Las instituciones cántabras firman en el Parlamento regional su unión para impedir que llegue el fracking

El Gobierno de Ignacio Diego propuso a los municipios su adhesión a una declaración institucional después de que el Tribunal Constitucional tumbara la ley que prohibía el fracking en Cantabria tras estimar un recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno de Mariano Rajoy y los alcaldes de Cantabria respondieron de forma masiva al llamamiento del presidente del Gobierno regional, independientemente de su color político, aunque los del PSOE y del PRC reiteraron sus reproches hacia el PP por el apoyo al fracking de este partido a nivel nacional, así como su poca esperanza en que lo firmado sirva de algo.

Ignacio Diego agradeció a los alcaldes su presencia y destacó que la unión del Gobierno regional y los ayuntamientos «puede ser un instrumento muy útil» para que Cantabria siga siendo territorio libre de fracking, un objetivo que, según indicó, «no responde a ideologías sino al sentimiento de un pueblo que quiere poder elegir con libertad que no quiere una técnica hacia la que siente recelo, temor y una abierta oposición».

A juicio de Ignacio Diego, Cantabria «es la región más inadecuada para la experimentación» con la técnica del fracking. En este sentido, advirtió de los riesgos para la salud y el medio ambiente, las características geológicas y paisajísticas de Cantabria, la proliferación e interconexión de los acuíferos; razones varias que considera que han hecho que los cántabros «levanten la voz» ante una «importante preocupación social» que ha tenido «múltiples manifestaciones».

Diego defendió que su Gobierno ha sido «sensible a este clamor ciudadano» y plasmó la «expresión de la voluntad» del pueblo en una ley aprobada por unanimidad que prohibía el fracking «en cualquier rincón de Cantabria«. También añadió que, aunque la ley «no ha superado el filtro del Tribunal Constitucional», el Gobierno de Cantabria seguirá manteniendo una postura «clara y decidida» contra el fracking como ya evidenció la anulación del permiso regional Arquetu. El presidente subrayó que los ciudadanos reclaman «unidad, por encima de ideologías e intereses partidistas y que actuemos coordinados» para impedir la llegada del fracking a Cantabria.

En representación de los alcaldes socialistas, la regidora de Torrelavega, Lidia Ruiz, opinó que este acto va a servir «de poco o de nada», porque el PP a nivel nacional «tiene muy claro» su apoyo al fracking. De este modo apuntó que si han firmado la declaración es «por responsabilidad», pero «sin mucha esperanza de que esto sirva para algo más allá de una foto para el presidente del Gobierno».

Por su parte, el alcalde de Valderredible, Fernando Fernández, entregó al presidente Diego una carta de los regidores del PRC en la que le recuerdan que las instituciones de Cantabria ya se han pronunciado en contra del fracking en reiteradas ocasiones, y proponen una serie de medidas para que esta nueva declaración «no se convierta en algo inútil o en un mero acto protocolario de marketing», entre ellas recurrir todos los permisos de investigación ya concedidos por el Estado. Además, el PRC insta a los diputados y senadores populares de Cantabria en las Cortes Generales a votar en consonancia con el contenido de esta declaración.

Por parte de los alcaldes del Partido Popular, que son mayoría, el primer edil de Arnuero, José Manuel Igual, destacó que «esto es un asunto suprapolítico, un asunto de región, y así lo han sabido ver los alcaldes». Asimismo, afirmó que «la llamada del presidente ha sido oportuna» y que Cantabria «debe ser un territorio libre de fracking, lo cual no quiere decir que en otros lugares de España decidan libremente no serlo», matizó en alusión a la postura del Partido Popular a nivel nacional.

Se ausentaron 12 de los 102 alcaldes de Cantabria; algunos por motivos laborales, como los de Pesquera y Tudanca, que trasladaron su apoyo a la declaración institucional antifracking, igual que los de Cartes y Guriezo que tenían pleno a esa hora, y el del Valle de Villaverde, que excusó su presencia por motivos personales. También faltaron, aunque en este caso sin mediar comunicación, los alcaldes de Polaciones, Puente Viesgo, Ribamontán al Mar, Bareyo, San Felices de Buelna, San Miguel de Aguayo y Vega de Liébana.