organizaciones como empresas, asociaciones civiles y partidos políticos como PSOE, PSC, IU, ERC, Equo, Ciudadanos, ICV, PSN y Podemos, según informaron los promotores, que consideran que generaría 135.779 empleos y, en solo tres años, más de 1.200 millones de euros de negocio agregado, casi 300 millones de euros de retornos al Estado y cerca de 100 millones de euros de ahorro en la importación de combustibles fósiles. En este sentido, los firmantes reclamaron una regulación en línea con la que están haciendo otros países europeos como Alemania, Holanda o Reino Unido, favoreciendo el desarrollo del autoconsumo.

Los firmantes del manifiesto advierten de que el borrador de real decreto que regulará el autoconsumo contempla un peaje «extra» a los autoconsumidores de energías renovables, que sería «similar a penalizar a los usuarios que optan por encender la chimenea en lugar de la calefacción o utilizar bombillas de bajo consumo para reducir la factura eléctrica». Para obligar al pago de este recargo, denominado «peaje de respaldo», la normativa establece multas de hasta 60 millones de euros para aquellos que no registren una instalación de autoconsumo, «el doble previsto por, por ejemplo, liberar materiales radioactivos y no avisar de ello».

Además, consideran que las intenciones declaradas del Gobierno de ir aumentando el término fijo de la factura eléctrica hacia la ‘tarifa plana’ «son contrarias a la eficiencia energética y el ahorro que el consumidor puede generar, con el autoconsumo, entre otras medidas». En este sentido, Pedro Gil añadió que esta propósito gubernamental es contrario a las directivas europeas y hace que «no valga» ninguna medida para ahorrar en consumo energético. Por ello, cargó contra la regulación del Gobierno que impedirá utilizar instrumentos de almacenaje de la energía producida y consideró que se «interviene» la libertad de los ciudadanos y empresas.