Las empresas eólicas renuncian a construir casi 1.000 MW por la reforma eléctrica del Gobierno

Según un informe de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), el pasado año sólo se instalaron 177 megavatios (MW) eólicos en España, unas plantas que lograron esquivar la moratoria renovable vigente desde enero de 2012 porque estaban inscritas en el prerregistro de asignación, que da derecho a recibir ayudas, antes de que esta se aprobara.

Sin embargo, no todas las plantas inscritas en el prerregistro en el momento en que se aprobó la moratoria se han terminado instalando.

Los titulares de un total de 928 MW renunciaron de forma explícita a desarrollar esta potencia debido a que con la reforma energética «no sólo no salen los números porque los proyectos no alcanzan una rentabilidad razonable con el nuevo sistema retributivo, sino que se genera inseguridad jurídica que frena nuevas inversiones», según el director de Políticas Energéticas de la AEE, Heikki Willstedt.

La inscripción en el prerregistro daba derecho a recibir las primas establecidas en el real decreto 661/2007, una normativa que ha sido sustituida por la reforma energética aprobada en julio de 2013, por la que se garantiza una «rentabilidad razonable» a lo largo de la vida útil de la planta.

De acuerdo a los cálculos del propio Ministerio de Industria, el cambio normativo supondrá reducir la retribución anual del sector eólico en 608 millones de euros anuales.

Esto, en palabras de Willstedt, significa que «la reforma energética dictada por el Gobierno ha eliminado los derechos adquiridos por las instalaciones existentes y les impone un nuevo sistema retributivo».

Al cierre del pasado año quedaban 177 MW inscritos en el prerregistro que ni han sido instalados ni han renunciado «expresamente» a su construcción, por lo que todavía podrían desarrollarse.

La AEE también advirtió de que en España hay unos 9.000 MW eólicos adjudicados en los diferentes concursos autonómicos que fueron «paralizados» con la nueva regulación y para los que, de momento, no hay previsto ningún incentivo.

Willstedt apuntó a un «problema» añadido, ya que «para mantener las autorizaciones administrativas a las que da derecho un concurso, las comunidades autónomas exigen el establecimiento de avales, lo que resulta caro» y llevó a muchas empresas a renunciar a la potencia adjudicada y a «mantener alejados a los inversores» por la «inseguridad jurídica que ha provocado la reforma energética».