Facua alerta de que el recibo de la luz subió un 19,2% desde el mes de enero

En cuanto a la subida interanual, con la tarifa media de septiembre, el usuario medio paga un 7,8% más que en el mismo mes de 2013, de forma que «hoy las tarifas ya son mucho más caras que cuando para su fijación mediaba la subasta eliminada por el Gobierno el pasado enero», según explicó la organización.

Los datos de Facua contrastan con la posición del ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, que aseguró esta semana en el Senado que el precio medio de la electricidad a lo largo de los nueve primeros meses del año bajó un 4,9%.

Por ello, Facua pidió al Gobierno una «intervención contundente» en el sector para que las tarifas se establezcan sobre la base de los costes reales de la generación de cada megavatio hora.

La asociación también reclamó una auditoría histórica del déficit de tarifa y un cambio legal para prohibir la «puerta giratoria mediante la que las eléctricas fichan a expresidentes, exministros y otros altos cargos gubernamentales y los gobiernos incorporan como altos cargos a exconsejeros de estas compañías».

«El Gobierno de Rajoy modificó el pasado enero la regulación de las tarifas eléctricas, lo que supuso la eliminación de la subasta del mercado mayorista Cesur introducida durante la etapa de Zapatero. El ministro Soria, advirtió de que en la última subasta, celebrada en diciembre, se produjo «una clara manipulación» que habría provocado una subida del 11% en las tarifas», recalcó Facua.

De igual forma, la asociación de consumidores criticó que tras la suspensión de la subasta Cesur el nuevo modelo sea «aún peor que el anterior», ya que «da aún más libertad a las eléctricas para subir los precios mediante prácticas oligopolíticas e impide a los usuarios conocer las tarifas que pagaran hasta que reciban la factura».

Evolución de los precios

Según los cálculos de la asociación, con las tarifas vigentes en enero, el usuario medio pagaba 67,62 euros (un 16,0% menos que en enero de 2013), 66,33 euros en febrero y marzo (17,6% menos que en los mismos meses del año anterior), 63,98 euros en abril (14,4% menos que un año atrás), y 71,46 euros en mayo (4,4% menos). En junio 75,31 euros (0,7% más que en junio de 2013), 73,88 euros en julio (2,4% menos), 75,87 euros en agosto (un 1,4% más) y 80,63 euros en septiembre (un 7,8% más que los 74,81 euros de septiembre de 2013).

Los importes indicados para las facturas del usuario medio en los tres primeros meses del año incluyen el descuento aplicado con posterioridad a las tarifas que se habían aprobado de forma provisional.

En los nueve primeros meses del año, el precio medio mensual por cada kilovatio hora (kWh) consumido fue de 13,93 céntimos en enero, 12,76 euros en febrero, 12,76 euros en marzo (tras la refacturación que produjo al descontar 3,03 céntimos a cada kWh consumido durante el primer trimestre),12,12 euros en abril, 14,17 euros en mayo, 15,22 euros en junio, 14,83 euros en julio, 15,37 euros en agosto y 16,67 euros en septiembre.

Subida del término de potencia

En cuanto a las tarifas fijas por cada kilovatio (kW) de potencia contratada, en enero estaba en 3,78 euros, el precio vigente desde agosto de 2013, cuando el Ministerio de Industria, Energía y Turismo aprobó una subida del 62,8% con respecto a los 2,32 euros establecidos desde abril de 2012. En febrero, el Gobierno volvió a subir la tarifa otro 17,9%, situándola en 4,46 euros por kW, de modo que el incremento acumulado del precio del kW en poco más de un año fue del 92,2%.

Denuncia ante la Comisión Europea

El pasado mes de abril, Facua denunció al Gobierno ante la Comisión Europea al considerar que la nueva fórmula para fijar las tarifas eléctricas, el denominado Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) que sustituye a la Tarifa de Último Recurso (TUR), vulnera las directivas comunitarias sobre electricidad, derechos de los consumidores y cláusulas abusivas. La asociación espera «que Bruselas intervenga expedientando a España y se produzca la paralización del caótico modelo tarifario impuesto por el Gobierno».

Igualmente, Facua advirtió de que el establecimiento de tarifas diferentes en función del tipo de contador y de su integración en un sistema de telegestión «que ni siquiera se encuentra aún validado» genera una «clara discriminación» entre los consumidores «a los que se les aplican condiciones diferentes». A ello se suma, según Facua, la «falta de transparencia» sobre los precios, que «no son comunicados a los usuarios antes de su aplicación y resultan difícilmente entendibles para la gran mayoría».

Por otro lado, Facua recogía en su denuncia que la forma de cálculo del precio de la electricidad aprobada por el Gobierno vulnera elementos de carácter básico en materia de protección de los consumidores en la Unión Europea, ya que «las tarifas varían de forma sustancial sin que las comercializadoras les remitan información al respecto con anterioridad».