Greenpeace presenta un recurso de alzada ante Industria en contra de la autorización de las prospecciones petrolíferas en aguas de Canarias

Las principales razones que expone Greenpeace en el recurso se centran en que consideran que hay «defectos formales» del procedimiento administrativo debido a la «incorrecta apertura» del trámite de información pública por la «falta de transparencia del mismo». Además, denuncian las «deficiencias» en la documentación aportada y la «escasa calidad» técnica de la evaluación de impacto ambiental realizada. Por ello, la organización ecologista considera que «se han minimizado» los impactos que van a tener las prospecciones petrolíferas sobre la fauna y los ecosistemas marinos, así como las «graves» consecuencias de un vertido de petróleo y también los impactos sobre sectores como la pesca o el turismo, cuyas actividades «dependen en gran medida» de la calidad de las aguas y playas.

Greenpeace agrega que «tampoco se han considerado adecuadamente» cuestiones básicas como el abastecimiento de agua potable para la población de las islas orientales que, según recuerdan, «depende casi en exclusiva de la desalinización del agua del mar». Finalmente, el responsable de campaña de Greenpeace, Julio Barea, aseguró que Industria «favorece y facilitar la actividad económica de una empresa, Repsol, sin escuchar ni considerar los datos científicos aportados por decenas de organizaciones ni por las administraciones de las islas». Barea advirtió de que esta actuación «antidemocrática del Gobierno será contestada por la sociedad civil con todas las herramientas jurídicas y de movilización social que estén al alcance para frenar las prospecciones».