Industria estudia la indemnización de Castor mientras el PSOE llama a agotar la vía jurídica para evitarla

Industria aún no ha decidido cómo se va «a articular esta fórmula», así como quién sufragará la indemnización y cómo se efectuará, apuntó Soria sin dar más detalles sobre el modelo al que se recurrirá. Soria recuerda que, tal y como está establecido en la normativa, el Estado aceptará la renuncia a la concesión del almacenamiento de gas Castor, una decisión que irá acompañada del importe de la indemnización que le corresponde a la empresa concesionaria del almacén, Escal UGS.

El real decreto de autorización del almacenamiento, cuya actividad se encuentra suspendida desde septiembre del pasado año tras registrarse seísmos en la zona, prevé que la concesionaria pueda renunciar en cualquier momento de la vida útil de la planta, algo que ocurrió el pasado 18 de julio. «El Ministerio, de acuerdo al real decreto, tiene que concederla, porque esto es un derecho que tiene la concesionaria que en cualquier momento puede devolver la instalación o entregarla al Estado, que la tiene que aceptar», explicó. Una aceptación que irá «necesariamente» acompañada de la definición de la compensación que le corresponda, porque así lo fija la normativa.

El real decreto prevé que la concesionaria «perciba el valor residual de la inversión, que es el valor auditado menos lo que en concepto de retribución se le ha adelantado hasta ahora«, explica el ministro de Industria, que de momento no cuantifica la indemnización. Con respecto al futuro de la plataforma, José Manuel Soria puntualiza que se trata de «una decisión distinta» y evita pronunciarse de momento ya que «no estamos en ese momento procesal».

Vía jurídica antes de pagar

El secretario general del PSOE en la Comunidad Valenciana y miembro de la Ejecutiva federal del PSOE, Ximo Puig, considera que el Gobierno debe explorar todas las medidas jurídicas que sean necesarias para evitar que los ciudadanos puedan terminar pagando la indemnización de 1.700 millones de euros, cifras en las que Soria valoró el proyecto, a ACS por el valor residual de la inversión efectuada en el almacén Castor, actualmente paralizado. «Yo creo que hay que explorar todas las medidas jurídicas. Hay que trabajar en ello seriamente «, aseguró Puig.

A su juicio, lo que no puede hacer «en ningún caso» la administración española «es bajar los brazos y pagar sin más» y, por ello, insiste en que el problema sobre el que hay que profundizar es saber si la ejecución del proyecto de almacenamiento de gas subterráneo ha sido correcta o no, y «no tanto el proyecto en su conjunto». Este proyecto contó con la luz verde del anterior Gobierno socialista, que fue el que aprobó en 2008 un decreto por el que se otorgaba la concesión de explotación del almacenamiento subterráneo de Castor y además declarándolo urgente, con la consecuente agilización de plazos.

En este sentido, Puig indica que «siempre hay que asumir responsabilidades», aunque incide en que fue un proyecto que se inició con el Ejecutivo de Aznar y pasó a los gobiernos correspondientes. «Eso no quiere decir que no asumamos lo que le corresponda al PSOE. Pero más allá de esa guerra permanente de unos contra otros, que no conduce a nada, habría que trabajar en una estrategia clara de que a los españoles les costara los menores recursos posibles», insistió el diputado. Finalmente, Puig expresó que, si ha habido autoridades que han actuado incorrectamente, se deben asumir las responsabilidades correspondientes.