La reforma energética de México entra en la recta final de su tramitación parlamentaria

En las últimas dos semanas los legisladores mexicanos debatieron de manera intensa en sesiones extraordinarias para aprobar el paquete de iniciativas de ley vinculadas al sector energético y enviadas por el Gobierno, las cuales regularán la reforma constitucional que fue aprobada en diciembre pasado. En este período el Senado mexicano aprobó cuatro dictámenes en los que se emitieron siete nuevas leyes y se modificaron diversos artículos de otras ocho leyes. Por su parte, la Cámara de Diputados dio luz verde con algunas enmiendas a los anteriores documentos enviados por el Senado, discutió dos nuevos dictámenes que crean dos nuevas leyes en materia tributaria sobre ingresos del petróleo y reformó otras cuatro, que deberán ser revisadas y avaladas por el Senado.

El presidente de Senado, Raúl Cervantes Andrade, convocó a los legisladores a una nueva sesión extraordinaria para revisar y, en su caso, aprobar las modificaciones enviadas por la Cámara de Diputados, así como analizar las nuevas leyes y reformas propuestas en los dos últimos dictámenes. Las comisiones encargadas de revisar las dos últimas iniciativas enviadas por la Cámara de Diputados también comenzarán a analizar los documentos durante los próximos días.

La reforma energética que modificó los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución fue promulgada el 20 de diciembre de 2013, luego de ser aprobada por 24 congresos estatales. El 30 de abril, el Ejecutivo envió al congreso el paquete de leyes secundarias para crear nueve leyes nuevas y modificar otras doce, las cuales comenzaron a discutirse en sesiones extraordinarias en ambas cámaras desde el pasado 17 de julio.

Entre las nuevas leyes que regularán la reformada industria de la energía están la Ley de Hidrocarburos que autoriza y regula el ingreso del capital privado nacional y extranjero mediante contratos de servicios, de utilidad o de producción compartida y de licencias. También se crearon la ley de la Industria Eléctrica y la de la Energía Geotérmica, las cuales permiten el ingreso de nuevos actores en las actividades de generación y comercialización de la electricidad.

La Ley de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Ley de la Comisión Federal de Electricidad convierten a Pemex y a la CFE en empresas productivas del Estado y les conceden mayor autonomía de gestión para competir con los gigantes petroleros y empresas eléctricas del mundo. Otras leyes novedosas establecen reglas de seguridad y coordinación con otros organismos estatales para garantizar que se cumplan las metas de desarrollo en temas medioambientales y seguridad industrial. Finalmente, las leyes de Ingresos de Hidrocarburos y del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilidad y el Desarrollo, que aún debe aprobar el Senado, contiene las disposiciones sobre cómo las empresas privadas deberán hacer los pagos al Estado mexicano por la exploración y extracción de hidrocarburos.

La reforma energética está considerada como la propuesta más arriesgada de Peña Nieto debido a que abre la industria petrolera al sector privado, la cual había sido un monopolio en manos del Estado desde hace más de siete décadas. Esta reforma es rechazada por los partidos de izquierda por considerar que representa la entrega de la riqueza energética del país a manos extranjeras y apuesta a la convocatoria de un referendo a mediados de 2015 para revocar el cambio constitucional.

Mexicanos quieren una consulta popular

Los mexicanos tienen una opinión dividida sobre la reforma energética, pero la mayoría considera útil celebrar una consulta popular al respecto, como lo propone la izquierda, según un sondeo divulgado por el diario Reforma. El 40% de los entrevistados considera mala o muy mala la reforma energética promulgada en diciembre de 2013 por el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, mientras que un 34% la califica como buena o muy buena. Al ser interrogados sobre la celebración de una consulta popular en torno a la reforma energética, que abre el sector al capital privado tras siete décadas de monopolio estatal, el 66% se pronunció a favor.

La izquierda, que rechaza la reforma al considerar que supone la entrega de los recursos energéticos del país al capital privado, recolecta desde hace meses firmas para pedir la convocatoria de una consulta en coincidencia con las elecciones legislativas de julio de 2015. Con un peso minoritario en el Parlamento, donde no puede frenar la reforma ni las leyes reglamentarias actualmente en debate, la izquierda centra sus esperanzas en esa consulta para revertir los cambios en el estratégico sector energético.

La encuesta también revela que el 61% de los mexicanos cree que la reforma provocará un aumento de los precios de la luz y los combustibles, el 22% opina que disminuirán, como promete el Gobierno de Peña Nieto, y un 10% estima que seguirán igual. La labor del mandatario también divide a los mexicanos: el 50% de los entrevistados aprueba su gestión, un 2% superior respecto al sondeo de abril pasado, mientras que el 46% la desaprueba, un 2% inferior al dato de abril. El estudio de opinión incluyó entrevistas a 1.020 adultos en sus viviendas, tiene un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 3,1%.